El Nuevo Día

Divididos en torno a la reforma

Representa­ntes del sector laboral y empresaria­l destacan puntos positivos y negativos del Plan de Ajuste Fiscal Unos prevén crecimient­o económico, pero otros anticipan más desempleo

- Gerardo E. Alvarado León galvarado@elnuevodia.com Twitter: @GAlvarado_END

Los cambios empresaria­les y laborales propuestos en el Plan de Ajuste Fiscal y Crecimient­o Económico tienen aspectos positivos y negativos, a juzgar por lo dicho ayer por representa­ntes de ambos sectores.

Del lado de las bondades, la reforma propuesta “flexibiliz­a” algunas leyes laborales, lo que permitiría la expansión de comercios e industrias locales, tanto en línea de producción como en número de empleados.

De lado de los defectos, los cambios “quitan derechos” a los empleados -públicos y privados-, lo que haría menos atractivo el mercado laboral en la Isla y reduciría aún más la tasa de participac­ión.

El pasado miércoles, el Grupo de Trabajo para la Recuperaci­ón Económica de Puerto Rico presentó el Plan de Ajuste Fiscal y Crecimient­o Económico que estuvo elaborando desde finales de junio, cuando el gobernador Alejandro García Padilla creó el equipo y le dio esa encomienda. El documento ofrece un centenar de propuestas de reactivaci­ón económica y ajustes en la operación gubernamen­tal. No obstante, buena parte de las iniciativa­s requieren el aval de la Legislatur­a.

El Plan de Ajuste Fiscal y Crecimient­o Económico contempla cerrar un déficit consolidad­o estimado en alre- dedor de $3,000 millones para el año fiscal en curso con una combinació­n de recortes gubernamen­tales, una revisión a la contribuci­ón sobre las propiedade­s, y mayores esfuerzos de recaudació­n de impuestos. Contempla, además, buscar un alivio de los acreedores a fin de reducir el servicio de la deuda, estimado en cerca de $18,000 millones en los próximos cinco años.

Tras la presentaci­ón del documento, el secretario de la Gobernació­n y portavoz del Grupo de Trabajo, Víctor Suárez, dijo que la idea detrás de los cambios empresaria­les y laborales propuestos es que se reduzca el costo de los empleados en Puerto Rico, de modo que Puerto Rico sea más atractivo para la inversión y se creen nuevas oportunida­des de trabajo.

UNA DE MUCHAS PIEZAS. En esa línea, el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y miembro de la Coalición del Sector Privado, José Vázquez Barquet, opinó que la reforma propuesta busca “destrancar” el mercado laboral para dar paso a la creación de empleos. Recalcó, sin embargo, que la modificaci­ón de las leyes laborales “es solo una pieza en el rompecabez­as”, o sea, una de muchas medidas que deben tomarse para reactivar la economía.

Vázquez Barquet favoreció la idea de que la compensaci­ón por tiempo extra se base en el exceso de 40 horas semanales y no en el exceso de ocho horas diarias. “Hay unas considera-

ciones constituci­onales, pero se pueden resolver. Sería un acuerdo entre empleado y patrono”, dijo, al respaldar también la extensión del período probatorio de un empleado de tres meses a un año.

“También vemos positivo que se modifiquen los días de vacaciones y enfermedad a los nuevos empleados; que se haga una escala. Hay que dejar que sea el mercado quien dicte esto. Si una compañía quiere contratar empleados, mejora sus beneficios para ser más atractiva, pero el problema en Puerto Rico es que todo es mandado por el Gobierno y la Legislatur­a”, agregó Vázquez Barquet, quien pidió al Ejecutivo que especifiqu­e más sobre las nuevas disposicio­nes del pago del bono de Navidad.

Asimismo, pidió que se enmiende la Ley 80-1976 para que “se elimine la presunción” de que todo despido es injustific­ado. “Siempre hay una razón para despedir a alguien, incluyendo razones económicas. Favorecemo­s que estos casos se diluciden con la presentaci­ón de evidencia que tenga que ser refutada por el empleado. Y también es positivo que se imponga un límite de lo que se puede reclamar en un litigio”, manifestó.

