Acusan a cuatro por robo de armas
Gran jurado les imputa el robo de 125 armas del Polígono de Tiro de la Policía en Isla de Cabra
Un gran jurado federal acusó el miércoles a cuatro individuos de robar 125 armas del Polígono de Tiro de la Policía en Isla de Cabra, Toa Baja, un incidente ocurrido el 26 de octubre de 2010 que la Uniformada catalogó entonces como el robo de armas más grande reportado en la historia de Puerto Rico.
La jefa de la Fiscalía de Estados Unidos en el distrito local, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, dio a conocer la acusación mediante un comunicado en el que indicó que el Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF) tuvo a su cargo la investigación en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional (ICE-HSI).
Contra los acusados pesan cinco cargos, por participar de una conspiración para interferir con el comercio mediante amenaza o violencia, posesión de un arma de fuego para cometer un delito violento, robar armas y ser personas no autorizadas para tener armas de fuego.
Los imputados fueron identificados como José “Joey” Padilla Galarza, Gilberto “Bolillo” Ramos Quiñonez, Ramón “Pucho” Santiago Ortega y Guill “Gil” Reabing Padilla.
Se informó que Padilla Galarza fue policía hace 20 años.
Además, los cuatro han sido convictos por posesión ilegal de armas. Según informaron las autoridades, el propósito de la conspiración era robar el Polígono de Tiro, incidente que tuvo lugar el 26 de octubre de 2010. Los acusados, supuestamente, sometieron a los policías en funciones en el lugar y robaron sus armas, así como las guardadas en la bóveda de seguridad para luego venderlas por significativas sumas.
Según el pliego acusatorio, los hombres solían visitar el Polígono de Tiro de Isla de Cabra para familiarizarse con el área, las personas que allí laboraban y sus turnos de trabajo.
Utilizaron, de acuerdo con la información provista, un auto Ford Crown Victoria o un Mercury Grand Marquis con calcomanías del Polígono de Tiro para darle aspecto de vehículo oficial.
Los miembros del clan también habrían ido vestidos con uniformes de policías.
De las 125 armas, incluyendo las dos pistolas de los oficiales que estaban de turno, 40 eran rifles AR-15, 24 escopetas, nueve carabinas de 9 milímetros, un rifle MP3 y 49 pistolas.
“El daño potencial que puede resultar de la circulación de armas de fuego ilegales a través de Puerto Rico no puede ser subestimado. El tráfico ilícito de armas de fuego es un delito grave que intensifica la violencia que aqueja a tantas comunidades que nos rodean”, dijo Rodríguez Vélez.
El caso es procesado por el fiscal federal adjunto Max Pérez Bouret.
Si son declarados culpables, los acusados se enfrentan a penas de prisión de entre siete años a cadena perpetua por posesión de un arma de fuego para cometer un delito de violencia (robo).