Auxilio federal insuficiente
Analista de Moody’s asegura que crece la presión para que Washington intervenga en la crisis fiscal de la Isla, pero está por verse si la ayuda llegará antes del impago
El vicepresidente y analista de crédito senior para Moody's Investors Service, Ted Hampton , dijo ayer que continúa aumentando la presión en la capital federal para que la administración del presidente Barack Obama y el Congreso tomen un rol activo en la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico.
No obstante, Hampton dijo que queda por verse si el gobierno o la clase política federal puede articular una solución lo suficientemente rápida para evitar un impago de las obligaciones generales (GOs, en inglés) y el inicio de una prolongada batalla legal con los bonistas.
“Creo que es razonable decir que Washington, DC está bajo una presión creciente para que haga algo”, dijo Hampton al subrayar que en el abanico de soluciones no se contempla ningún apoyo financiero para Puerto Rico. “La pregunta es si ellos podrían hacer algo lo suficientemente rápido como para prevenir un caos legal”.
Hampton hizo sus expresiones durante la reunión anual de la Asociación de Profesionales de Finanzas, en el hotel Caribe Hilton. Allí, Hampton sostuvo que Puerto Rico podría encarar un caos legal si los intentos del gobierno para renegociar la deuda fracasan como secuela de la complejidad y de la diversidad de acreedores que tiene el territorio estadounidense.
Según Hampton, el gobierno federal estará renuente a adoptar cualquier solución que tenga impacto en los contribuyentes estadounidenses, pero algunas alternativas de apoyo -aunque imperfectas- podrían contribuir en algo a que Puerto Rico recobre el acceso a los mercados de capital y se libre de un disloque por la falta de efectivo en caja.
POSIBLE EL CAPÍTULO 9.
Por un lado, según Hampton, es posible que a raíz de la presión política que se ha gestado a favor de la isla, el Congreso federal extienda las disposiciones del Capítulo 9 del Código de Quiebras federal a las corporaciones públicas y los gobiernos municipales.
En el libro de Moody's, acogerse a la quiebra se interpreta como un factor negativo al perfil crediticio de un emisor de deuda. De aquí que el año pasado, la casa acreditadora empujara tres niveles hasta el grado de chatarra el crédito boricua. Esto, tras aprobarse la llamada ley de quiebra criolla.
Según Hampton, con la aprobación del estatuto, el gobernador Alejandro García Padilla emitió un mensaje contundente en torno a “la intención” de no honrar las obligaciones según fueron pactadas y ello requirió, a su vez, una respuesta “contundente” de parte de las casas acreditadoras.
Pero ahora, ante la falta de acceso al mercado de capital y la ausencia de mecanismos claros para que Puerto Rico dirima disputas con su deuda pública, Hampton opinó que el mecanismo de bancarrota sería más favorable que los riesgos que supone una larga y compleja batalla legal con los bonistas en caso de un impago. Hizo claro, sin embargo, que el capítulo 9 no sería suficiente para atender la falta de liquidez que experimenta el gobierno.
A falta de un préstamo de corto plazo, el gobierno se quedaría sin dinero el mes entrante, según documentos oficiales.
RECOMENDABLE UNA JUNTA FEDERAL.
A preguntas de El Nuevo Día en torno a la conveniencia de una junta de control fiscal y cómo ese mecanismo podría contribuir a que el gobierno pueda tomar prestado nuevamente, Hampton indicó que una junta de control fiscal nombrada por el Congreso podría ser más efectiva.
En la noche del jueves, García Padilla envió a la Legislatura el proyecto que crearía la junta de control fiscal. El organismo, se alega, daría cierta confianza a los bonistas para que estos intercambien los bonos que poseen por un nuevo bono que extienda la fecha de saldo y el pago de menos intereses por parte del Gobierno.
Hampton aseguró que la firma crediticia no favorece una decisión de política pública sobre otra, pero indicó que partiendo de otras experiencias, como la crisis de Washington, DC en la década de 1990, una junta nombrada por el Congreso federal, podría ser más efectiva. Ello, porque sus integrantes estarían desconectados del proceso político en Puerto Rico y tendrían más espacio para tomar las decisiones administrativas necesarias aunque sean controversiales.
TARDÍO EL GRADO DE CHATARRA.
De otra parte, a preguntas de la audiencia, Hampton aceptó que Moody's pudo haber degradado la deuda de Puerto Rico a grado especulativo mucho antes.
Sostuvo, sin embargo, que la agencia también está llamada a acoger los planteamientos que ha hecho el gobierno y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en torno a cómo han atendido la situación y que en el caso de Puerto Rico, siempre se percibió una crisis estable hasta ahora que el gobierno no pudo continuar con la práctica de financiar el déficit que se llevó a cabo por años, particularmente bajo la pasada administración.
“Creo que es razonable decir que Washington, DC está bajo una presión creciente para que haga algo”
TED HAMPTON VP y analista de crédito senior para Moody's Investors Service