CONTRATADOS

Bajo la gobernación de Aníbal Acevedo Vilá, el PPD también recurrió a la contratación de constitucionalistas estadounidenses, entonces para refutar los informes del gobierno de George W. Bush que, entre otras cosas, mantuvieron que el poder del Congreso sobre la Isla es tan amplio que Estados Unidos puede regalar la Isla a otro país.

Variadas encomiendas fueron dadas a los constitucionalistas Charles Cooper y Richard Pildes, y el profesor Michael Reisman.

Cooper fue jefe de la oficina del consejero legal del Departamento de Justicia de EE.UU. durante el gobierno de Ronald Reagan. Reisman es profesor de Derecho Internacional en Yale. Pildes es constitucionalista de NYU.

En memorandos y presentaciones ante el Congreso, entre 2006 y 2007, Cooper y Pildes, por ejemplo, coincidieron en que el Congreso tiene la autoridad para entrar en un pactos vinculantes con territorios, aun bajo de la Constitución estadounidense que le otorga poderes plenarios al Congreso sobre los territorios.

Reisman mantuvo que bajo el derecho internacional, desde 1952, “Puerto Rico ha existido como un estado libremente asociado a Estados Unidos”.

En nada, sin embargo, lograron variar la política pública federal, que ha rechazado la teoría de que el ELA supone un pacto bilateral que no puede quebrarse sin consentimiento mutuo.