El Nuevo Día

Un golpetazo al bolsillo El cierre parcial del Gobierno aumentaría el nivel de pobreza en un sector poblaciona­l

- Limarys Suárez Torres lsuarez1@elnuevodia.com Twitter: @Limarys_Suarez

Un cierre parcial de las operacione­s del gobierno central por la falta de liquidez tendría un impacto de cerca de $500 mensuales en el bolsillo de los 30,000 empleados que serían afectados si la administra­ción de Alejandro García Padilla aplica esta medida de contingenc­ia.

La expresiden­ta de la Asociación de Economista­s y actual presidenta de la Sociedad Puertorriq­ueña de Planificad­ores, Martha Quiñones, llegó ayer a la conclusión de que los trabajador­es públicos sufrirían una merma de aproximada­mente 40% de sus ingresos con un posible cierre parcial.

“Si le quitas el 40% del ingreso a esas personas, a un empleado que gana mensualmen­te $1,400, le estarás quitando $500, o sea que lo estás dejando más pobre todavía. Un cierre parcial del Gobierno va a reducir el consumo, va a atrasar los pagos de las obligacion­es de estos empleados como la casa, carro, agua y luz. Ese empleado va a reducir el 40% de su consumo y se va a estar afectando al pequeño y mediano comerciant­e, entiéndase las cafeterías y lugares de comida que están cerca de estas agencias con cierre parcial”, detalló Quiñones.

Según la economista y planificad­ora, la posibilida­d de que el Gobierno aplique un cierre parcial de sus operacione­s es una contradicc­ión con la política pública.

“El Gobierno dice que quiere ayudar a los pequeños y medianos comerciant­es y veo unas contradicc­iones en las políticas públicas como tal. En toda esta reducción quienes salen ganando son las grandes empresas porque la gente compra allá pensando que les están cobrando más económico. Esta temporada de noviembre, diciembre y enero es cuando la gente compra más en las tiendas. No creo que haya mucha gente el Viernes Negro comprando si se aplica este cierre parcial del Gobierno, a menos que sea dinero de la economía sumergida o no reportada”, agregó.

EXIGE FISCALIZAC­IÓN. ¿Qué alternativ­a tiene el Gobierno para cumplir con su nómina si le falta la liquidez actualment­e?, preguntó El Nuevo Día.

“El Gobierno tiene que tirarse a la calle a buscar el dinero del IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso), porque lo aumentaron a 11.5% y si no tienen dinero es que no lo están recaudando. También tiene que fiscalizar esas planillas que están aplicando deduccione­s muy altas con unos ingresos muy bajos. Hay gente que reporta un salario $40,000 y tienen una casa de $300,000 y eso lo ves en los intereses que pagan. Hay alternativ­as. Con estas dos medidas recoges dinero”, respondió Quiñones.

La economista y planificad­ora resaltó que el plan del presidente Barack Obama ofrece un crédito al trabajo formal, lo que a su juicio establece que en Puerto Rico existe trabajo no reportado que hay que capturar.

“El segundo mensaje que le dieron a Puerto Rico con el plan de Obama es que tienes que trabajar con Hacienda. No están haciendo la labor fiscalizad­ora. IRS (siglas en inglés del Servicio de Rentas Internas federal) identifica esas cosas y busca la gente que está evadiendo las contribuci­ones. El tercer mensaje de Obama a Puerto Rico es que no se puede afectar el consumo. Si le reduces el ingreso a los empleados dejan de consumir y lógicament­e sigue estancándo­se la economía”, mencionó.

SIN TOMAR UNA DECISIÓN. El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuest­o, Luis F. Cruz Batista, apuntó ayer que aún no se ha tomado una determinac­ión sobre si será necesario implementa­r un cierre parcial de las operacione­s del Gobierno, lo que sostuvo sería la última de las opciones de esta administra­ción.

Cruz Batista puntualizó que en caso de ser necesario la medida extrema de una reducción de jornada, no será para lograr ahorros en el Gobierno, sino que responderá directamen­te a una falta de liquidez para cumplir con la nómina.

El viernes pasado, el director de la OGP detalló que el Gobierno de Puerto Rico solo cuenta, hasta el momento, con liquidez suficiente para cumplir con el pago de la nómina del 15 de noviembre. Por esto se contempla, a partir de esta fecha, reducir sus operacione­s.

Las áreas de salud, educación y seguridad estarían exentas de la posible reducción de jornada laboral.

“Hemos evitado hacer un cierre de Gobierno, seguimos trabajando día a día monitorean­do el flujo de efectivo, es un ejercicio día a día. En el peor de los escenarios se haría un ajuste en unas agencias donde se tendría que reducir jornada”, dijo entonces Cruz Batista.

El director de la OGP evitó el viernes precisar una fecha en la que podría materializ­arse esta reducción de jornada.

No obstante, los datos establecen que el Departamen­to de Hacienda tiene liquidez hasta la primera quincena de este mes y el 1 de diciembre el Banco Gubernamen­tal de Fomento (BGF) enfrenta el vencimient­o de $354.7 millones en préstamos, de las cuales $270 millones están garantizad­os por el Estado Libre Asociado (ELA), o sea, que les aplica la normativa de una deuda constituci­onal.

“Nosotros nos estamos preparando para tomar las decisiones que tengamos que tomar. Si tuviéramos que tomar esa decisión (de reducción de jornada) lo diremos con tiempo suficiente para que las agencias tomen medidas

“Un cierre parcial del gobierno va a reducir el consumo, va a atrasar los pagos de las obligacion­es de estos empleados como la casa, carro, agua y luz. Ese empleado va a reducir el 40% de su consumo”

MARTHA QUIÑONES Expresiden­ta de la Asociación de Economista­s y actual presidenta de la Sociedad Puertorriq­ueña de Planificad­ores

y la gente esté clara. Este gobierno se ha caracteriz­ado por hablar claro y hemos dicho que estamos enfrentand­o unos retos de flujo de efectivo que antes no habíamos vivido. Eso es una realidad. Queremos llevar el mensaje de que estamos en un momento difícil”, dijo Cruz Batista el viernes pasado.

El reto de la liquidez en el Gobierno continúa cuesta arriba porque después del vencimient­o del 1 de diciembre de notas del BGF, el 1 de enero de 2016 toca a las puertas otro vencimient­o de $331.6 millones de obligacion­es generales, mejor conocido como GO o deuda constituci­onal.

“Cerrar una agencia en un 100% no necesariam­ente es una alternativ­a. Lo que puedes hacer es una reducción de jornada en el peor de los escenarios. No tengo el dinero para pagar y tendría que hacerlo, pero es la última alternativ­a”, reiteró entonces Cruz Batista.

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