Es clave el PUT para un desarrollo ordenado

La precariedad de las finanzas públicas que mantiene al País en vilo ante la inminente posibilidad de que el Gobierno se quede sin dinero para cumplir con sus obligaciones no debe ser excusa para mantener en el limbo el necesario y urgente Plan de Uso de

Porque para salir de esta crisis en forma ordenada, dicho plan es una herramienta clave. Después de 11 años de trabajos y con el apoyo militante de los grupos que promueven el desarrollo sostenible, la Junta de Planificación aguarda por la aprobación final del Ejecutivo al PUT, que debe convertirse en el documento base de las determinaciones relativas al uso de las tierras en la Isla.

Reconocemos que el grave momento que se vive, con el Gobierno enfrascado en la búsqueda de alternativas que le permitan cumplir con sus obligaciones hacia los ciudadanos a la vez que con los compromisos contraídos con los bonistas, puede argumentarse como excusa para seguir posponiendo su puesta en vigor. Pero, contrariamente a los argumentos que puedan presentarse en ese sentido, creemos firmemente que el Plan de Uso de Terrenos constituye un elemento indispensable para lograr la recuperación económica del País, ya que avalará un crecimiento responsable, tanto fiscal como ambiental y social, promoviendo a su vez la calidad de vida de los ciudadanos.

El PUT, que ayudará a la conservación y promoción de cuando menos 600,000 cuerdas con valor agrícola, también permitirá establecer un mejor y más simple sistema de permisos, necesario para ponerle coto a la planificación desordenada que afecta negativamente a la economía.

Somos conscientes tanto de la oposición manifiesta como de las reservas de algunos sectores que alegan incorrectamente que el plan va a obstaculizar el desarrollo económico o que anulará los planes de ordenación municipal vigentes.

Por eso debemos instar tanto a la Junta de Planificación como a los integrantes de la sociedad civil que propulsan la iniciativa a que difundan y expliquen al público sus beneficios y combatan la desinformación, de manera que el País se convenza de una vez por todas de la necesidad de poner en vigencia el PUT.

No se trata, como equivocadamente creen algunos, que el Plan de Uso de Terrenos le restará derechos a los ciudadanos, o que interferirá con los planes municipales de desarrollo, o que directamente impedirá que haya desarrollo, o incluso que anulará las consultas de ubicación que hayan sido aprobadas y estén vigentes, independientemente de que entren en contradicción con las nuevas normas.

De lo que se trata es de la calificación de todo el territorio de Puerto Rico de acuerdo con el valor patrimonial, ecológico, agrícola y paisajista, sea rural o urbano, de los terrenos; de mejorar la coordinación de los esfuerzos de desarrollo de las agencias gubernamentales y los municipios, y de proveer alternativas que no impacten negativamente ni comprometan los suelos agrícolas, los sistemas naturales, las cuencas hidrográficas, los acuíferos, los valores patrimoniales y los paisajes.

Puerto Rico acaba de sufrir los estragos de un largo período de sequía extrema, en gran medida causada por la falta de lluvia, aunque también por culpa de la deforestación de las cuencas hidrográficas y los desarrollos en zonas inadecuadas.

Se trata, de hecho, de promover que los ciudadanos vivan en áreas seguras, con infraestructura primaria fuera de las zonas de riesgo, a la vez que de propiciar el desarrollo justo y sostenible que contribuya a mitigar los efectos del cambio climático.

El Plan de Uso de Terrenos que la Junta de Planificación ha elaborado ya mediante un largo y riguroso proceso científico de vistas públicas y reuniones, debe ser puesto en vigor sin mayor dilación, en cumplimiento de la Ley 550 aprobada en 2004.

Instamos al gobernador Alejandro García Padilla, que reafirmó los propósitos de la ley en una orden ejecutiva firmada en 2013, a dar ya el paso histórico de abrir de par en par las compuertas del desarrollo sostenible que preservará al País como un lugar habitable para las futuras generaciones.