Plan ante un escenario gubernamental extremo
El gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad urgente de poner fin a la incertidumbre que afecta a miles de empleados públicos y a todo el País, preparando y divulgando el plan que el Estado ejecutaría en caso de que se concrete un cierre gubernamen
Porque la amenaza está ahí y no se puede entrar en un estado de negación por el simple hecho de que estas medidas se descarten para noviembre, como anunciara ayer La Fortaleza. Como quiera las autoridades están obligadas a cumplir con este deber con la mayor premura para que la ciudadanía tenga conocimiento de los servicios públicos a los que tendría acceso si se concretase la emergencia, y para que los empleados que laboran en la esfera gubernamental tengan la oportunidad de hacer arreglos para mitigar en algo el golpe que el cierre del Gobierno asestaría a la economía familiar y a su responsabilidad con sus propios acreedores.
Por más de una semana, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Luis Cruz Batista, estuvo reiterando el caótico cuadro de iliquidez de las arcas públicas, al tiempo que trascendía que al Departamento de Hacienda apenas le alcanzaba para el pago de la nómina del 15 de este mes, es decir, que en una semana no habría dinero para pagar la nómina de los 89,000 empleados del Gobierno central, ascendente a cerca de $180 millones mensuales. Incluso, se proyectaba que cerca de 30,000 de esos servidores se afectarían con una reducción de su semana laboral en uno o dos días y hasta más.
Es bueno lo que anuncia el Gobierno, descartando para noviembre tanto un cierre como una reducción de jornada. Pero eso no elimina la amenaza, que tiene origen estructural.
Además, el primero de diciembre próximo, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) enfrentará el vencimiento de $354.7 millones en préstamos, sin fondos suficientes para honrar el pago. En esa suma se incluyen $270 millones garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado, lo que obliga a su pago en medio de la precariedad fiscal. Se suma a esa encerrona financiera el dato perturbador de que el primero de enero del año próximo, el BGF deberá pagar $331.6 millones en obligaciones generales, conocidas como los GO.
Ante este cuadro, es lógico y razonable esperar que el equipo fiscal del Gobierno, en particular Gerencia y Presupuesto, cuente ya con el plan de contingencia a que obliga el serio problema que el País atraviesa. Sin embargo, en los últimos días la jefatura de dicha oficina se ha expresado con frases ambivalentes como “seguimos trabajando día a día”, “hemos evitado hacer un cierre”, “en el peor de los escenarios, se haría un ajuste en unas agencias donde se tendría que reducir jornada”, “no tengo dinero para pagar”. Ninguna de estas vagas expresiones resuelve el desasosiego general. Lo que sí hacen es elevar los niveles de desconfianza e incertidumbre.
Cabe señalar que la expresidenta de la Asociación de Economistas de Puerto Rico y presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación, Martha Quiñones, ha establecido que un cierre parcial del Gobierno tendría un impacto de $500 mensuales en el bolsillo de cada uno de los 30,000 empleados del Gobierno central que se afectarían, lo que supone la pérdida de $15 millones. El impacto no sólo sería en los empleados y sus familias, sino en la actividad comercial.
De ahí la obligación de la cúpula del Gobierno de Puerto Rico de actuar con celeridad en el diseño y la difusión del plan de contingencia que ejecutaría ante un eventual cierre o recorte fiscal, para así poner freno a la inquietud que sufren miles de empleados gubernamentales que, en medio del caos económico, laboran para tratar de evitar el desenlace devastador, justo en la cercanía de las festividades navideñas.