Aumentos para los empleados exentos perjudican la economía
Aprincipios del año 2014 el Presidente Obama ordenó al Departamento de Trabajo Federal (conocido como “DOL”, por sus siglas en inglés) a revisar el reglamento de la Ley de Normas Razonables del Trabajo con el propósito de simplificarlo y evitar posibles prácticas de algunos patronos que clasifican a sus empleados como exentos con el pretexto de no pagar tiempo extra por el exceso de horas trabajadas durante una jornada de trabajo. Esta iniciativa procura ajustar el salario mínimo que deven- gan los empleados exentos porque no se revisa desde el año 2004.
Siguiendo las instrucciones del Presidente, el DOL recientemente publicó sus enmiendas propuestas al reglamento, entre las cuales se destaca su intención de aumentar el salario mínimo que deben devengar los empleados exentos de $23,660 anuales ($455 semanales) a $50,440 anuales ($970 semanales), equivalente a un dramático aumento de $26,780 o 113%. El DOL indica que un salario anual equivalente a $23,660 está por debajo del nivel de pobreza nacional para una familia compuesta por cuatro personas. La cantidad propuesta de $50,440 anual se basa en un estudio llevado a cabo por la propia agencia en el que se establece que dicha cantidad equivale al 40% del promedio de la compensación a nivel nacional de un empleado exento que trabaje a tiempo completo. El reglamento también propone que dicho salario mínimo aumente automáticamente todos los años para evitar que pierda valor por el efecto inflacionario. Se estima que este reglamento entrará en vigor durante el verano del 2016, apenas meses antes de las elecciones presidenciales.
El reglamento aplica, entre otros, a los gobiernos locales y estatales, empresas que tengan un volumen de negocios anual bruto de $500,000 o más, y a empleados que estén involucrados en el comercio interestatal. Con excepción de American Samoa, la nueva propuesta del reglamento aplica a todos los estados y territorios de los Estados Unidos, independientemente de las condiciones económicas, el impacto en las industrias y del salario promedio pagado en esas jurisdicciones. El DOL toma esta postura aduciendo, en resumen, que desea simplificar el reglamento y su fiscalización.
La propuesta del DOL tiene una gran virtud: propone mejorar las condiciones de vida de muchas familias trabajadoras y reducir el número de ciudadanos americanos que viven bajo el nivel de pobreza. Todos estamos a favor de eso, sobre todo en el caso de aquellos estados y ciudades que gozan
de una economía robusta y tienen altos costos de vida, como ocurre en los grandes centros urbanos.
Sin embargo, el impacto del ajuste salarial no tendrá un efecto positivo a través de todos los Estados Unidos. Por el contrario, tendrá consecuencias negativas en aquellas regiones cuyas economías dependan de una mano de obra más barata para apoyar industrias como la manufactura y el turismo, entre muchas otras. Para cumplir con el nuevo reglamento, los patronos se verán forzados a elegir entre aumentar el salario de sus empleados exentos a $50,440 anuales o reclasificarlos como empleados no exentos y pagarles tiempo extra. En ambos casos, el impacto representará un aumento considerable en los gastos operacionales de los negocios. También podría causar una reducción en la plantilla de la empresa como medida para reducir gastos.
Posiblemente el caso de Puerto Rico sea uno sobre el cual el reglamento propuesto tendrá un efecto dramáticamente adverso. El salario promedio anual en Puerto Rico de un empleado exento a tiempo completo es significativamente menor que los $50,440 propuestos por el DOL. Todos los negocios y el Gobierno de Puerto Rico sentirán el impacto de esta iniciativa federal. Habrá negocios e industrias que aguantarán el golpe, otras que buscarán eficiencias o innovarán para cumplir con las nuevas reglas del DOL. Son los pe- queños y medianos negocios los que se verán más afectados. La mayoría de estos negocios son empresas puertorriqueñas emergentes o tratando de mantenerse a flote ante el embate de los altos costos operacionales y la débil actividad económica. Sin duda, aumentar el gasto de nómina no mejorará las probabilidades de éxito de muchas empresas, entorpecerá que el Gobierno de Puerto Rico logre un presupuesto balanceado, hará a Puerto Rico menos competitivo y dificultará la creación de nuevos empleos que tanta falta hacen. Al final del día, los consumidores y contribuyentes absorberán gran parte del impacto.
La postura asumida por el DOL de aplicar el reglamento sin excepciones o periodos de transición, para facilitar la fiscalización sin tomar en consideración factores como los antes mencionados, es preocupante e ignora la realidad económica de Puerto Rico. El DOL debería reevaluar su posición y buscar un balance entre dos apremiantes objetivos: mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos americanos y minimizar el impacto que causará en las regiones menos privilegiadas que se verán adversamente afectadas. Posiblemente el DOL no cambie su postura y Puerto Rico debe prepararse para poner en marcha las nuevas reglas que se estima entrarán en vigor durante el verano del año 2016.