Sin pausa hasta una reforma educativa total
La tarea de reformular el sistema educativo y de sanear en forma de manera profunda la agencia que lo administra, debe acometerse con firmeza y sentido práctico, dando prioridad a toda legislación, propuesta y acción gubernamental que propenda a convertir
Aunque no se trate de soluciones perfectas, los pasos que se puedan dar hay que aprovecharlos sin miedo, a sabiendas de que no es opción no hacer nada cuando se trata de sacar adelante nuestra educación pública. Por eso, aprobada en el Senado la legislación encaminada a una transformación de la escuela pública puertorriqueña, corresponde ahora a la Cámara de Representantes incluir la medida en su lista de prioridades de la presente sesión ordinaria de manera que, tras la correspondiente evaluación, se complete el trámite legislativo.
Aunque, como ocurre con todo trámite legislativo y con toda acción humana, la pieza no debe entenderse como todo a lo que aspiramos en cuanto a reforma educativa, lo cierto es que muchas de sus disposiciones proveen las herramientas educativas y resultan en iniciativas operacionales y gerenciales pertinentes al Departamento de Educación que, de observarse el espíritu en que fue aprobada, constituye un marco legal adecuado para encaminar al estudiantado hacia el desarrollo de una educación integral que le ayude a forjar su mejor futuro ciudadano y profesional.
La propuesta de una Ley para las Alianzas en la Educación Pública, de la autoría del presidente del Senado, Eduardo Bhatia, representa un buen esfuerzo en la dirección de enmendar en sus bases más vitales la ley orgánica del Departamento de Educación, ese gigante burocrático sin control administrativo y con evidente desenfoque en sus más puntuales objetivos.
Ha sido demás una de las piezas legislativas que con mayor rigor se ha debatido en los pasados años en la Asamblea Legislativa, incluyendo la celebración de 13 audiencias públicas en las que se alentó y obtuvo la participación de todos los actores en el gran drama de la educación de nuestros niños y jóvenes.
De especial significado resulta el apoyo que recibió la legislación por parte de cuatro de los exgobernadores de Puerto Rico -Rafael Hernández Colón, Luis Fortuño, Sila M. Calderón y Aníbal Acevedo Vilá-, quienes en un gesto raramente visto en la ardiente política partidista puertorriqueña, redactaron y dieron a la publicidad una declaración conjunta en la que ofrecieron total respaldo a la medida afirmando su parecer de que su acción refleja lo fundamental que es trascender las divisiones políticas para procurar la unión de todos por el bien del estudiantado puertorriqueño.
Previamente, el secretario de Educación de Estados Unidos, Arne Duncan, había refrendado la medida del senador Bhatia afirmando que es un paso en la dirección correcta para enfrentar la “encrucijada educacional” en que se halla el sistema de educación pública de Puerto Rico.
Desde el marco constitucional, la legislación recibió el visto bueno del secretario de Justicia, César Miranda, como también lo recibió de parte del secretario de Educación, Rafael Román, a quien el Senado aceptó unas enmiendas dirigidas a clarificar algunos conceptos de la legislación.
En resumidas cuentas, de lo que trata la medida aprobada por el Senado, que debe ser igualmente apoyada en la Cámara de Representantes, es de proveer -más que ningún otro grupo en particular, a los estudiantes, su razón de ser- los elementos más efectivos que logren la democratización de la enseñanza pública, el aliento a los jóvenes hacia la curiosidad por los estudios y la investigación, colocar en manos de los maestros los recursos adecuados para impartir educación y descentralizar una agencia extremadamente burocrática, obsoleta y politizada hasta el tuétano.
No merece mucha discusión plantear que una agencia con un presupuesto de unos $3,300 millones anuales tiene las formas y maneras -si es correctamente enfocada y dirigida- para hacer realidad efectiva y eficazmente “el afán por la educación” de que habla la Carta de Derechos de nuestra Constitución. La legislación aprobada en el Senado va por ese camino.
Continuemos con los demás pasos hasta lograr una duradera, y verdadera, reforma educativa en Puerto Rico