Surgen trabas a la propuesta de junta fiscal local
Proyecto que envió el Ejecutivo será enmendado para separarlo de plan
La Cámara de Representantes se apresta a enmendar considerablemente el proyecto de ley que crea la junta fiscal porque de aprobarlo tal y como está daría paso a un plan que no ha fiscalizado.
Además, según el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Rafael “Tatito” Hernández, el proyecto del Ejecutivo tiene “aspectos procesales” improcedentes.
“La legislación, como está redactada, de antemano, establece el respaldo de la Asamblea Legislativa a un plan que no hemos aprobado. Como legislador, no puedo aprobar algo que no he leído. Lo que estamos buscando nosotros es transparencia”, dijo el representante a cuya comisión le corresponde evaluar el proyecto enviado por Fortaleza en la noche del jueves.
La medida, además de crear la Junta de un Plan de Crecimiento Económico y Fiscal establece que ese cuerpo tendrá 30 días para “revisar el plan de crecimiento económico y fiscal propuesto por el Grupo de Trabajo”.
El mencionado grupo está definido en la medida legislativa como el equipo que se conformó mediante la orden ejecutiva 2015-022. Esa es la orden ejecutiva emitida por el gobernador Alejandro García Padilla el pasado 29 de junio de este año para que el secretario de la Gobernación, Víctor Suárez; la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta; el secretario de Justicia, César Miranda y los presidentes de la Asamblea Legislativa, Jaime Perelló y Eduardo Bhatia prepararan el Plan de Ajuste Fiscal y Económico de Puerto Rico. El documento fue presentado a los legisladores en septiembre pasado.
De acuerdo con la medida, la junta fiscal aprobará ese plan tras verificar que puede propiciar crecimiento económico para el país, reducir la deuda y proporcionar credibilidad institucional al Gobierno.
Hernández dijo que no avala, ni está en contra del proyecto de García Padilla. Advirtió que “es extremadamente complicado entrar en un análisis de una medida que hace referencia a un plan que no está radicado ante la Asamblea Legislativa”.
Además, cuestionó la aprobación de un proyecto que se sustenta en una orden ejecutiva y que vincula o compromete a futuras asambleas legislativas porque la junta existiría por cinco años. “Podemos aprobar lo que tiene que ver con (la creación) de la junta. Nosotros la enmendaremos para que pueda ser funcional y práctica, y que pueda tener una acción afirmativa de los legisladores”, anticipó.
Igualmente, anticipó que habrá un caucus de la mayoría popular y allí planteará sus reservas.
Por su parte, el portavoz de la delegación de minoría novoprogresista, Larry Seilhamer, alegó que la pieza usurpa la función de la Legislatura. “Es un plan sin la intervención de la Asamblea Legislativa”, dijo.
Se refiere a que el proyecto establece que el plan será aprobado mediante orden ejecutiva del gobernador tras recibir el visto bueno de la junta fiscal. Y, “aquellas medidas del plan que requieran acción legislativa serán presentadas a la Asamblea Legislativa”.
“Se puede ver como una imposición del gobernador”, sostuvo Seilhamer.
El economista Gustavo Vélez opinó que la junta fiscal tendría funciones que le corresponden a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Además, anticipó que sus funciones pudiesen chocar con la Legislatura.
La junta escoge las agencias y corporaciones que fiscalizará y puede reducir o restringir sus ingresos y sus gastos si no cumplen con el plan, según el proyecto de ley.
Tanto Vélez como Seilhamer cuestionaron la “inmunidad” y el costo del funcionamiento de la junta fiscal que, según la medida, es de $1 millón mensual con la posibilidad de pedir fondos adicionales a la OGP o a la Legislatura.
Además, los cinco miembros de la junta, nombrados por el gobernador, estarían exentos de la Ley de Ética Gubernamental, la Ley del Fiscal Especial Independiente y la Ley del Proceso de Transición del Gobierno.