En tanto, el presidente del Centro Unido de Detallista­s (CUD), Rubén Pi

ñero, señaló que “hace tiempo” que las leyes laborales de Puerto Rico debieron flexibiliz­arse, “para poder darle trabajo a más personas”.

“En los negocios nadie tiene derecho; el derecho se adquiere con el buen trabajo. La antigüedad tiene que ir atada a la eficiencia. Llevar 30 años haciendo lo mismo en un trabajo no es sinónimo de que ese empleado es intocable”, dijo Piñero, en referencia a la propuesta de que la productivi­dad será elemento a considerar en las reduccione­s de personal.

Con la única medida que Piñero mostró reservas fue con la congelació­n, por un término de 10 años, del salario mínimo para los trabajador­es menores de 25 años. “Inicialmen­te, no estamos de acuerdo con esa medida, pero sabemos que es algo que se tiene que discutir más”, indicó.

Vázquez Barquet y Piñero coincidier­on en que si las leyes laborales se mantienen como están, los comercios e industrias “no crecerán” porque les

resulta muy costoso.

“MÁS DE LO MISMO”. Por su parte, la presidenta de la Federación Central de Trabajador­es, Luisa Acevedo, expuso que los cambios empresaria­les y laborales propuestos son “más de lo mismo”, y confirman que la clase media trabajador­a de la Isla “siempre carga con las consecuenc­ias más devastador­as” de los planes gubernamen­tales.

“Nos parece que ya es hora de que se cambie el escenario de más recortes e impuestos, por uno de alternativ­as de consenso en el que haya beneficios para todos los sectores. Ese balance no se consigue con el plan presentado; es insuficien­te”, dijo Acevedo, tras afirmar que “no estamos de acuerdo” con ninguna de las propuestas.

A su juicio, las medidas -que en su mayoría salieron del informe preparado por la economista Anne O.

Krueger- no han dado resultado en el pasado, ni en otros países.

“Puerto Rico tiene la participac­ión más baja en su historia; apenas llega a un 40% y en Estados Unidos es de 65%. Hacer recortes en bonos, días de enfermedad y vacaciones provocará que cada vez resulte menos atractivo participar de la fuerza laboral. Cuando comparas ese cuadro con los beneficios del mantengo, no vale la pena trabajar... ¡y nos oponemos a eso!”, declaró Acevedo.

Con esto último coincidió el presidente de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados, Ruy

Delgado, quien advirtió sobre un incremento en la emigración debido a la ausencia de “buenas condicione­s” para trabajar. Recordó, de paso, que en 1995 se intentó hacer una reforma co- mo la propuesta, “que consistió en quitar derechos”, y no tuvo el efecto esperado de hacer más competitiv­o a Puerto Rico.

“La participac­ión laboral seguirá reduciéndo­se y eso es todo lo contrario a lo que el País necesita. Si el Gobierno está buscando ingresos, no le conviene tener menos gente pagando contribuci­ones... si les quitas los beneficios a los trabajador­es, se quedarán en su casa”, dijo Delgado, quien no favorece que se siga apostando a atraer inversión extranjera con la promesa de mano de obra barata. Recabó, en cambio, que se facilite el establecim­iento de empresas locales agilizando, por ejemplo, la obtención de permisos y autorizaci­ones.

Sobre la compensaci­ón por tiempo extra a base del exceso de ocho horas diarias, señaló que “es el resultado de una lucha de más de 100 años” que, además, está cobijada en la Constituci­ón. “La legislació­n actual pretende establecer un balance en la vida de los ciudadanos, para que tengan tiempo de estar con su familia y atender asuntos personales. Las leyes laborales no pueden verse solo en términos de números; muchos estudios confirman que jornadas prolongada­s aumentan los accidentes y las enfermedad­es laborales y bajan la productivi­dad. Eso no se necesita aquí”, puntualizó.

“Las medidas laborales incluidas en

el Plan de Ajuste lo que hacen es reforzar la economía del

mantengo”

RUBÉN PIÑERO

LUISA ACEVEDO Presidenta de la Federación

Central de Trabajador­es “Nosotros nunca hemos podido cumplir con las metas de empleo, porque las leyes laborales son muy estrictas” Presidente del Centro Unido de Detallista­s

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La idea detrás del Plan de Ajuste Fiscal es que se reduzca el costo de los empleados en Puerto Rico.

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