Píldora venenosa incluir los GO en la renegociación

El gobierno de Puerto Rico debe desistir del peligroso y obstructivo empeño de incluir los bonos de obligaciones generales (GO, en inglés) en el multimillonario paquete de deuda pública que pretende renegociar; de no rectificar, seguramente chocará con la

Tiene que saber el gobierno que la carta de presentación ante el mundo financiero no debe ser la retórica populista de la intención de incumplimiento, sino la de una honesta estrategia de honrar las deudas contraídas, así sea a riesgo de la reducción de operaciones, nóminas y servicios gubernamentales. Porque una irracional acción inconstitucional en la relación con los acreedores nos cerraría más el acceso a los mercados y nos llevaría a un abismo en el que sí perderíamos por años toda capacidad de costear la creación de empleos, la educación, la salud y la seguridad.

Tan reciente como en marzo de 2014, el Banco Gubernamental de Fomento sumó una partida de bonos de $3,500 millones a la cartera de deuda constitucionalmente garantizada con la que ahora se quiere jugar a la política electoral. Por eso, los primeros indicios de oposición a que estos bonos sean renegociados los ofreció la 60 Plus Association, que representa a la Coalición Main Street Bondholders, integrada por tenedores de bonos garantizados por la Constitución.

La alarma sobre la aparente intención de la Administración de reestructurar los GO surgió el miércoles, al hacerse público el Plan de Ajuste Fiscal y Recuperación Económica elaborado por un Grupo de Trabajo del Ejecutivo.

En el documento de 78 páginas, el grupo encabezado por el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez, y la presidenta del BGF, Melba Acosta, pintó un cuadro desolador de la situación fiscal del País y estimó que, si no se adoptan duras medidas acompañadas de la renegociación de una gran tajada de la deuda, Puerto Rico acumulará un déficit de cerca de $28,000 millones de aquí al año fiscal 2020.

Aparte de las medidas fiscales que propone el documento, que el grupo estima podrían reducir esa cifra en cerca de $14,000 millones, el País necesitaría renegociar unos $47,000 millones de deuda, ante la insuficiencia de recursos.

Consciente de las disposiciones constitucionales que obligarían al gobierno a pagar la deuda de los GO por encima de otros compromisos, e incluso de la nómina y las pensiones, el Plan de Ajuste Fiscal sugiere buscar un “compromiso de consenso” con los tenedores de estos bonos supuestamente “para evitar un impago desordenado de la deuda del ELA y un pantano legal que desestabilizará aún más la economía y las finanzas” del País.

Pero, a juzgar por la reacción del vicepresidente de 60 Plus Association, Matthew Kandrach, será cuesta arriba lograr ese “compromiso de consenso” que los bonistas resistirán probablemente en los tribunales.

Los autores del Plan de Ajuste Fiscal tenían que ser conscientes de que la idea de incluir los GO en la deuda a reestructurarse representaba un obstáculo por diseño a la renegociación de los demás bonos no garantizados.

Ahora bien, independientemente de la receptividad que al final encuentre entre el cúmulo de bonistas, la propuesta es una “píldora venenosa”, porque le asesta un nuevo golpe a la credibilidad financiera de Puerto Rico, vapuleada por las continuas degradaciones crediticias y por el primer impago de su historia, el de $58 millones registrado en agosto en el caso de la Corporación para el Financiamiento Público.

Lo que estaríamos diciendo a los mercados financieros es que Puerto Rico no tiene dinero ni siquiera para repagar los miles de millones de dólares que los bonistas invirtieron atraídos por las garantías constitucionales, a menos que esos bonistas accedan a cobrar más tarde y a un rendimiento menor que el garantizado originalmente.

Contrario a eso, hay que cumplir. Y para ello hay que enviar el mensaje correcto de voluntad de pago y acciones correctivas, en paralelo con un proceso de ajuste fiscal y de identificación de activos con cuya venta el Gobierno se abastezca de importantes recursos para el cumplimiento de sus obligaciones y para una operación sustentada en la eficiencia, la sana administración y la austeridad.