A activar mecanismos para prevenir desastres

La caótica situación que viven los residentes de la urbanización Las Lomas de Ceiba, en el municipio del mismo nombre, es una prueba más de que la falta de planificación y de normas confiables para el desarrollo urbanístico, va en detrimento de muchas fam

Es irónico que en un país donde el proceso de permisos es tan lento y complicado, ocurran al mismo tiempo tantos incidentes relacionados con la mala planificación. Una cosa alimenta la otra: a mayor retorcimiento, mayor la posibilidad de dejadez y corrupción. El caso de Ceiba es el más reciente y, sin duda, no será el último.

Desde el lunes pasado, la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), ordenó el desalojo de varias familias que vivían a lo largo de un sector donde ya se detectaba inestabilidad. Dos días después, el miércoles por la noche, se comprobaron los peores augurios, cuando en el lugar se abrió un risco de cerca de 32 pies de profundidad. Ocho casas han quedado totalmente inutilizadas, mientras que otras cuatro resultaron afectadas, y que muy probablemente correrán la misma suerte.

Aunque en principio los planes eran los de construir en el lugar un proyecto de vivienda de interés social -en el que igualmente hubieran quedado sin hogar varias familias-, el alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, explicó que el desarrollador decidió convertir ese proyecto público en uno privado, y en el ansia de vender ubicó viviendas “hasta en un área de talud”.

Lo que no dice el alcalde -y habría que aclarar por el bien de las familias afectadas, y por el costo que este incidente tiene para el municipio, las agencias y las familias- es la razón por la cual se otorgaron permisos para construir en un área que representaba un gran peligro a corto o mediano plazo.

Si bien es cierto que cuando se produjo el derrumbe sólo había dos familias en las casas afectadas, puesto que AEMEAD había desalojado al resto, no hay que perder de perspectiva que pudo haber ocurrido sin aviso previo, provocando una tragedia con víctimas fatales.

Todo esto nos devuelve a nuestro planteamiento editorial de este viernes, de que el gobernador debe sacar del limbo al Plan de Uso de Terrenos (PUT), que es el instrumento esencial para construir y planificar de manera sostenible, y así evitar futuros desastres como el de Ceiba.

De nada vale que en determinado momento un alcalde presuma de los proyectos que se llevan a cabo en su municipio, si a los pocos años, por falta de planificación, alguno o varios de ellos se convierten en pesadilla para los propietarios que lo pierden todo, y para el propio Gobierno que tiene que emprender labores de mitigación.

La experiencia indica que los verdaderos responsables de estos desastres rara vez aparecen, y menos aún responden por los daños.

Las zonas vulnerables a deslizamientos, que causan problemas cuando hay períodos prolongados de lluvias, están contempladas en el PUT, y por eso es tan importante darle paso a ese documento. La inestabilidad del clima -demostrada este año con la presencia del fenómeno del Niño, la sequía y luego las abundantes lluvias- obligan a ser más precavidos respecto a construcciones tierra adentro, cercanas a taludes y mogotes, lo mismo que en las que se levantan en la costa, susceptibles a erosión y grandes marejadas.

No debe haber espacio para improvisación. Si alguna vez se procedió de espaldas a nuestra realidad topográfica y climática por falta de información, ahora esa información sí está disponible y es un crimen ignorarla por codicia o por oportunismo político.

El Gobierno, por otro lado, debe tener a mano un censo de todos los desarrollos que presentan vicios de construcción o ubicación, y monitorear esos lugares con tiempo, fijando a la vez responsabilidades a los que en verdad les corresponde reparar el daño.