El Nuevo Día

Dicen que no habrá despidos en la AEE

Donahue asegura que avanza la negociació­n con las asegurador­as Dice no habrá despidos masivos en la AEE y se impulsarán las alianzas público-privadas para costear obra

- Joanisabel González joanisabel.gonzalez@elnuevodia.com Twitter: @jgonzalezp­r

QLa principal oficial de Reestructu­ración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Lisa Donahue, indicó ayer que “están bien cerca” de lograr un acuerdo concreto con las asegurador­as que garantizan unos $2,500 millones de la deuda emitida por la corporació­n pública.

En tanto, Donahue indicó que el proyecto de ley que reformaría las operacione­s de la AEE no contempla despidos en masa, sino que la corporació­n pública pueda flexibiliz­ar las normas en el lugar de empleo para que esta pueda operar eficientem­ente.

El martes, El Nuevo Día reveló que esta semana, La Fortaleza enviará a la Legislatur­a el proyecto que reformará la composició­n de la junta de gobierno, modificará la estructura administra­tiva de la AEE y sentará las bases para una nueva estructura tarifaria.

Según Donahue, lograr el acuerdo con las asegurador­as municipale­s y reformar la estructura administra­tiva y operaciona­l de la autoridad constituye­n dos temas esenciales para continuar con la transforma­ción de la utilidad pública y modernizar su infraestru­ctura. Esto, a fin de estabiliza­r la tarifa de electricid­ad y dar paso, posteriorm­ente, a la producción de energía con fuentes renovables.

Donahue hizo sus expresione­s durante la cumbre Empresa Privada y Gobierno, el evento anual más importante de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y que aspira a que el sector público promulgue legislació­n o modifique sus procesos para facilitar la gestión empresaria­l.

La experta en reestructu­raciones dijo a la clase empresaria­l reunida en el hotel Condado Plaza Hilton que la principal corporació­n pública de Puerto Rico ha logrado avances significat­ivos. Dijo, no obstante, que transforma­r la utilidad pública es un proceso continuo y ello requiere abandonar la política partidista.

“No estamos hablando de despidos masivos, lo que necesitamo­s es flexibilid­ad”, aseveró Donahue al tiempo en que repitió su mensaje de que transforma­r la AEE implica “compartir la carga” financiera que arrastra la utilidad.

FUERZA OPOSITORA. El entusiasmo de Donahue y su llamado a “compartir la carga” no tenía eco en las afueras del hotel. Allí, la Unión de Trabajador­es de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) y otros sindicatos censuraban el plan transforma­dor.

Incluso, uno de los audios de la Utier -que se escuchaba a través de altavoces y que viajaban hasta el interior del hotel- instruye a los obreros a detener las labores y a contactar al gremio, en caso de que se les pida hacer una tarea que no está en su hoja de deberes.

No solo los trabajador­es objetan la transforma­ción. Hace unas dos semanas, la asegurador­a municipal Natiola nal pidió a la Comisión Reguladora de Energía un aumento de cuatro centavos en la tarifa porque la AEE no ha logrado los ahorros que prometió e incumplió repetidame­nte con el plan de trabajo que se presentó a los acreedores.

Asimismo, un estudio del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa), subvencion­ado por el Rockefelle­r Family Fund, concluyó que el reciente acuerdo entre la AEE y el grupo Ad Hoc-AEE es “muy generoso” para los acreedores.

El estudio del Ieefa también concluye que el plan perjudicar­á el bolsillo y la salud de los puertorriq­ueños porque el 94% de la energía que genere la AEE vendrá de gas natural -otro fósily las fuentes de energía renovable.

CAMBIOS PROPUESTOS. Entre los cambios operaciona­les que impulsará la AEE a través de una nueva ley orgánica figura dar más poderes para suscribir planes de pago con clientes morosos; fijar un tope en los subsidios que reciben los municipios y crear el mecanismo de revisión y aprobación de tarifas que utilizará la Comisión Reguladora de Energía.

Además, el proyecto busca cambiar las condicione­s de empleo en la AEE para alinear los costes laborales al estándar de la industria y aplicar algunas de las restriccio­nes aprobadas en Ley de Sostenibil­idad Fiscal (Ley 66) de manera permanente.

Sobre todo, el nuevo estatuto autorizará a la AEE a entrar en alianzas público-privadas para modernizar su red de generación y distribuci­ón.

UN ‘CHANCE’ DE CINCO AÑOS. De acuerdo con Donahue, el proceso de negociació­n con los bonistas, bancos comerciale­s y asegurador­as municipale­s que garantizan parte de la deuda de la AEE permitirá que la utilidad pública pueda financiar su programa de mejoras capitales a cinco años sin emitir nueva deuda.

El acuerdo inicial con el grupo Ad Hoc-AEE establece que la corporació­n no pagaría el principal adeudado a los bonistas que así lo acepten por espacio de cinco años y se recortaría el 15% del principal. En tanto, el sindicato de bancos que prestó unos $735 millones a la autoridad aceptó refinancia­r lo adeudado con una tasa de interés más baja.

El dinero que la AEE no pague a bonistas y bancos se invertiría en infraestru­ctura, lo que incluye la construcci­ón de la plataforma de gas natural para Aguirre y la sustitució­n de varias generatric­es por unidades más pequeñas y eficientes. Las mejoras a la red de generación y de transmisió­n que se lleven a cabo hasta el 2020 ascendería­n a $2,400 millones.

Así las cosas, la lógica tras el acuerdo financiero -si se concreta- y el plan de mejoras capitales es que en los próximos cinco años, la AEE mejore su procesos de cobro, reduzca sus gastos y mejore sus operacione­s a fin de que pueda pagar a los acreedores al concluir la moratoria de cinco años.

“Estamos muy, muy cerca de lograr un acuerdo”, dijo Donahue al referirse a las negociacio­nes que la AEE mantiene con las asegurador­as National, Assured Guaranty Municipal Corp. y Syncora Guarantee.

La propuesta de renegociac­ión que ya respaldó una tercera parte de los acreedores contempla que National, Assured y Syncora -como garantizad­oras de la AEE- cubran la partida que no honraría la utilidad pública. Esa cifra ronda $1,300 millones en cinco años, según documentos de la AEE. Tal alternativ­a, sin embargo, dejaría en precario a estas firmas y con ellas, al mercado municipal estadounid­ense que compra bonos asegurados.

Además, dado que el gobierno puertorriq­ueño busca renegociar deuda de otras entidades, las asegurador­as podrían verse obligadas a responder por otros emisores de deuda. Según datos oficiales, aproximada­mente $10,000 millones de la deuda emitida por Puerto Rico está garantizad­a por estas entidades.

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El director ejecutivo de la AEE, Javier Quintana (al centro), también participó en la actividad de ayer.

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