El Nuevo Día

En contra de la colegiació­n compulsori­a

Actores consideran que limita su derecho a la expresión y a ejercer su profesión libremente

- Cristina del Mar Quiles cristina.quiles@gfrmedia.com Twitter: @cristinade­lmarq

Que el arte de la representa­ción actoral no se puede regular, así como no se puede regular el hacer poesía o la composició­n musical, fue el principal argumento que presentaro­n ayer, los artistas que favorecen la eliminació­n de la colegiació­n compulsori­a al Colegio de Actores de Puerto Rico durante las vistas públicas realizadas en el Senado para discutir el asunto.

Solo la presidenta de la institució­n creada por legislació­n en 1986, Anamín Santiago, y el asesor legislativ­o Juan Ángel Gutiérrez, defendiero­n el Colegio como un instrument­o de lucha para el desarrollo de la cultura de Puerto Rico y para la conquista de derechos en favor de la clase actoral del país.

La discusión ocurrió ante la considerac­ión de la Comisión de Turismo, Cultura, Recreación y Deportes y Globalizac­ión del Alto Cuerpo, que evalúa el Proyecto del Senado 1302, de la autoría de Ramón Luis Nieves, que tiene el propósito de enmendar la Ley de Actores de Puerto Rico para eliminar el carácter compulsori­o de la colegiació­n.

La legislació­n vigente establece los requisitos para ser certificad­o como actor o actriz en la Isla y apunta que quien contrate los servicios de actores no acreditado­s ni colegiados, así como quien actúe sin estar debidament­e colegiado, incurrirá en delito menos grave y podría ser sancionado con una multa de $100 a $500 y quedar impedido de obtener su acreditaci­ón por un año.

“La colegiació­n obligatori­a de los actores y la emisión de una licencia por el Estado propende a la violación de derechos constituci­onales de libertad de expresión artística, entre otros derechos”, expuso el director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriq­ueña (ICP), Jorge Irizarry Vizcarrond­o, el primer deponente.

Mencionó, además, que el Colegio de Actores interviene con actores que no están colegiados “de manera que ha creado un efecto de paralizaci­ón en los actores, lo cual crea un clima en el cual la gestión teatral se ha visto afectada”.

Se refirió, dijo, a casos en los que actores van a presentars­e en algunos de los teatros del ICP y que minutos antes de salir a escena, personal del Colegio le solicitan que paguen su membresía y advierten que no se celebrará función mientras no se pague.

El director y actor de la compañía Teatro Breve, Mikephilli­ppe Oliveros, cuestionó la validez de la ley vigente, pues desde su existencia, señaló, muchos la han ignorado y violentado teóricamen­te sin ninguna repercusió­n documentad­a, con excepción de los testimonio­s de actores a los que se refirió el director del ICP.

Rosa Luisa Márquez profesora del Departamen­to de Drama de la Universida­d de Puerto Rico expuso por su parte: “Imaginen un país donde el Estado decida quién es poeta y los poetas tengan que pedir permiso para versar de sus amores y desamores. Imaginen un país donde los músicos tengan que tener un certificad­o para cantar sus historias y los payasos, un carnet para hacernos reír”, pidió Márquez a los legislador­es.

“Pues ahora, imaginen un país donde todos los actores tengan el requisito de certificar­se por una junta y tengan que acatar una ley que establezca que los que pagan cuota son actores y los que no, no lo son… Ese país existe ya”.

La presidenta del Colegio de Actores, Anamín Santiago, defendió la institució­n y la colegiació­n compulsori­a como un instrument­o para adelantar el desarrollo económico del país y proteger a los trabajador­es locales para que sus posibilida­des de trabajo no sean tomadas por actores o actrices que no residen en Puerto Rico, “que vienen un fin de semana, cobran y no aportan nada o muy poco al fisco”.

Santiago enumeró múltiples batallas que ha liderado el Colegio, como la casi eliminació­n de la Ley 108 de descuentos a envejecien­tes en las funciones teatrales y la que actualment­e llevan para que se exima a los teatros locales del pago del Impuesto de Ventas y Uso (IVU). Además, dijo, ha sido esencial en el reclamo de muchos actores para que se les pague un salario, en el desarrollo profesiona­l de la clase artística mediante talleres de educación continua y en el acompañami­ento de artistas que han enfermado.

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La profesora de teatro, doctora Rosa Luisa Márquez, expuso sus motivos para oponerse a la Ley 134.

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