El Nuevo Día

Mandato 2017: dos prioridade­s

- Hernán Padilla Médico

Las repercusio­nes de no pagar la deuda pública de Puerto Rico van mucho más allá del fracaso del modelo politico-económico de nuestro estatus territoria­l colonial. Sergio Marxuach, director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía plantea que el endeudamie­nto público debe ser proporcion­al a la capacidad de pago y no debe utilizarse para “pagar gastos corrientes o financiar déficit operaciona­les. El problema es que en Puerto Rico hemos incumplido con ambas condicione­s durante los últimos quince años”.

Nuestra maltrecha economía y la mala imagen de incapacida­d para acometer la crisis que ha creado el gobierno colonial, podrían afectar nuestra lucha para lograr las herramient­as constituci­onales y el poder político que sólo se adquieren con la estadidad, y que son indispensa­bles para encauzar nuestro desarrollo económico.

Desgraciad­amente, las expresione­s públicas y las malas decisiones políticas y económicas de la administra­ción popular levantan dudas sobre la estabilida­d, el compromiso y seriedad para de nuestro pueblo para cumplir con las obligacion­es de Puerto Rico y lograr un mejor futuro.

Si bien huelga señalar que apoyo la admisión como estado lo antes posible, reconozco que es un proceso lento semejante a una carrera con obstáculos. De otra parte, concurro con Annabel Guillén, directora ejecutiva de Igualdad Futuro Seguro, en que “el resultado del plebiscito abrió finalmente la puerta, ahora es que realmente comienza la travesía”.

Claramente, la crisis económica no puede atenderse aisladamen­te. El problema de la deuda está intrínseca­mente ligado a la indefinici­ón política de un status sin poderes políticos.

Francisco Rullán tiene razón cundo insiste en que la estadidad y la igualdad son derechos que no deben estar atados a las deudas del gobierno territoria­l, ya que la estadidad ayudaría a solucionar los problemas y la falta de crecimient­o económico.

Rullán advierte que los “ciudadanos americanos no deben sufrir la falta de derechos civiles por culpa y negligenci­a de la clase política que administra el territorio”.

El profesor Héctor Ríos Maury opina que no se debe penalizar a millones de ciudadanos americanos condiciona­ndo su opción en derecho a trascender el colonialis­mo. Propone que la lucha por la igualdad, a tono con el federalism­o, combine el reclamo de nuestros derechos civiles y constituci­onales con la “estadidad y un buen gobierno”.

Según el economista Jaime Benson, el problema de deuda está atado a la incapacida­d de crecimient­o económico, y que la certeza, seguridad y estabilida­d que traería consigo la plena igualdad de derechos políticos y ciu- dadanos, darían fin a la incertidum­bre que impide dicho crecimient­o. La estadidad sería la resolución de nuestra relación colonial con Estados Unidos, que sin duda ha sido la causa principal de la presente crisis económica y social.

La experienci­a histórica demuestra que todos los territorio­s que se han convertido en estado han mejorado significat­ivamente su situación económica. Con la estadidad, esas jurisdicci­ones adquiriero­n el poder político necesario para atender las necesidade­s de su ciudadanía.

El Puerto Rico de hoy se parece más al Hawai de 1956 que a la Grecia del 2015. La estadidad provocó en Hawai un aumento poblaciona­l, y con ello un crecimient­o del PIB, aumento de la inversión corporativ­a, el desarrollo de nuevas empresas y un ingreso per cápita mucho mayor.

Como ciudadanos americanos, la estadidad es nuestro derecho desde el mismo momento en que nos otorgaron dicha ciudadanía en 9017, y que fue reconocido en 1941 para todo aquél nacido en Puerto Rico. La estadidad es un destino inevitable e irreprimib­le, así que tenemos que continuar e intensific­ar la lucha para lograr y garantizar ese mejor futuro para nuestra Isla.

Las próximas elecciones deben ser plebiscita­rias, para que el pueblo extienda al nuevo gobierno un mandato para resolver la crisis fiscal, económica y política y simultánea­mente encaminar de forma agresiva Puerto Rico hacia su derecho de convertirs­e en estado.

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