Avala creación de la Junta
Justicia dice que el nuevo ente de control fiscal es “compatible” con las agencias
Ante el señalamiento de algunos legisladores sobre una posible usurpación de poderes, el secretario de Justicia, César Miranda, defendió ayer la constitucionalidad de la propuesta Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica, ente que, según indicó, le permitirá al Estado “restablecer la credibilidad” en sus propias finanzas.
“Lo que se está buscando es que los acreedores del Estado sientan que tienen una garantía de cumplimiento eventual con las obligaciones contraídas y estén dispuestos a sentarse en un proceso de negociación, a reestructurar o redefinir la naturaleza de la deuda existente”, señaló Miranda, en referencia a lo que llamó “el fundamento” de la propuesta Ley de Responsabilidad Fiscal y Revitalización Económica de Puerto Rico, que a su vez crearía la Junta.
Entre otras funciones, la Junta revisaría y aprobaría el Plan de Crecimiento Económico y Fiscal, requeriría a ciertas agencias y corporaciones públicas sus presupuestos anuales para velar que cumplen con el Plan, supervisaría el cumplimiento del presupuesto aprobado y emitiría “avisos de incumplimiento”, modificaría y restringiría el uso del Fondo Presupuestario bajo el concepto de “asignaciones suspendidas”, y tendría acceso a todo tipo de documento.
Cuestionado al respecto, Miranda reconoció que “sí hay una serie de funciones” que hoy lleva a cabo la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) que “de alguna forma” la Junta asumiría, pero descartó que eso conlleve un choque de poderes.
“La OGP pasaría a ser un brazo conjunto de la Junta, que será un organismo que propondrá una ejecución más efectiva de la administración de las agencias y corporaciones públicas. Asimismo, me parece que es bueno para Puerto Rico que finalmente estemos presentado un mecanismo que nos dé la certeza de que el presupuesto que estamos aprobando guarda relación estricta con los recaudos esperados, y que se incluyan medidas para demandar el cumplimiento de las agencias con el presupuesto que se les asigna”, dijo Miranda, y reiteró que “las funciones de la Junta son compatibles con las que llevan a cabo hoy las agencias de gobierno”.
En cuanto al costo del funcionamiento de la Junta, que según el proyecto de ley sería de $1 millón mensual, Miranda -quien ayer ultimaba los detalles de la ponencia que llevaría esta semana a la Legislatura- lo justificó aduciendo que habría un director ejecutivo y cuatro miembros asociados, que, a su vez, reclutarían “staff” y consultores específicos.
“Esto conlleva un costo. Estamos tratando de sacar a Puerto Rico del atolladero, de lograr una credibilidad en los mercados y que se sienten a negociar con nosotros sin tener una ley de quiebra. Si tuviéramos una ley de quiebra, todo sería mucho más fácil y articulado”, sostuvo.
EVALUACIÓN “EN DETALLE”.
Ayer, varios senadores y representantes de mayoría dijeron que, aunque en principio favorecen la creación de la Junta, están evaluando que al organismo no se le deleguen funciones de las ramas ejecutiva y legislativa.
“El poder de imponer o rebajar contribuciones, las medidas de recaudo, la elaboración del presupuesto y las leyes orgánicas de las agencias son facultades indelegables de la Legislatura. Cualquier cosa que pueda interpretarse como lo contrario no pasaría el crisol constitucional”, expuso el representante Luis Vega Ramos.
“Quiero estar seguro de que las leyes y artículos que se plantean dentro del proyecto no toquen el poder legislativo”, dijo, por su parte, el senador Cirilo Tirado.
En tanto, el representante José “Conny” Varela indicó que, “dada las circunstancias económicas del País tenemos que reevaluar y ajustar” el costo del funcionamiento de la Junta. “Me preocupa el asunto de la delegación de poderes, así como la manera en que se escogerá a los miembros de la Junta. A eso es lo que voy a estar pendiente”, señaló.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado, José Nadal Power, opinó que “no creo que la propuesta esté invadiendo o usurpando los poderes constitucionales de la Asamblea Legislativa, pero estoy abierto a escuchar los distintos planteamientos en las vistas públicas próximas a iniciar”.
“No he visto una incompatibilidad de tal naturaleza que sea equivalente a una violación seria de carácter constitucional”
CÉSAR MIRANDA
Secretario de Justicia “Quiero asegurar que la medida no tenga lenguaje que transgreda los poderes que la Constitución da al Legislativo y al Ejecutivo”
LUIS VEGA RAMOS
Representante
“Creo que el proyecto sufrirá cambios, pero mientras más parecido quede a la versión original que envió el Ejecutivo, mejor”
JOSÉ NADAL POWER
Senador