Esperan por Tesoro federal
Acosta Febo dice no habrá rescate, pero sí “planteamientos importantes” El Gobierno afina el “superbono”
La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo, confirmó ayer que el Departamento del Tesoro contribuirá a resolver la crisis fiscal que experimenta Puerto Rico, pero la intervención de esa dependencia federal no representará un rescate financiero para el territorio estadounidense.
Sin soltar prenda de lo que se haría por el gobierno puertorriqueño, Acosta Febo sostuvo que el Tesoro federal tiene interés en ayudar a Puerto Rico “dentro de sus posibilidades”.
“Ciertamente, no hay un rescate (de parte del Tesoro federal) y no hemos pedido un rescate, pero el Tesoro va a hacer unos planteamientos importantes”, dijo Acosta Febo al indicar que el anuncio de la dependencia federal sucedería “próximamente”.
Se espera que el asesor del secretario del Tesoro, Antonio Weiss, discuta el caso de Puerto Rico en una audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal programada para mañana en Washington.
Acerca de las alternativas que tendría el Tesoro, Acosta Febo declinó hacer comentarios. La funcionaria hizo sus expresiones al concluir una presentación en la cumbre Gobierno y Empresa Privada, el principal evento anual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y en el que, por primera vez, se discutió el proceso que se sigue para renegociar la deuda pública.
Allí, minutos antes de partir para la capital federal, Acosta Febo catalogó como “una falacia” que Puerto Rico no haya divulgado su precaria posición de efectivo y anticipó que las negociaciones con los distintos acreedores del Gobierno comenzarán formalmente la semana entrante.
“Hay mucha gente cabildeando, y perdonen que lo diga, pagando para que en Puerto Rico no pase nada. Es una falacia que no hay números”, dijo.
La funcionaria explicó que los estados financieros para el año 2014 no se han publicado porque la pasada administración descentralizó el proceso de cuadre de cuentas que antes realizaba el Departamento de Hacienda, retrasando los procesos.
Comentó que al presente los informes acerca de la liquidez gubernamental y el análisis de sostenibilidad fiscal, preparados por la firma Conway MacKenzie y la economista Anne Krueger y dos de sus colegas, respectivamente, ofrecen datos actualizados acerca de la estrechez del Gobierno.
URGEN LOS ESTADOS AUDITADOS. Sin embargo, el analista de crédito para Stone Lion Capital, Julio Cabral, insistió en la necesidad de publicar los estados financieros del Gobierno. Ello porque los informes son auditados y los estudios Conway y Krueger descansan en premisas que pueden ser manipulables.
El expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), Kermit Lucena, coincidió al explicar que los estados financieros son clave para viabilizar la renegociación de la deuda.
Cabral reconoció los aciertos del Gobierno para atajar la crisis presupuestaria. Según el analista, el déficit financiero gubernamental ronda los $6,000 millones. Su análisis se aleja del estimado de $14,000 millones que el Gobierno publicó recientemente. A LA PUERTA DE UN “DEFAULT”. De acuerdo con Cabral, y más allá de los números, lo indisputable es que Puerto Rico podría entrar en un impago masivo y desordenado tan pronto como a finales de este año. Ello, a menos que la administración de Alejandro García Padilla se aleje de las posturas tomadas a la fecha y honre la deuda respaldada por la Constitución. De ser el caso, dijo que el Gobierno podría encontrar quien le preste dinero a Puerto Rico a corto plazo. Criticó que la toma de decisiones descanse en los asesores de reestructuración que ha contratado el Gobierno.
LOS DERECHOS DE LOS ACREEDORES. A ello, Acosta Febo respondió que los asesores siguen las instrucciones del Gobierno y sostuvo que la transacción en la que trabajan -y que el mercado financiero ha denominado como un “superbono”- considera los derechos de los distintos acreedores.
La estrategia busca intercambiar los distintos bonos emitidos por un solo instrumento con mayores garantías o certezas que las actuales.
Entre las alternativas que se contemplan para que el Gobierno pueda convencer a los acreedores -y que El Nuevo Día adelantó- figura que el Tesoro federal valide los recaudos que levantaría Puerto Rico para pagar el superbono.
Según fuentes de este diario, el Gobierno tendría que aglutinar diversas fuentes de recaudos bajo una nueva estructura que sirva para repagar los bonos que se intercambien.
A preguntas de El Nuevo Día, Acosta Febo indicó que todavía trabajan en ese aspecto, así como en la posibilidad de allegar dinero a corto plazo para evitar un impago del Gobierno.