Respuesta a la crisis de animales maltratados
El alarmante espectáculo que representan decenas de miles de animales, en su mayoría perros, maltratados a fuerza de abandono en las calles del País, es más que la secuela de la crisis fiscal: es también resultado de la insensibilidad de muchos ciudadanos
La crisis económica no es excusa en este caso; ha agudizado el viejo problema del abandono animal, un rezago del subdesarrollo que es necesario superar. Aun en tiempos de bonanza, muchas personas se desentienden del compromiso adquirido al comprar o adoptar una mascota por la vía más fácil, que es tirarla a la calle o simplemente dejarla ir. No hay nada más fácil que abrirle la puerta de la casa al perro, y eso ha ocurrido con la mayoría de los animales abandonados y enfermos que vemos en la vía pública, sin contar los que mueren atropellados a los pocos minutos de haber sido abandonados.
Esta semana, El Nuevo Día publicó dos reportajes sobre los problemas de maltrato, de salud y de seguridad que causa el severo aumento de los animales callejeros, con un estimado de alrededor de 300,000 perros sin dueño, que deambulan lo mismo por las ciudades que por las zonas rurales, y que son el testimonio vivo de la crueldad con que se les ha tratado.
De acuerdo con los expertos, rara vez los perros que vemos en las calles han nacido en ellas, sino que son producto de la tenencia irresponsable y de la falta de educación respecto a la necesidad de esterilizar a las mascotas desde el mismo instante en que se adquieren.
Las organizaciones de defensa de los animales, que en Puerto Rico tradicionalmente son las que encaran y sufren la magnitud del abandono, y que ahora se ven desbordadas por la cantidad inmanejable de realengos, coinciden en que la esterilización masiva y el registro de animales son las claves de una razonable estrategia para aliviar el problema.
En la Isla coinciden muchos factores que obstaculizan el trato compasivo y la reducción del número de perros y gatos callejeros. Hacer cumplir la ley, en primer lugar, es fundamental. No se necesita legislación adicional para suprimir los criaderos ilegales de perros, y la venta ambulante de mascotas que se lleva a cabo con total impunidad en carreteras y estacionamientos de centros comerciales.
Al igual que se denuncian otras situaciones que atentan contra la seguridad pública, los ciudadanos deben denunciar la venta ilegal de animales y la Policía intervenir.
El proyecto de impulsar un registro de mascotas, mediante el cual las familias se hagan responsables de los perros que poseen, vacunándolos y proveyéndoles los cuidados básicos, es algo que debe ir unido a la esterilización.
Por supuesto, para llevar a cabo una ofensiva de esa naturaleza, tienen que darse unas facilidades al ciudadano, unos costos razonables tanto para la vacunación como para la esterilización.
Nada se gana vacunando si no se esteriliza a la mascota, y viceversa. Pero tampoco se puede forzar a la población a incurrir en unos gastos elevados, a los que no puede o no quiere hacer frente, ya que eso sólo redundaría en más delito y más abandono.
Otros países con menos medios han llevado a cabo campañas exitosas para evitar la reproducción indiscriminada de perros y gatos. En Puerto Rico no debemos resignarnos a que el Gobierno y los municipios se limiten a recoger jaurías de las calles y sacrificarlas tan pronto llegan al albergue.
La Ley 154 para el Bienestar y la Protección de los Animales es la herramienta principal para castigar la crueldad. La prevención de esa crueldad, sin embargo, radica en una acción conjunta del Gobierno y la comunidad, de los veterinarios y las firmas de artículos y alimentos para mascotas.
Todos tienen que estar comprometidos para poder detener este caos que sólo obra contra el bienestar de tantos animales indefensos.