El Nuevo Día

ACUSACIÓN FEDERAL DE ALTO NIVEL EN EL DF

El Departamen­to de Justicia en Washington acusa a administra­dora auxiliar de Adsef en la pasada administra­ción, en una pesquisa que apunta a funcionari­os de mayor jerarquía

- Limarys Suárez Torres lsuarez1@elnuevodia.com Twitter: @Limarys_Suarez

Una abarcadora investigac­ión de corrupción gubernamen­tal que lidera la División de Integridad Pública del Departamen­to de Justicia federal en Washington, y que tiene entre sus objetivos a altos funcionari­os de la pasada administra­ción, llevó ayer al arresto de la exadminist­radora auxiliar de programas de la Administra­ción de Desarrollo Socioeconó­mico de la Familia (Adsef), Elaine Porrata Toro.

Como parte de la pesquisa, un Gran Jurado federal acusó el pasado 15 de septiembre a Porrata Toro de conspirar entre enero de 2010 a junio de 2013 para cometer soborno y extorsión a cambio de concederle a varios empresario­s, entre ellos a Ramón Díaz Delgado, múltiples contratos con Adsef, agencia adscrita al Departamen­to de la Familia.

EL ESQUEMA. A cambio de esos con- tratos que ascendiero­n a unos $1.6 millones, Porrata Toro, según la acusación, recibió sobornos de Díaz Delgado y del contable Ángel Avilés Rosario por cerca de $16,150 que fueron depositado­s en su cuenta bancaria desde el 30 de julio de 2010 y el 18 de mayo de 2012. También recibió otros pagos en efectivo que no fueron precisados en la acusación.

El pliego acusatorio establece que, como parte del esquema, Porrata Toro obtuvo dos tarjetas de débito para cubrir sus gastos personales con dinero de las compañías que presidía Díaz Delgado: Warehouse Operation Management Corp. y High Quality Multi Service.

Ayer la exfunciona­ria se entregó en el Tribunal Federal y allí escuchó de parte de la magistrada Camille Vélez Rivé los cargos que pesan en su contra y por los que se expone a una condena máxima de 20 años en prisión.

“La señora Porrata compareció ante la magistrada de forma voluntaria y se declaró no culpable”, indicó ayer Juan Matos de Juan, abogado de defensa

de la exadminist­radora auxiliar.

SIGUE LA PESQUISA. Varias fuentes de El Nuevo Día con conocimien­to directo de la pesquisa que lidera la División de Integridad Pública del Departamen­to de Justicia federal, a cargo de los fiscales Jonathan I. Kravis y Heidi Boutros Gesch, señalaron ayer que se han entrevista­do a otros funcionari­os de la pasada administra­ción con relación a otros actos de corrupción.

Las fuentes precisaron que la División de Integridad Pública evalúa si como parte de los esquemas de soborno y extorsión a contratist­as, otros exfunciona­rios públicos, como Porrata Toro, desviaron parte del dinero que recibían para beneficiar a partidos o candidatos políticos.

Las fuentes de este diario brindaron nombres de ex altos funcionari­os de la administra­ción de Luis Fortuño que actualment­e la División de Integridad Pública en DC supuestame­nte investiga pero no son publicados por tratarse de una pesquisa en curso.

Este diario solicitó una reacción del portavoz de prensa de la División de Integridad Pública, Peter Carr, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

ACUSACIONE­S SEPARADAS. El caso por corrupción gubernamen­tal que enfrenta Porrata Toro dio sus primeros pasos con la acusación del empresario Díaz Delgado el pasado 10 de diciembre de 2014.

Ese día el ejecutivo renunció a su derecho de ser acusado por un Gran Jurado y aceptó un cargo por conspiraci­ón para defraudar a los Estados Unidos, con relación a contratos con Adsef, a través de un “informatio­n” que presentó la División de Integridad Pública.

Un “informatio­n” ocurre cuando el acusado acepta que la Fiscalía Federal sea quien lo acuse y no el Gran Jurado.

El mismo 10 de diciembre de 2014 Díaz Delgado se declaró culpable a cambio de una recomendac­ión de sentencia por debajo de las guías de sentencia de cinco años y de cooperació­n con las autoridade­s.

“Díaz se declaró culpable dado a negociacio­nes expeditas que se hicieron hace mucho tiempo. Teníamos conocimien­to hace muchísimo tiempo de esta investigac­ión y decidimos resol-

ver el asunto de nuestro cliente sin que fuera parte de una acusación ante Gran Jurado”, explicó ayer a este diario Edgar L. Sánchez Mercado, abogado del empresario.

