Acuerdo repleto de desafíos para la AEE
La corporación tendrá unos seis meses para reorganizarse y completar el intercambio de bonos para reestructurar su deuda
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se convirtió ayer en la primera corporación pública de Puerto Rico en lograr un acuerdo extrajudicial para renegociar los términos de su deuda pública.
Ayer, justo en la víspera de que venciera la décimo tercera extensión al acuerdo de indulgencia entre las partes, la AEE, unos 14 fondos de inversión que integran el grupo Ad Hoc-AEE y el sindicato de bancos comerciales encabezado por Scotiabank de Puerto Rico suscribieron el acuerdo de respaldo a la renegociación de la deuda (RSA, en inglés) de la utilidad pública.
El acuerdo con los acreedores también incluye al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), al que la AEE le debe al menos $35 millones.
No obstante, el RSA todavía no tiene el aval de las aseguradoras National Public Finance Guarantee (una filial de MBIA), Assured Guaranty Municipal Corp. y Syncora Guarantee, jugadores claves para completar el intercambio de bonos de la AEE y, en especial, para el proceso de renegociación general que impulsa la administración de Alejandro García Padilla. Ello, porque, incluyendo la AEE, las aseguradoras municipales respaldan aproximadamente unos $10,000 millones de la deuda emitida por el gobierno puertorriqueño.
“Estamos trabajando para construir una base financiera sólida para la AEE y seguimos las negociaciones constructivas con nuestras aseguradoras de bonos con el fin de lograr un plan de recuperación de consenso”, indicó la principal oficial de Reestructuración de la AEE, Lisa Donahue.
Por su parte, el presidente de la junta de Gobierno de la AEE, Harry Rodríguez, celebró el hito indicando que “estamos construyendo la base de la transformación de la AEE y el establecimiento de una corporación pública más fuerte que asegure a los puertorriqueños que tienen una corporación de energía confiable en beneficio de las generaciones futuras”.
ACUERDO CON CONDICIONES.
Mientras, Stephen Spencer, ejecutivo de la firma Houlihan Lokey, que asesora al grupo de bonistas Ad Hoc-AEE, describió el acuerdo como “razonable” y con “concesiones sustanciales por parte de los bonistas que beneficiarán significativamente al pueblo de Puerto Rico”.
Aunque la firma del RSA es un paso importante en el proceso de renegociar la deuda de la AEE, dicho documento es apenas el principio de una etapa crítica para completar la renegociación de la deuda de la corporación pública.
Desde ayer, el poder decisional para transformar la AEE ya no radica en la mesa de negociación en las oficinas del bufete Cleary Gottlieb en Nueva York, sino en la Legislatura, la Comisión de Energía de Puerto Rico e incluso hasta en cientos de bonistas que no pudieron articular una palabra
en las conversaciones que encabezó el Ad Hoc-AEE y que ya alcanzan 15 meses.
De aquí que ayer, al emitir sus declaraciones, el grupo Ad Hoc-AEE indicara que el RSA, “establece una cronología crítica para que Puerto Rico obtenga aprobaciones legislativas y administrativas que permitan a la AEE moverse hacia su revitalización”.
El Nuevo Día reportó antes que los acreedores de la AEE firmaron el RSA con la condición de que la administración García Padilla logre la aprobación del proyecto para modificar las operaciones de la corporación pública.
Entre otras cosas, el RSA implicará que se separe una tajada de lo que pagan los abonados a la AEE para, a su vez, pagar la deuda pública. Y el cálculo que servirá de base para separar parte de la tarifa de electricidad y dedicarla al pago de los bonos de reestructuración de la AEE no podrá objetarse y estará sujeto a revisión “periódicamente”.
“Estamos construyendo la base de la transformación de la AEE y el establecimiento de una corporación pública más fuerte que asegure a los puertorriqueños que tienen una corporación de energía confiable”
HARRY RODRÍGUEZ
Presidente de la junta de Gobierno de la AEE
ALIVIO POR VERSE.
En el lado financiero, el RSA plasma en blanco y negro los términos que se aprobaron el pasado 2 de septiembre.
En síntesis, si el RSA se traduce en el intercambio de bonos que interesa la AEE, la utilidad tendrá un recorte de 15% en su principal y una moratoria de cinco años en el pago de principal.
En lo que toca a los bancos y al fondo de inversiones Solus, la AEE tendrá seis años para pagarles los $730 millones que les adeuda en líneas de crédito para combustible. Dicho pago debió efectuarse el año pasado y ese incumplimiento fue lo que forzó la renegociación que ahora entra a su etapa final.
Un estudio reciente subvencionado por una de las fundaciones Rockefeller asegura que tales términos poco ayudan a la AEE y nada aportan a que Puerto Rico adopte fuentes renovables de energía.
JUNIO DE 2016.
Del lado procesal y administrativo, el RSA parte de la premisa de que la AEE podrá dar curso a una reorganización expedita -a lo sumo, seis meses- que permita completar el intercambio de bonos para junio de 2016.
De entrada, según el grupo Ad Hoc-AEE, la Ley de Revitalización de la corporación pública tendrá que aprobarse este mismo mes.
Y ello implica cambiar y nombrar una nueva junta de junta de gobierno; autorizar a que la AEE sea la responsable de evaluar proyectos de alianzas público-privadas en lugar de que lo haga la Comisión de Energía y completar una estructura tarifaria que tendría que estar en vigor en 60 días.
También implica contratar un banquero de inversiones para estructurar el intercambio de bonos, convencer a las casas acreditadoras para que den una clasificación de grado de inversión a los bonos de reestructuración y buscar el respaldo de por lo menos el 75% de los bonistas de la autoridad a que acepten la deuda que emitirá la Corporación para la Revitalización.
El nuevo instrumento de inversión, que se utilizaría para intercambiar la deuda vigente tendría que considerarse como grado de inversión.
INCIERTA EL ALZA.
Lo que ayer todavía no quedaba claro es cuánto de esa reestructuración terminará en los bolsillos de los abonados de la AEE. Ello habida cuenta el recorte de principal, los ahorros en intereses no son suficientes para cerrar el déficit de 8 centavos por kilovatio hora que, según Donahue, urge cerrar “distribuyendo la carga” entre todos los interesados.