Comunidades rehenes del crimen organizado
Las intensas balaceras recientes entre los residenciales riopedrenses Monte Hatillo, Berwind y Monte Park, tiene que conducir a una ofensiva de investigación, vigilancia policial y acción social que permita a esas comunidades de gente decente, humilde y t
Através de este nuevo episodio en el historial de más 25 años de guerra entre pandillas, que obligó al cierre de la Avenida 65 de la Infantería y de cuatro escuelas y a la autoimposición de un toque de queda entre los vecinos del sector, se revela la magnitud de la batalla que libran las autoridades en un país inundado de drogas y armas.
La espiral de violencia desatada por estos componentes del crimen ha creado literalmente un estado de sitio que ha llevado a los residentes de estas comunidades a aplicarse a ellos mismos un toque de queda. En todo caso, el encierro en sus propios hogares lo afrontan con el temor permanente de que en cualquier momento las balas penetren por las ventanas de sus casas y de los centros escolares, o les tomen por sorpresa en la calle, como le ocurrió a un reportero de radio.
El drama ocurrido esta semana no dejó ni heridos ni muertos, pero sembró el terror en un amplio sector de Río Piedras, y dos policías quedaron atrapados en el fuego cruzado. La desesperación de los agentes, registrada en un audio, y el grito de “nos siguen tirando”, seguido por la instrucción a resguardarse dada por un sargento con la indicación: “Primero son ustedes”, evidencia a lo que se expone cualquier persona atrapada en el área bajo poder de los criminales.
Lo más perturbador es que, según revela la pesquisa policiaca, este intercambio entre peligrosos delincuentes, equipados con armas automáticas de alto poder, fue tan solo una medición de fuerza entre bandas rivales por el control del trasiego de drogas y que las detonaciones siguieron a lo largo de la semana aunque en menor cuantía.
Ante tal despliegue criminal de fuerza, de poco han valido los llamados “acuerdos de paz”. Éstos han venido a ser una decepcionante distribución de poderes, o treguas, que los de- lincuentes rompen cuando quieren y que quizás quieren utilizar sólo para demarcar territorios de la actividad criminal continua, sin que en nada cuente la vida de inocentes.
Es importante por ello respaldar la activación de las fuerzas de vigilancia anunciada por el superintendente José Caldero y el plan de seguridad para el cuadrante donde se ubican los residenciales que contempla reforzar la presencia policiaca con efectivos municipales, divisiones especializadas y FURA, con miras a desarticular estos grupos y atender adecuadamente el derecho de los vecinos a la seguridad.
Pero hay que buscar soluciones más permanentes, socialmente sostenibles. La violencia no solo es hija del narcotráfico, tiene mucho que ver con las frustraciones que provocan las carencias económicas y de recursos emocionales y sociales para enfrentarlas.
También, tiene relación con la agresividad como recurso para dirimir conflictos. Y lo más espeluznante, tiene vínculo directo con la percepción del punto de drogas como alternativa de empleo y riquezas en cualquier comunidad.
No hay duda que a corto plazo habrá que recurrir a más programas policiacos en las comunidades, unidos a actividades culturales, deportivas y educativas promovidas por el Gobierno. No es tarea fácil, pues demanda un esfuerzo genuino -y no publicitario- de unir voluntades entre el Gobierno y los residenciales para hacerles espacio a líderes comunitarios que puedan actuar como agentes de cambio. Estos pasos de unidad derivarían necesariamente en proyectos de apoderamiento ciudadano y autogestión económica, educativa y cultural.
De esta manera, se trabajarían escenarios duraderos de convivencia y seguridad, en los que los miembros de esas comunidades no habrían de seguir viviendo bajo el yugo ni ser rehenes del crimen organizado.