“NO SOMOS BUITRES”
Jubilados puertorriqueños que compraron bonos del ELA urgieron al Gobierno a que cumpla sus compromisos y pague la deuda
No visten trajes de diseñador, ni llevan prendas suntuosas. Son, en su mayoría, personas de edad avanzada. Otras tantas son mujeres solas o jefas de familia. Andan en pantalones cortos y zapatillas de las que se consiguen en especial y alguno que otro lleva consigo un bastón o un tanque de oxígeno.
Se les percibe molestos y ansiosos. Dicen no tener paz, sentirse engañados y defraudados por el Gobierno después de “haber doblado el lomo” por años y haber ahorrado para no ser carga de nadie. Son puertorriqueños y son bonistas.
Eso decían ayer, una y otra vez, a todo pulmón, casi un centenar de puertorriqueños que se han integrado a la organización Main Street Bondholders (MSB). Ello, con la expectativa de que el gobernador Alejandro García Padilla, su equipo fiscal y los asesores en reestructuración, entiendan que ellos no son “buitres”, sino personas que invirtieron en su país.
“Esto no es Wall Street, sino gente de todos los días”, indicó ayer Matthew Kandrach, vicepresidente de la organización 60 Plus Association y a la que se adscribe la iniciativa MSB.
Por meses, MSB ha publicado anuncios criticando las actuaciones de García Padilla y advirtiendo de los efectos que supone violar la Constitución si Puerto Rico si no paga la deuda como acordó.
El grupo también cabildea activamente en el Congreso en contra de los esfuerzos del gobierno puertorriqueño para que se extiendan a la Isla las provisiones del capítulo 9 del Código de Quiebras.
Ayer, por primera vez, los reclamos de MSB en anuncios de prensa y a través de cabilderos, parecían cobrar vida una vez, Teresa García -una químico que trabajó por 10 años en el servicio público y otros 28 en una farmacéutica- relataron, con voz temblorosa, la odisea que viven.
NO SOMOS BUITRES. “El gobierno se refiere a los bonistas como buitres, como gente fuera de Puerto Rico. Sin embargo, hay miles de bonistas que como yo, somos puertorriqueños y aportamos al país, pagamos nuestras contribuciones. Lo hicimos para ser autosuficientes y que no se nos pague representa una amenaza para la estabilidad”, dijo García mientras le observaba su esposo, el contador público jubilado Julio A. Pérez.
“Yo no soy ningún buitre”, aseveró a este diario, Rosa M. Bermúdez, una mujer de 76 años que trabajó de asistente administrativa hasta los 71 y que cuanto pudo lo guardó en cuentas de retiro individual para tener un ingreso adicional al Seguro Social.
“Cuando hablan esas cosas (que no se pagará la deuda) es una frustración lo que siento. Dicen que mejor pagar al pueblo que a los bonistas, pues yo soy el pueblo que me maté trabajando”, agregó la mujer. Iguales penas cantaba Joaquín
García de la Noceda, un cerrajero de oficio, quien por espacio de 36 años, decidió guardar “mi poquito de chavitos”.
“Nos hemos hecho más pobres con esas inversiones que hicimos confiando que eran las más seguras”, dijo el hombre. “Esto me tiene en estrés. Todavía puedo trabajar con 56 años, pero mi mamá tiene 95 años y ella vive de su dinerito en inversiones de Puerto Rico, qué va a pasar si los dejan de pagar”, indicó el hombre.
DESAPARECE LA CLASE MEDIA. De acuerdo con el economista Elías Gutiérrez, quien por años alertó del ciclo de endeudamiento que experimentaba Puerto Rico, un impago en la deuda pública empeorará la ya maltrecha situación económica de la Isla.
Por un lado, un impago implica resquebrajar el estado de derecho, echando a un lado lo estipulado en la propia Constitución.
“Si no detenemos este proceso, no hay manera de que la economía crezca, lo que es distinto a que la economía se desarrolle”, advirtió Gutiérrez al explicar que Puerto Rico atestigua la rápida desaparición de la clase media.
Un impago supondría la pérdida de millones de dólares que circulan en la economía en la forma de intereses y dividendos pagados a personas como doña Teresa, doña Rosa y don Joaquín y quienes, a su vez, compran bienes y reciben servicios.
Los inversionistas que ofrecieron sus declaraciones ayer dijeron tener sus cuentas de inversiones en UBS Financial Services y Santander Securities.
La MSB no ofreció cifras específicas, acerca del número de inversionistas individuales afectados por los bonos de la Isla.