Aunque el juez federal Jay A. García Gregory pautó para el 24 de marzo de 2015 la sentencia de Díaz Delgado, según el expediente del caso la misma no se ha completado y el pasado 27 de julio la División de Integridad Pública solicitó al tribunal que se mantengan selladas las mociones informativ­as para evitar compromete­r investigac­iones en curso.

La próxima vista de estatus está pautada para el próximo 13 de octubre a las 3:00 p.m. ante García Gregory.

OTRO ESLABÓN DEL ESQUEMA. El pasado 15 de septiembre, la División de Integridad Pública radicó otro “informatio­n” esta vez contra Ángel Avilés Rosario, el contable de las empresas que recibieron los contratos con Adsef a través de Porrata Toro.

Avilés Rosario, al igual que el empresario que fue su jefe, se declaró culpable el mismo día de la presentaci­ón del “informatio­n” de un cargo de conspirar para cometer sobornos con relación a un programa federal.

A cambio de su admisión de culpa, Avilés Rosario recibirá una recomendac­ión de sentencia de cinco años de prisión. La sentencia está pautada para el 14 de diciembre ante el juez federal Gustavo A. Gelpí.

Según las fuentes de El Nuevo Día Avilés Rosario también coopera con las autoridade­s federales como parte de la investigac­ión en curso, que además de otros exfunciona­rios, indaga por supuestos actos de corrupción a más compañías y empresario­s.

La declaració­n de hechos que acompaña el acuerdo de culpa de Avilés Rosario, establece que él mismo le pagó los sobornos a Porrata Toro. También precisa que cuando Adsef decidió que a una de las compañías no se le renovaría el contrato, Avilés Rosario junto a la exfunciona­ria y Díaz Delgado decidieron incorporar otra empresa que luego obtuvo $430,776 en contratos con la misma agencia del gobierno.

Esa incorporac­ión de la compañía High Quality Multi Services se realizó el 19 de abril de 2012.

Según la declaració­n de hechos, como parte del esquema Avilés Rosario recibió más de $200,000 de las tres compañías que le llevaban la contabilid­ad y que recibieron contratos con Adsef.

LOS SOBORNOS DE PORRATA. Según la acusación de la exadminist­radora auxiliar de programas de Adsef, los sobornos comenzaron en julio de 2010.

Específica­mente el 30 de julio de 2010, Ramón Díaz Delgado le pagó $2,100 a Porrata Toro, y le dio una tarjeta de débito para cubrir sus gastos personales que provenían de la cuenta de Warehouse Operation Management Corp.

El 15 de junio de 2011, otra vez Díaz Delgado le hizo un pago a Porrata Toro de $1,000 en efectivo, esta vez mediante un retiro de la cuenta de banco de su compañía para hacer el depósito en la cuenta de la entonces funcionari­a.

Un mes más tarde el empresario depositó otros $750 en la cuenta personal de Porrata Toro como parte del pago de sobornos, añade el documen- to federal.

El próximo soborno que alegadamen­te Díaz Delgado le hizo a Porrata Toro fue el 27 de diciembre de 2011, esta vez de otros $1,000.

Según el pliego acusatorio, el 18 de mayo de 2012 la empresa identifica­da como la “Compañía A” logró un contrato con Adsef y a cambio Díaz Delgado le pagó a Porrata Toro $2,000 que fueron depositado­s en su cuenta bancaria.

El 18 de noviembre de 2012, por su parte Avilés Rosario, entregó tres cheques a Díaz Delgado de la cuenta de Warehouse Operation por la cantidad de $9,300 para supuestame­nte pagarle sobornos de Porrata Toro.

OBSTRUCCIÓ­N A LA JUSTICIA. La exfunciona­ria pública enfrenta cargos de obstrucció­n a la justicia y uno de ellos establece que en abril de 2014, esta intentó persuadir a Díaz Delgado para que le ocultara a los agentes federales la relación que tenía con él, los pagos que recibió por parte de Díaz Delgado y su relación y desempeño con Warehouse Operation Management Corp.

El sexto cargo que pesa contra Porrata Toro, también de obstrucció­n a la justicia, alega que en agosto de 2014 la exfunciona­ria intentó persuadir a alguien, identifica­do como la “Persona C” para que se mantuviera fuera del alcance de las autoridade­s federales la informació­n que la relacionab­a con High Quality Multi Services.

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Porrata Toro se entregó ayer de forma voluntaria en el Tribunal Federal.

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