Supremo fallo contra Ética
El máximo foro determina que no procede petición de la OEG en caso de Sánchez Betances
La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) recibió un tercer revés en sus intentos por probar que el exsecretario del Departamento de Justicia, Luis Sánchez Betances, violó la Ley de Ética Gubernamental.
En una resolución emitida el pasado 30 de octubre, el Tribunal Supremo declaró “no ha lugar” una solicitud de reconsideración de la OEG para que revocara una sentencia del Tribunal de Apelaciones.
Sánchez Betances fue investigado por la OEG luego que acudiera en auxilio de un amigo, el abogado Jaime Sifre Rodríguez, la noche del 6 de diciembre de 2013 mientras la Policía intervenía con él por violaciones a la Ley de Tránsito.
La querella de la OEG establecía que el extitular de Justica supuestamente sugirió “la posibilidad de que el asunto de la detención del licenciado Sifre Rodríguez se resolviera en el lugar del arresto y no trascendiera”.
La OEG recomendó multar a Sánchez Betances por $20,000 por cada una -de un total de dos- de las violaciones a la Ley de Ética Gubernamental que presuntamente cometió.
El documento de la OEG también peticionó al Supremo que “encontrara al recurrido (Sánchez Betances) incurso en las violaciones contendidas en la querella, y devuelva el caso a la OEG para la imposición de la multa correspondientes”.
La jueza administrativa Lourdes Velázquez Cajigas, quien atendió la querella en el proceso administrativo de la OEG, determinó que esta oficina “no cumplió con el quantum de prueba para esclarecer las faltas éticas mediante evidencia sustancial y suficiente”, reza la resolución que emitió el 14 de octubre de 2014.
Tras esa determinación, la OEG acudió al Tribunal de Apelaciones para que revocara la decisión de la jueza Velázquez Cajigas, pero recibió un fallo adverso.
Luego recurrió al Tribunal Supremo para que revocara la sentencia del Tribunal de Apelaciones y dictara que Sánchez Betances cometió “las violaciones contenidas en la querella, y devuelva el caso a la OEG para la imposición de la multa correspondiente”, reza la solicitud de reconsideración.
"NO HA LUGAR". Pero el máximo foro judicial sostuvo que no hay base para atender el asunto. Con esto, la directora de la OEG, Zulma Rosario, aseguró que puso fin al caso en contra del exfuncionario.
Rosario dijo que no estaba de acuerdo con la determinación, pero la acataría. También señaló que esta decisión no lacera los trabajos que hace su oficina.
“La OEG tiene una función que llevar a cabo. Tiene una ley que administrar. Tiene un Código de Ética que defender, y nosotros lo vamos a seguir haciendo”, dijo.
“El pueblo de Puerto Rico observó el comportamiento de un servidor público de alto nivel y casi unánimemente le dio su repudio. La OEG hizo lo que tenía que hacer. Hicimos nuestro trabajo hasta las últimas consecuencias en el ámbito legal”, subrayó la funcionaria.
Rosario dijo que era posible que los ciudadanos “se sientan decepcionados” con el desenlace del caso. “Estos procesos son altamente técnicos”, dijo. Recalcó que los funcionarios tienen que desempeñar su labor “conscientes de que nos le podemos dar un mensaje subliminal al pueblo de que estamos por encima de la ley”.
REIVINDICADO. El exsecretario de Justicia dijo que la decisión del Tribunal Supremo lo reivindica y estaba esperanzado de que esta determinación pusiera fin al proceso en su contra.
“Estoy completamente satisfecho del resultado del proceso, desde el día uno. Espero que todo esto concluya hoy y no haya mayor trascendencia a eso porque es algo que hay que pasar la página”, expresó.
Explicó que la OEG no tenía jurisdicción para solicitar la revisión de la resolución de la jueza a la que le delegó el caso. “La decisión de la jueza administrativa me exonera no solo desde el punto de vista ética, sino desde el punto de vista moral”, dijo.
En medio de este proceso, Sánchez Betances presentó su renuncia como secretario del Departamento de Justicia. Aseguró que ese paso no lo dio por presiones de sus superiores. Rosario indicó que al momento de la renuncia no había comenzado la investigación en la OEG.
FUERTE ADVERTENCIA. La resolución del Tribunal Supremo que declara no ha lugar la petición aprovecha para destacar que los jueces asociados Rafael Martínez Torres y Erick V. Kolthoff Caraballo consideraron imponer sanciones a la abogada de la OEG que radicó la moción porque el lenguaje que utiliza “no exalta la dignidad de la profesión”.
El documento al que hace referencia señala que “cuando a un secretario de Justicia se le permite, sin sanción, que abiertamente intervenga, ejerza influencia e intimide a otros funcionarios públicos durante y después del arresto de su mejor amigo y socio, se establece un procedente nefasto para la historia como pueblo”.
“Sirve además como errado ejemplo a seguir para otros funcionarios públicos inescrupulosos que intentan de igual modo evadir los preceptos éticos que le obligan como justo contrapeso del privilegio de servir a Puerto Rico”, señala el documento.
La directora de la OEG avaló las expresiones de la abogada. “Es un lenguaje fuerte, pero esa es la posición de la OEG”, dijo.
Mientras, Sánchez Betances catalogó las palabras de la abogada como inflamatorias. “El ataque personal a mí, a mi carácter, a mi reputación, a mi conducta, fue de tal naturaleza inflamatorio en esa moción, que me parece que fue lo que provocó que esos dos jueces dijeran lo que dijeron”, indicó el abogado.
“La OEG tiene un Código de Ética que defender, y nosotros lo vamos a seguir haciendo”
ZULMA ROSARIO
Directora de la OEG