Reestructuración de la AEE que es inaplazable
La legislación de reforma de la Autoridad de Energía Eléctrica que se propone enviar en los próximos días a las cámaras legislativas el gobernador Alejandro García Padilla debería completar la obligada reestructuración de la agobiada corporación pública,
El proyecto de ley, que según adelantara este martes El Nuevo Día busca reorganizar las operaciones de la AEE para hacerla eficiente y costoefectiva, dará forma al trabajo para el que fue contratada Lisa Donahue, de la empresa de reestructuraciones empresariales Alix Partners, encargada también de la renegociación de la deuda de más de $9,000 millones que tiene el ente estatal.
Por eso no debería sorprender a nadie que se anticipe que la medida incluirá profundos recortes de personal de todos los niveles, así como la probabilidad de un aumento tarifario que afectará a la mayor parte de los 1.4 millones de abonados de la AEE y que tendrá que ser aprobado por la Comisión de Energía.
La legislación pendiente de ser enviada a la consideración de la Cámara de Representantes y el Senado, que podría ser atendida en las postrimerías de la sesión actual con el consentimiento unánime de las cámaras, probablemente deberá esperar hasta la próxima sesión ordinaria, que comienza en enero.
Cuando falta menos de un mes para que finalice esta sesión, los legisladores tienen las manos llenas con el proyecto de administración dirigido a crear una Junta de Control Fiscal, pieza esencial para contrarrestar la crisis financiera del Gobierno.
Aun sin haber sido radicada, la legislación de reforma de la AEE ya enfrenta la oposición abierta de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), que representa a casi 5,000 empleados de la corporación pública.
La UTIER realizó ayer una protesta frente a un hotel del Condado, aprovechando que Donahue daría allí un discurso en el marco de la cumbre “Empresa privada y Gobierno: socios para el progreso de Puerto Rico”.
Con la reestructuración propuesta, la AEE modificaría dramáticamente su estructura administrativa, eliminando plazas de confianza y estableciendo parámetros de eficiencia y desempeño para su plantilla, incluyendo los trabajadores unionados.
Del mismo modo, se reduciría el número de integrantes de su junta de gobierno para dotarla de lo que Donahue describe como “una perspectiva empresarial” y se buscaría despolitizar la corporación pública reduciendo el número de empleados de confianza. Además, Donahue adelantó que se trabaja en la formulación de medidas para incrementar la seguridad de los trabajadores, un renglón que la UTIER siempre ha denunciado como inadecuado y que el año pasado resultó en la muerte de tres celadores de líneas.
Difícilmente se podría estar en desacuerdo con tales expectativas, que deberían redundar en la recuperación financiera y operacional de la AEE.
El área más neurálgica podría ser el posible aumento en las tarifas que pagan los abonados, pero todo indica que es muy temprano para vaticinar cuánto más tendrán que pagar los clientes una vez se apruebe la legislación, se concluyan las negociaciones con los acreedores y se someta una recomendación a la Comisión de Energía.
Aunque la AEE tiene una deficiencia de siete u ocho centavos por kilovatio-hora en el cobro de sus facturas, el plan contemplaría aumentar las tarifas en un promedio de tres centavos por kilovatio-hora. No obstante, ello dependería del resultado de las negociaciones con los acreedores y de los ahorros operacionales que se logren, renglones en los que, según Donahue, se han logrado avances.
En resumen, lo que plantearía la legislación en la que se trabaja iría en la dirección de una reestructuración completa de la corporación. Así que lograr un plan afinado a las necesidades del País es en lo que ha que concentrar todos los esfuerzos.
Hay que alcanzar la transformación de la AEE cuanto antes.