Voluntad política ante una bochornosa práctica

La corrupción, que suele vincularse con políticos y funcionarios de Gobierno, se trata en realidad de una cultura intolerable con raíces en todos los niveles de nuestra sociedad, como acaba de destapar un esclarecedor y pavoroso informe de la Comisión de

Voluntad política decimos, ya que el énfasis primordial tiene que dársele a la adopción de herramientas eficaces que otorguen a las autoridades poder suficiente para desenmascarar a políticos y funcionarios corruptos, así como a todas aquellos individuos que obtienen beneficios indebidos a costa del perjuicio que causan a los demás. Herramientas que no sean redundantes ni estén superpuestas en distintas instituciones ni desconectadas unas de otras, sino medularmente canalizadas hacia los controles de prevención y la estricta ejecución de la ley y la justicia.

El estudio sobre la corrupción dado a conocer por la Comisión de Derechos Civiles llega en momento oportuno: justo cuando el País enfrenta una grave crisis fiscal provocada, en gran medida, por el manejo irresponsable de los recursos económicos públicos durante las últimas décadas.

Quedaba de manifiesto el martes, durante la audiencia pública del Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, cuyos integrantes reclamaban a nuestros funcionarios transparencia sobre la situación financiera del País como requisito previo a la consideración de cualquier medida congresional para mitigar la crisis. La transparencia es el antídoto de la corrupción y el principal oficial financiero del gobierno, Melba Acosta, no tuvo más remedio que admitir en la vista senatorial que Puerto Rico no ofrece la información fiscal necesaria para justificar sus reclamos de ayuda. De hecho, el Gobierno no ha presentado estados financieros auditados desde hace dos años y tiene que quedar claro que esa zona oscura es el ambiente más propicio para que se cultiven los gérmenes corruptos.

Pero el estudio de la comisión, que se inició en el 2009, no se limita a analizar la corrupción gubernamental y política, sino que enumera prácticas “reiteradas y masivas” en todos los niveles de la sociedad que inciden directamente en la crisis fiscal que atraviesa el País. Señala, por ejemplo, que casi la mitad del dinero cobrado por los comerciantes por concepto del Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU) no se remesa al Departamento de Hacienda, lo que representa la pérdida de cientos de millones de dólares de ingresos para el fisco.

En un dato estremecedor, el estudio encontró que más de 200,000 consumidores de agua no la pagan a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, bien porque los contadores están enterrados o porque se trata de conexiones ilegales. Esa deficiencia en ingresos seguramente perjudica los esfuerzos de la corporación pública por obtener financiamiento para obras necesarias de infraestructura.

Están, además, las actividades de la llamada economía informal, o subterránea, que aparte del narcotráfico y el crimen organizado, incluye negocios que operan sin los debidos permisos y aquéllos en los que se juega y se pagan premios en efectivo que no se registran para efectos contributivos.

Ante tal cuadro desolador, nos parecen adecuadas las medidas que propone el estudio, como son la de crear un observatorio de la corrupción para promover la transparencia y educar sobre el problema, y la de constituir salas judiciales especializadas.

Imprescindible resulta, igualmente, lo que hemos venido repitiendo durante mucho tiempo: que al Departamento de Hacienda se le provean los mecanismos y el personal necesarios para fiscalizar el cumplimiento de las leyes contributivas.

Del mismo modo, sostenemos que, como corresponde hacerse en la lucha contra otros males sociales, la enseñanza de valores a nuestros niños y jóvenes debe acompañar la educación que reciben en las materias tradicionales.

La corrupción, como indica el estudio de la Comisión de Derechos Civiles, representa no sólo menos ingresos para el estado, sino también una disminución intolerable de los servicios a la ciudadanía, menos calidad de vida, la violación de derechos humanos fundamentales, por no olvidar la pésima imagen que proyectamos como país, que contribuye a que se nos excluya de paliativos a nuestra abrumadora crisis.