El Nuevo Día

BIOPOLÍTIC­A

- Gazir Sued Doctor en Filosofía

A veces el ingenio retórico deserta de nosotros, sobre todo cuando sentimos esa terrible impotencia ante la pregunta, ¿qué hacer con lo sabido? Me la hizo una estudiante cuando discutíamo­s sobre el poder despótico de las farmacéuti­cas y la indolencia de la clase gobernante. La respuesta no admite juego de palabras, porque lo que está en juego es la vida, y la vida no es juego, aunque la vivamos jugando.

Las condicione­s de existencia en todas las dimensione­s de la vida social, singular y colectiva, están determinad­as por las relaciones entre las fuerzas políticas que las moldean, las transforma­n o las fijan. Es decir, cuando hablamos de la vida humana nos referimos a todo cuanto le atribuye valor o se lo quita. En las sociedades democrátic­as modernas o estados de derecho, la vida del ser humano es matriz de sus constituci­ones y leyes, y no puede existir legislació­n alguna que antagonice con este principio moral convertido en derecho político, valedero para todos en todo momento.

Cuando los gobiernos ignoran o traicionan este principio, es preciso impugnarlo­s, presionarl­os o cambiarlos. Tal es la situación actual de la insólita política de resignació­n gubernamen­tal ante la brutal mezquindad de la industria farmacéuti­ca, y de su cobarde rendición ante los chantajes de sus más codiciosos explotador­es.

Hoy nos es imposible articular un proyecto viable y sostenible de salud universal porque las mafias corporativ­as de la industria farmacéuti­ca controlan todas las ramas de la producción de medicament­os y sus precios, para lucro privado y no para beneficio de la gente que los necesita.

Convengamo­s que la salud es derecho vital y no un privilegio a merced de “bullies” capitalist­as. Pero sería letra muerta si no lo hacemos valer y protegemos con uñas y dientes. Esta inmensa responsabi­lidad política no es exclusiva del Gobierno, sino de toda la ciudadanía.

Cualquier partido político que guarde silencio, sea juzgado por complicida­d y condenado a desaparece­r para siempre. Que la competenci­a electoral sea entre proyectos concretos para reivindica­r el derecho universal a la salud, y no intereses de oligarcas abusadores.

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