Remedio decisivo a la condena de inocentes
La creciente identificación y exoneración de personas inocentes injustamente encarceladas es una desgracia social que expone las fisuras, los prejuicios y los defectos en el procesamiento de casos, por lo que es menester considerar seriamente cualquier me
Uno de los recursos que ha ayudado a la excarcelación en Estados Unidos de más de 300 convictos por crímenes que no cometieron, son las pruebas de ADN, el fundamento de muchas investigaciones policiacas, judiciales e incluso históricas, la cual no estaba disponible hace unas décadas para que un acusado pudiera probar su inocencia.
A pesar de esta realidad, desde hace dos meses está detenido en la Asamblea Legislativa el proyecto de la cámara 2570, que crearía la Ley de análisis de ADN post-sentencia, y permitiría que un preso solicite y pague el costo de hacerse el examen genético.
Al abogar por la pronta consideración y aprobación de la medida, la directora de política institucional de The Innocence Network, Rebecca Brown, y el presidente del Proyecto Inocencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet, destacaron que Puerto Rico es la única jurisdicción de Estados Unidos que carece de este recurso para hacer justicia. Fontanet fue más allá al asegurar que el 5% de los presos en la Isla es inocente.
De la experiencia de las pasadas dos décadas también deriva la enorme importancia de iniciativas tales como el Proyecto Inocencia, instrumental en librar de la pena capital a una veintena de convictos entre 330 que, gracias a su gestión, ahora tienen una segunda oportunidad.
Proyecto Inocencia fue creado en 1992 por Peter Neufeld y Barry Scheck, abogados de defensa del jugador de fútbol americano acusado de asesinato O. J. Simpson, en la Escuela de Derecho Benjamín N. Cardozo de la Universidad de Yeshiva, en Nueva York.
La organización con presencia en Francia, Canadá, Italia, Australia, Sudáfrica y América Latina, entra a la escena pública de la Isla pisando fuerte con el caso de violación y asesinato de la reina de belleza Glorimar Pérez, de 21 años al momento de su muerte en 1994 en Aguadilla, por el cual José A. Caro Pérez, Nelson Ruiz Colón y Nelson Ortiz Álvarez fueron juzgados y sentenciados a cadena perpetua.
A pesar de que dos de los testigos principales se retractaron de sus declaraciones, alegando que ninguno de los convictos tuvo relación con el crimen de Glorimar, los tribunales se han negado a dar paso tanto a un nuevo juicio, así como a pruebas biológicas y de balística que reclaman los convictos.
La luz al final del túnel puede venir para ellos por vía de la aprobación de la ley de ADN post-convicción, pero, sobre todo, por la instrucción dada por el secretario de Justicia, César Miranda, al Instituto de Ciencias Forenses para que busque y revise toda evidencia que exista sobre el caso. Nadie puede predecir el rumbo que tomarán tales iniciativas en la larga historia de procedimientos judiciales que ha generado este caso. Ciertamente hacer justicia debe ser el norte de todos los involucrados y no deben descartar nada en el camino.
La identificación errónea, las deficiencias en la recolección y custodia de pruebas, la corrupción, el prejuicio y el racismo, las faltas éticas de los funcionarios, la defensa inadecuada, las confesiones o las admisiones falsas son algunos de los errores que se repiten en los casos resueltos por Proyecto Inocencia en otros países que deben examinarse también aquí.
Las condenas equivocadas destruyen vidas y erosionan la legitimidad de las instituciones judiciales. Por ello es importante aprender de la experiencia y, de encontrarse que hubo fallas en el sistema, corregirlas y dar paso a medidas que puedan contribuir a encarcelar a un culpable o dejar libre a quien no lo es. Porque los años que pase un inocente encarcelado no tienen reemplazo y son un drama para toda la sociedad.