Tocan fondo las finanzas públicas
Informe operacional del Gobierno revela un sobregiro multimillonario que le dejará sin efectivo este año y le obligará a tomar medidas drásticas
La saga fiscal de la Isla -que alcanza casi dos décadas- parece llegar a su fin, pero su desenlance no será feliz, a juzgar por el informe operacional más reciente del Gobierno.
El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) dijo el viernes en la noche, en un reporte de 223 páginas, tres cosas.
La primera es una alerta de que, por décimosexto año consecutivo, los estimados de recaudos al Fondo General no se cumplirán.
La segunda es que considera sacar dinero de corporaciones públicas como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Autoridad del Distrito de Convenciones (ADC) para pagar a los bonistas que tienen deuda garantizada por la Constitución, y aun tomando ese curso de acción, el dinero que tiene no es suficiente.
Y la tercera cosa que explicó es que, por primera vez, existe la posibilidad real de que el BGF no cumpla con las reservas de capital que le exige la ley.
De ser el caso, el secretario de Hacienda podría recomendar liquidar la dependencia, que por años, entre otras cosas, cubrió la falta de fondos en el Gobierno central, sirvió de tarjeta de crédito para proyectos de alcaldes y legisladores, y asumió la deuda de corporaciones públicas.
Tales circunstancias, según plantea el informe, parecen sentar las bases para lo que será otra ronda de medidas “extraordinarias” por parte de la administración de Alejandro García Padilla. Ello, a fin de estirar los pocos dólares que tiene en caja.
En el argot financiero son medidas de “preservación de efectivo”.
En el argot pueblerino, ya no hay tela de dónde cortar. Así pues, desde Cabo Rojo hasta la isla municipio de Culebra, las medidas “extraordinarias” sobre la mesa -según el informe- serán otro golpe para un millón de trabajadores y otros 500,000 jubilados, para las compañías que hacen negocios con el Gobierno y los bancos y cooperativas que prestan a servidores públicos o contratistas individuales o corporativos del Gobierno. Ello, a medida que la falta de efectivo en el erario, detiene el centrifugado económica que descansa en los pagos a su- plidores, contratistas, la nómina de servidores públicos o los reintegros.
Según el informe operacional del Gobierno revelado el viernes, los primeros tres meses del año fiscal han cerrado en negativo tanto en efectivo como en recaudos. Esto, a pesar de que esta Administración tomó préstamos intragobierno del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Administración de Compensaciones por Accidentes de Tránsito (ACAA) y de la prima que pagan los trabajadores al Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT).
A septiembre pasado, la cuenta principal de Hacienda reflejaba un sobregiro $370 millones. Si a esa cifra se añaden, $306 millones en cheques de reintegro que no se han enviado, el sobregiro suma $676 millones, incluyendo unos $30 millones del crédito a personas de edad avanzada.
En octubre pasado, Hacienda informó que en el primer trimestre del año fiscal en curso, la cosa marchaba bien. Los recaudos superaban los estimados del Fondo General por unos $19 millones y por $162 millones los recaudos del primer trimestre del año fiscal 2015.
En el informe operacional publicado el viernes, la historia es distinta.
EL FONDO GENERAL. La supuesta bonanza que exhiben los recados al fisco contabiliza unos $30 millones de premios no reclamados de la lotería tradicional. Asimismo, el dinero que entra no da a pesar del aumento del 4% en el Impuesto a la Venta y Uso (IVU), de la suspensión a las aportaciones del Fondo de Redención (de donde se paga la deuda constitucional) y del pedido a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) y el Sistema de Retiro para Maestros (SRM) que adelanten el dinero para pagar las pensiones.
“La contabilidad temprana de los recaudos para el mes de octubre (de 2015) indica una baja de aproximadamente $50 millones cuando se compara el mismo en el año fiscal anterior y de $28 millones menos que el estimado original para el mes”, reza el informe.
Ante la situación, el mes pasado -y sin informarlo hasta ahora- Hacienda ajustó a la baja por $355 millones sus proyecciones de recaudos para este año fiscal. Es decir, de unos $9,800 millones a $9,446 millones.
Sólo ese ajuste a la baja, sin contar los sobregiros que se arrastran del año fiscal pasado y el hecho de que Hacienda todavía debe dinero al BGF por préstamos de corto plazo no pagados, implicaría un déficit de casi un 4% en el presupuesto operacional público.
Como el Fondo General no tendría dinero suficiente para sus operaciones y para pagar a los bonistas, el Gobierno pondera otorgar una tasa preferente a ciertas corporaciones para el pago de dividendos, levantar $100 millones con iniciativas de fiscalización contributiva y reducir servicios.
Aparte de los recortes, por primera vez, el Gobierno considera recurrir a los ingresos transferidos a ciertas corporaciones públicas para de esa forma, pagar a los tenedores de las “obligaciones generales” (GO, en inglés). Ese mecanismo se conoce como la cláusula de “clawback”.
Según el documento, mientras el Gobierno intenta convencer a sus acreedores para renegociar su deuda, si hay una insuficiencia de los recursos disponibles para cumplir con el pago de
los GO, se utilizarían “ciertos impuestos y otros ingresos asignados previamente por ley a la ACT, AFI y a la ADC” para aplicarlos al pago de los GO, según establece la Constitución, en su artículo VI, sección 8.
De ser el caso, los bonistas de estas corporaciones -muchos, residentes en la Isla- podrían sufrir fuertes pérdidas, mientras esas dependencias podrían quedar, en esencia, inoperantes y por ende, inhábiles para pagar a trabajadores, contratistas y suplidores.
¿RUMBO A LA LIQUIDACIÓN EL BGF? La cosa no sería tan grave de no ser porque ante la incapacidad del Gobierno para tomar prestado, el BGF parece -en esencia y sin medidas correctivasir camino a su liquidación.
“En la medida en que el BGF no pueda completar alguna transacción o acceder a otras fuentes de fondos, el BGF podría no tener la capacidad para cumplir el requisito de reserva legal y podría tener que solicitar un relevo al secretario de Hacienda según la Ley 97-2015”, indica el agente fiscal.
La Ley 97 confiere a Hacienda autoridad para suspender el requisito de reserva legal al BGF por hasta tres meses. Según la ley orgánica del BGF, éste debe tener en reserva el equivalente al 20% de los depósitos a la demanda que están bajo su custodia.
Si el ente fiscal no logra superar su problema de liquidez, advierte el informe, incumpliría con el requisito de reserva a finales de este mismo trimestre, y “no podría operar de ordinario como institución depositaria ni honrar sus obligaciones”.
Si un banco comercial privado queda insolvente en Puerto Rico, este sería intervenido por la Oficina del Comi- sionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, en inglés) respondería por los depósitos de los clientes. En el caso del BGF, su colapso sería un terreno sin precedentes en la Isla, pues de entrada, sus depósitos no están asegurados.
“Si la condición financiera del BGF no está sólida o se convierte en insolvente, el secretario de Hacienda podría radicar una petición a una corte en Puerto Rico para la designación de un síndico para suspender las operaciones del BGF”, indica el informe.
Y si el banco, es puesto en sindicatura, o si sus niveles de liquidez caen por debajo de lo que necesita para operar diariamente, el Gobierno y sus distintas agencias “podrían tener acceso limitado a los fondos que han depositado en el BGF, lo que a su vez, podría afectar la prestación de los servicios esenciales. Hay que tener en cuenta que en el BGF están depositados la mayor parte de los ingresos que recibe Hacienda, que son distribuidos según determina la OGP y el presupuesto, o que pertenecen a los contribuyentes, como los reintegros.