Se buscan $60 mil millones
En las próximas semanas, la actual administración de gobierno puede enfrentar una peligrosa encrucijada al tener que escoger entre pagar la nómina o pagar los bonos de obligación general. Claramente, ya el gobierno opera, para todos los efectos prácticos, en un estado de insolvencia. Aunque no hay precisión de la magnitud del hoyo fiscal, sabemos que es bastante profundo. Lo irónico de este asunto es que hace más o menos una década, el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, experimentaba una situación similar.
En aquél momento, recién comenzada la crisis económica, el entonces mandatario había heredado un presupuesto deficitario del gobierno anterior, con la mala suerte de que no tenía control de la Asamblea Legislativa. El deterioro financiero llevó al cierre del gobierno, el primero de mayo, y de allá para acá, el resto es historia. Se han pasado una docena de impuestos, se han recibido billones de dólares del gobierno federal y se ha duplicado la deuda pública, y una década después la economía está colapsada y el gobierno en bancarrota.
Un análisis detallado de todo el dinero nuevo que ha recibido Puerto Rico en la pasada década evidencia que a la economía local han entrado sobre $60,000 millones de dólares, entre impuestos nuevos, ayuda federal y emisiones de deuda. Esto equivale a $6,000 millones anuales, en adición a los $20,000 millones que ya entran en transferencias federales, al gobierno y los individuos. Al ver esta cifra, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿a dónde ha ido a parar todo este dinero?.
La pregunta tiene la mayor validez del mundo, ya que una década des- pués, la economía continúa en depresión, sin ningún indicio de que vaya a mejorar. La infraestructura pública se encuentra en deterioro. Las carreteras repletas de hoyos, las plantas generatrices de la AEE se encuentran obsoletas y por no haber sido dragados los embalses de la AAA, el País atraviesa una sequía.
¿DE DÓNDE VINO EL DINERO? Los $60 billones se desglosan de la siguiente manera. La mitad del dinero vino de la deuda pública emitida entre el 2005 y el 2015, que asciende a $30,000 millones. Curiosamente, $23,200 millones provinieron de emisiones de las corporaciones públicas, incluyendo Cofina. Este último emisor se creó junto con la ley que habilitó el Impuesto de Venta y Uso (IVU), para proveer una fuente de repago a la deuda extraconstitucional. O sea, se cogió dinero del presente para pagar deuda adquirida en el pasado.
La segunda fuente mayor de ingreso fue el IVU, que desde su origen hasta el presente, ha generado $9,688 millones en recaudos, de los cuáles $5,035 millones se han usado para pagar los bonos Cofina. Me acuerdo claramente que cuando se aprobó el IVU en el 2006, como parte un acuerdo para reabrir el gobierno, mucha gente dijo que con esto se finalizaría la crisis fiscal e, irónicamente, marcaba el comienzo.
En el 2010, como parte de la estrategia para financiar la Reforma Contributiva de la anterior administración, se aprobó un controversial impuesto sobre las llamadas corporaciones foráneas de 4% de las transacciones comerciales entre filiales. Este impuesto especial se supone que cesara en el 2016, pero la actual administración lo extendió hasta el 2021. Este arbitrio ha generado $8,030 millones desde el 2010 al presente, lo que representa un ingreso anual promedio de $1,606 millones.
La obsesión impositiva (imposición de poner más impuestos) también se extendió a la actual administración. El actual gobierno, para justificar el alza en el gasto público, aumentó las tasas contributivas sobre las corporaciones de 30% a 39%, impuso la patente nacional, recientemente aumentó el IVU de 7% a 11.5%, además de un IVU de 4% en las transacciones de servicios entre negocios y aumentó el impuesto a los derivados del barril de petróleo de $3 a $15, que estimamos han tenido un efecto de $1,500 millones en recaudos (estimado conservador).
Además de los recaudos por conceptos de impuestos, el gobierno federal nos envió $7,000 billones de los fondos ARRA, y han entrado $4 billones del “Obamacare” para financiar la reforma de salud.
A pesar de los recursos antes descritos, nos parece inaudito que el gobierno aún opere con déficits recurrentes y que la economía continúe en caída. Sin embargo, esto tiene una explicación sencilla. El desmantelamiento del aparato productivo como resultado de la salida de miles de establecimientos industriales ha reducido al mínimo el efecto multiplicador de la producción. Además, el gobierno ha utilizado una cantidad muy considerable de los nuevos recursos no para invertir en obra nueva, sino para financiar gastos operacionales, lo que no aumenta el acervo de capital en la economía.
Revertir esta realidad va a requerir un cambio radical en la estrategia. Hay que reorientar todas las energías y recursos económicos hacia la reconstrucción de infraestructura productiva.
El problema es que llevamos demasiado tiempo tratando de resolver un problema de falta de producción y actividad económica con medidas fiscales e impuestos, que lejos de resolver la crisis la han agudizado. Todavía estamos a tiempo para cambiar la ruta.