Una sentencia de cero tolerancia a la corrupción
La sentencia de nueve años de prisión y otros cinco bajo libertad supervisada, impuesta por la jueza presidenta del Tribunal del Distrito Federal al contador público autorizado Lutgardo Acevedo López, coprotagonista del primer acto comprobado de corrupció
El foro federal ha emitido esta señal de cero tolerancia en el fin del proceso en el que se probó la culpabilidad de un profesional de amplios recursos económicos que, mediante sus conexiones en el sistema judicial y la política partidista, se dedicó a comprar la justicia. Actos de corrupción como estos, en los que media el agravante de que participa un representante de la Judicatura, laceran profundamente la confianza ciudadana en las instituciones públicas que tienen la misión de velar por la sana aplicación de la justicia, como se desprende de las expresiones de la jueza federal Aida M. Delgado Colón al dictar la sentencia contra Acevedo López.
La jueza Delgado desoyó atinadamente la recomendación contenida en el acuerdo de sentencia suscrito entre el Ministerio Público y los abogados del contador, que sugería una condena de cárcel menor de cuatro años y ocho meses. La letrada federal impartió justicia liberada de la camisa de fuerza en que, en determinadas circunstancias, pueden convertirse las guías de sentencia, que para este caso sugerían una pena de entre cinco años y ocho meses, y siete años y tres meses. Como expuso la jueza, las circunstancias particulares de la conducta delictiva del convicto se salían de las guías de sentencia.
En 2012, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron al entonces juez superior de Aguadilla, Manuel Acevedo Hernández, tras una larga investigación en la que se comprobó que Acevedo López, combinando su poder monetario y la conducta ilegal del mencionado representante del poder judicial, logró que este juez lo declarara no culpable por el homicidio negligente que él provocó mientras conducía un vehículo de motor. Según toda la prueba desfilada en el proceso, Acevedo López maquinó en esa ocasión burlar la ley empleando la suma de $54,000 en regalos, prendas, bebidas y materiales de construcción para beneficio del corrupto juez superior.
En el dictamen de la jueza Delgado medió, además, el sombrío y desafiante historial delictivo del contador en el sistema de ley y orden estatal, el cual llevó a la letrada federal a expresar que “de ser un ser humano normal, sin dinero y sin influencias políticas, estaría convicto”. Previo al escándalo de corrupción que lo ha convertido en convicto federal, Acevedo López estuvo involucrado en incidentes en la esfera local que incluyeron conducir vehículos de motor en estado de embriaguez, agredir y amenazar a personas con armas de fuego y reclutar a individuos para que agredieran a terceros para tratar de salvarse de acusaciones judiciales, según detalló la jueza, quien declaró que, en todas esas ocasiones, el consuetudinario delincuente terminó cubierto por el manto de la impunidad.
Mientras tanto, el destituido juez Acevedo Hernández extingue una sentencia de 10 años de cárcel por haber accedido al soborno de Acevedo López y en su momento podría comparecer ante el tribunal estatal que debe por fin atender, esta vez fuera de toda venta de influencias, el proceso de homicidio negligente contra Acevedo López.
Precisamente, un juicio limpio es lo mínimo que merecen los familiares del guardia de seguridad Félix Babilonia, víctima fatal del incidente de tránsito con Acevedo López. El sistema de ley y orden de Puerto Rico adeuda a esta familia la garantía y la prueba de que existe la justicia por igual para todos los ciudadanos, independientemente de su estado económico y social. Esa es la confianza que hay que restituirle también al pueblo de Puerto Rico.