No cometamos el mismo error
La situación fiscal del País ha traído a discusión el tema sobre las aportaciones que hacen las corporaciones foráneas en Puerto Rico. Ciertos sectores señalan incorrectamente que la presencia de estas empresas no tiene ningún beneficio económico, y que las leyes contributivas diseñadas específicamente para promoverlas representan una carga. El momento histórico amerita aclarar los hechos. Estas empresas, en su mayoría de manufactura y servicios de exportación, representan aproximadamente el 60% de nuestro producto interno bruto. La industria farmacéutica, por ejemplo, constituyen el 70% de las exportaciones totales de Puerto Rico y ha aportado cerca del 30% de los ingresos del fondo general por los pasados años.
En general, las denominadas empresas exentas promovidas bajo la Ley 73 de Incentivos Económicos y otras leyes de incentivos gozan de una tasa preferencial de 4% como parte de sus decretos contributivos. Por tanto, están sujetas a imposiciones contributivas, aunque mucho menores que otras corporaciones. Esto es así porque, históricamente, Puerto Rico ha apostado a estas industrias como herramienta de desarrollo económico. Gran parte de estas, también, están sujetas al arbitrio que estableció la ley 154 de 2010 sobre las afiliadas que compran de subsidiarias en Puerto Rico. Esta contribución por sí sola representa más de 20% de los ingresos al fondo general.
No podemos perder de perspectiva que, a través de la historia, las empresas foráneas han venido a Puerto Rico por invitación del gobierno, para generar negocios sostenibles a cambio de inversión y empleos. Para ser más preciso, las empresas exentas de manufactura representan aproximadamente el 46% del producto interno bruto del País y sobre 70,000 empleos directos.
No hay duda de que el sector industrial, como miembro fundamental del sector privado, también debe participar en la búsqueda de soluciones a la situación que enfrentamos. Por eso, como parte del Plan Fiscal y Económico presentado recientemente, nos proponemos continuar el proceso de diálogo para viabilizar las medidas propuestas sin aumentar aún más la carga contributiva del sector. Hacer lo contrario de forma unilateral, y sin tomar en consideración las recomendaciones de la industria, sería tan peligroso como cuando en el pasado se eliminó la sección 936 bajo el argumento de que la economía del País no sufriría. Casi dos décadas después vemos las consecuencias. No volvamos a cometer el mismo error.