Mi sospecha bien fundada
Mientras nos entretenemos con el espectáculo electoral, se cuaja una decisión -o más de una- sobre el destino político de Puerto Rico que podría cambiar nuestro rumbo. Esa es mi sospecha bien fundada.
Por un lado, el Congreso determinará si impone una junta de control fiscal sobre la colonia. Por el otro, el Tribunal Supremo federal (Scotus) decidirá antes de junio próximo cuál es la situación jurídica de soberanía del territorio. Scotus ha aceptado revisar un recurso de certiorari sobre una decisión del Supremo local que sostiene que Puerto Rico no tiene una soberanía distinta a la de Estados Unidos para procesar a convictos federales.
Mis amigos que se especializan en estos menesteres aseguran que los argumentos sobre este asunto podrían estarse escuchando para febrero o marzo del 2016 y que ya para junio Scotus habrá tomado una decisión que podría cambiar radicalmente el status de Puerto Rico en su relación con la metrópolis. Detrás de todo esto tiene que haber mucha negociación y mucha consulta entre las tres ramas del gobierno estadounidense. Algo que puede alterar la relación federal con la colonia no se da en el vacío.
También hay mucho cabildeo de parte de los interesados en Puerto Rico. Tanto viaje a Washington con agendas inciertas no son casualidad.
Mis fuentes ubican a Rafael Hernández Colón en el centro de las negociaciones junto al hermano del gobernador, Antonio García Padilla, y el abogado ponceño Pedro Ortiz Álvarez. Aparte de su relación con el Partido Popular Democrático, Ortiz Álvarez es considerado uno de los mejores constitucionalistas del país y mantiene relaciones muy efectivas con la alta judicatura federal. Tan recientemente como en el 2013 fue quien acompañó a la jueza puertorriqueña del Supremo federal Sonia Sotomayor en la presentación de su libro en Ponce.
La relación de Ortiz Álvarez y Hernández Colón es legendaria. Hay quienes aseguran que la nueva postura de Hernández Colón sobre el status como un asunto judicial, no congresional, tiene su origen en conversaciones con su amigo constitucionalista.
Sotomayor va a tener mucho que decir en la discusión que se avecina en el Supremo federal, por lo que su relación con el sector popular viene al caso. Es conocida su amistad con Mari Carmen Aponte, la puertorriqueña que es ahora embajadora de Estados Unidos en El Salvador, y cuya residencia en Washington ha sido el refugio de muchos, incluyendo a Sotomayor cuando era conside- rada para el Supremo y al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá cuando era comisionado residente.
Lo que nos trae a Acevedo Vilá, cuya trayectoria lo ubica como oficial jurídico del actual juez del Supremo federal Stephen Breyer cuando este era juez del Primer Circuito de Boston.
Eso nos lleva a Antonio García Padilla, quien también fue oficial jurídico de Breyer en Boston. Se dice que ambos mantienen buena relación con el juez del Supremo. Providencial en este caso porque Breyer es el juez que considera la Constitución federal como un documento “vivo” sujeto a revisiones contemporáneas, y es también reconocido como uno de los mejores escritores de decisiones judiciales en todo el sistema federal.
No perdamos de vista tampoco a la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg, de quien se dice tiene también una buena relación con García Padilla y al juez Antonin Scalia, que mantiene vínculos con Ortiz Álvarez.
Yo no creo en casualidades. Lo que decida el Tribunal Supremo federal puede cambiar el rumbo de nuestra historia para bien o para mal. Si Hernández Colón tiene razón, el Supremo federal podría validar el ELA como un status permanente con soberanía separada. O podría declarar a Puerto Rico territorio incorporado abriéndole el camino a los estadistas.
Esto es más importante que las elecciones.