Reclamo de apoyo a los acueductos comunitarios

La empresa social de autogestión que se realiza en varios municipios para proveer agua a miles de personas a través de acueductos comunitarios constituye una iniciativa que debería recibir todo el apoyo oficial, de hecho, con carácter de prioridad, en lug

Sin fanfarria alguna, según reseñado recientemente en El Nuevo Día, la conciencia ambiental y el compromiso social de numerosos núcleos ciudadanos han tenido como resultado el desarrollo de 247 sistemas de acueductos en 45 municipios de la Isla que están produciendo cerca de 8.1 millones de galones de agua al día para suplir el líquido a más de 100,000 personas en 21 escuelas y otras entidades como iglesias y comercios.

En términos económicos nada más, esa iniciativa se ha traducido en un ahorro de $22 millones para las debilitadas arcas del Gobierno.

Tomando en consideración esos datos, lo lógico sería pensar que se trata de un proyecto respaldado con entusiasmo desbordante por los entes públicos que se benefician del mismo. Pero ha sido todo lo contrario. El apoyo recibido ha sido mínimo; de hecho, casi solo se ha visto ese apoyo desde el Departamento de Estado, desde el cual Roberto Ramos, ayudante especial del secretario David Bernier, está encargado del Programa de Acueductos Comunitarios Sostenibles.

A través de ese programa, creado mediante la orden ejecutiva 2014-41 firmada por el gobernador Alejandro García Padilla en septiembre del año pasado, al menos las más de 100,000 personas que se benefician del mismo no han sido agregadas a los más de 400,000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) -cerca de una tercera parte de sus clientes-, incluyendo los que se suplen del embalse Carraízo, que llevan 119 días bajo un plan de racionamiento del líquido ante la falta de abastos de la corporación pública. De hecho, una corporación gubernamental que pierde la mitad del agua que potabiliza y envía a través de su sistema de distribución. Los eternos salideros son una fuente importante de esa cuantiosa e increíble pérdida.

Desde esa perspectiva, sería natural y razonable -es decir, inteligente- esperar todo el entusiasta apoyo gubernamental a una aportación comunitaria más eficiente y menos costosa que la que genera la propia Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Pero no es así. Por lo contrario, es esa misma corporación pública la que con el Departamento de Educación marcha a la cabeza de los entes oficiales que obstaculizan, o al menos no alientan, su iniciativa.

Según denunció el director del programa de los acueductos comunitarios sostenibles, desde que en el año 2013 la AAA aprobó un cargo de $2 en la factura de sus abonados para una alegada gestión sostenible que, entre otras cosas, iría dirigida al fortalecimiento de esos sistemas comunitarios, la corporación pública ha acumulado unos $40 millones, sin que haya enviado un solo centavo al referido programa. Con ese dinero, seguramente el programa estaría en posición de ampliar sus sistemas en numerosos municipios adicionales.

Mientras, a pesar de que los estudiantes, profesores y el personal no docente de unas 21 escuelas del sistema público de enseñanza reciben su agua gracias al programa de acueductos comunitarios, el Departamento de Educación lo coloca en serios aprietos ante la constante tardanza en hacerle las aportaciones económicas correspondientes.

Por lo demás, como ha planteado el funcionario del Departamento de Estado, ante la capacidad de autogestión demostrada por las comunidades que administran sus propios acueductos, la orden ejecutiva que crea la política pública que las apoya debería convertirse en ley para asegurar su permanencia.

Un exitoso esfuerzo como ese demanda atención prioritaria desde todos los flancos de la administración pública.