Tribunales deben atender el discrimen contra la Isla
Juez federal dice que el sistema judicial provocó las iniquidades que vive la gente en Puerto Rico
WASHINGTON.- Ante la inacción del Congreso, le toca al sistema judicial estadounidense corregir el trato discriminatorio que Estados Unidos otorga a sus ciudadanos que residen en Puerto Rico, indicó el juez federal de apelaciones Juan Torruella.
En una conferencia que ofreció el jueves en la noche en Nueva York, como parte de un foro organizado por el Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College, Torruella sostuvo que es “improbable” que el Congreso tenga disposición de corregir la falta de derechos a los que se enfrentan los residentes de la Isla.
Para Torruella, juez del Primer Circuito de Apelaciones federales que revisa las decisiones de la corte federal de San Juan, “la ciudadanía colonial no solo es inherentemente inferior debido a su falta de poder político, es aún más devaluada porque está sujeta a los poderes plenarios del Congreso, un organismo político que responde solamente a aquellos que están do- tados de influencia política”.
“Eso significa que hay que mirar hacia el Tribunal (Supremo) y el sistema judicial. La condición inconstitucional de Puerto Rico fue creada por el Tribunal Supremo y agravada por las cortes de apelaciones, que han demostrado una increíble falta de fortaleza interna en el tratamiento de esta condición manifiestamente inconstitucional”, indicó Torruella.
En su presentación, el juez repasó las determinaciones del Tribunal Supremo estadounidense que, por advertir que territorios como Puerto Rico no están encaminados a la estadidad, validaron una relación colonial y afirmaron que no todos los derechos que otorga la Constitución de Estados Unidos aplican a los ciudadanos estadounidenses que viven en la Isla.
Por ejemplo, mencionó la jurisprudencia más importante sobre la Isla de los Casos Insulares, sobre todo el caso Balzac versus Porto Rico (1922), que sembró el argumento de que en los territorios a los ciudadanos estadounidenses solo se les reconocen los derechos fundamentales de la Constitución federal. Con el tiempo se ha determinado que no es un derecho fundamental tener pleno acceso a programas como el Seguro Social Suplementario o asistencia alimentaria.
“El que Estados Unidos dé crédito o apoyo al razonamiento arcaico de los Casos Insulares y a la noción de que los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico no tienen derecho a los mismos derechos que los ciudadanos en el resto de la nación, en un momento de la historia en que este país ha condenado el colonialismo y ha promovido su virtual erradicación de todo el mundo, no es solo moral y legalmente equivocado, sino escandaloso. Se trata de una violación del derecho internacional y los tratados internacionales de los que somos parte. Es, de hecho, una violación de la propia Constitución (federal)”, indicó.
Torruella recordó que el Tribunal Supremo estadounidense acaba de aceptar revisar el caso de Pueblo versus Sánchez Valle sobre doble exposición de un convicto federal en Puerto Rico, que le ofrece la oportunidad de examinar el concepto de soberanía general que puede tener la Isla como territorio estadounidense. Para el juez Torruella, el debate está muy claro.
“El estado de desigualdad impuesto a Puerto Rico desde el primer día bajo la soberanía de Estados Unidos no ha cambiado ni un ápice, irrespectivamente del lavado de cara que supuso el otorgamiento de la ciudadanía bajo la Ley Jones (1917), y el establecimiento del llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es solo un territorio no incorporado disfrazado, sujeto a los omnipotentes poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula para territorios de la Constitución”, agregó.