El consenso de diversos analistas consultados por El Nuevo Día -e incluso, oficiales de la administración García Padilla- aceptan que aproximadamente el 20% de la deuda emitida por Puerto Rico está en manos de individuos (lo que podría incluir a empresas particulares o las cooperativas) en la Isla.
Según Gutiérrez, un impago en la deuda pública se sumaría al colapso del sector bancario hace cinco años y a la caída en los valores de las propiedades inmuebles.
Se trata, en palabras del economista, de “un gobierno que ha quebrado a su propio banco” (el Banco Gubernamental de Fomento o BGF); ambos “van risco abajo” y amenazan con llevarse consigo a miles de individuos en Puerto Rico que prestaron sus ahorros con la esperanza de vivir en un mejor país.
EFECTO CONTINENTAL. “Esto no es un chiste, si el gobernador García Padilla viola la Constitución puede haber una calamidad fiscal no solo aquí, sino a nivel continental también”, agregó Kandrach.
Según el activista, si la administración de García Padilla logra que el Congreso federal apruebe el llamado supercapítulo 9, eso podría afectar a miles de bonistas a nivel continental.
Ello, porque según Kandrach, muchos individuos todavía desconocen que tienen bonos de Puerto Rico en sus inversiones y porque estados como Illinois y Nueva Jersey, que encaran serios problemas fiscales, podrían invocar los privilegios que se otorguen a Puerto Rico.
Mientras el grupo de bonistas puertorriqueños pedía se respeten sus derechos, El Nuevo Día supo que los asesores en reestructuración del Gobierno afinaban los detalles para un nuevo encuentro con los cuatros grupos de asesores que contemplan la posibilidad de renegociar la deuda pública del gobierno puertorriqueño. El encuentro se llevará a cabo mañana en la ciudad de Nueva York.
SE AGUA EL SUPERBONO. Sin embargo, tres fuentes separadas consultadas por este diario y quienes pidieron anonimato, aseguran que los asesores que han respondido al pedido de reestructuración del Gobierno ni siquiera representan la mitad de la deuda emitida por Puerto Rico.
ACREEDORES IMPORTANTES. A preguntas de El Nuevo Día, la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, confirmó el encuentro, pero no ofreció detalles de los avances que han logrado los asesores en reestructuración si alguno.
“Estamos hablando con todos los asesores de los acreedores importantes, incluyendo los bonistas de Obli- gaciones Generales (GO, en inglés) y (de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante) Cofina, cuyos consultores también estarán presentes o por teléfono el viernes”, dijo Acosta Febo. Indicó que ofrecerán más detalles “cuando haya información que se pueda compartir”.
Al presente, según fuentes de este diario, el BGF ha logrado firmar cuatro acuerdos de confidencialidad con los asesores Ducera Partners, Goldin Associates, Miller Buckfire y Houlihan Lokey.
El objetivo de la administración García Padilla es renegociar al menos el 65% de la deuda vigente, incluyendo GO y bonos Cofina.
Sin embargo, según las fuentes, el grueso de los asesores que conversa con el Gobierno, en realidad, representa a bonistas que poseen notas del BGF. Esta deuda, es precisamente la que podría quedar en impago en apenas 12 días si el Gobierno no logra una transacción para pagar dicha deuda.
Así pues, a casi dos meses de que el Gobierno anunciara que busca intercambiar la deuda de varios emisores de Puerto Rico en un solo crédito (lo que se ha llamado como el superbono), pareciera que los asesores en reestructuración Millstein & Co., Cleary Gottlieb y Citigroup no han logrado sentar a la mesa de negociación a un grupo significativo de acreedores para intercambiar la deuda vigente por nuevos bonos.
Lo que ayer era definitivo es que quienes llegarán a las oficinas de Cleary Gottlieb Nueva York mañana para conocer la estructura del llamado superbono no representan a los inversionistas puertorriqueños que ayer contaban sus pesares en Hato Rey.
¿Alguno de ustedes ha sido afectado por el impago de la Corporación para el Financiamiento Público?, preguntamos.
“Sí”, respondieron a coro Enrique Irrizarry, Carmen Trigo, Olga Torres, Ángel Luis Acevedo, José Rodríguez yDavid Miranda Ayala, entre otros.
“Todo se me fue, la casa de mi mamá, la pensión de la fábrica después de 48 años de trabajo, estoy con el seguro social... y yo era popular”, dijo Miranda Ayala.
“Si se aplica el supercapítulo 9 a Puerto Rico podría haber una reducción adicional en las pensiones como ya pasó en Detroit”
ELÍAS GUTIÉRREZ
Economista
“Soy una madre soltera que trabajó toda una vida y ahorré cuanto pude para este momento del retiro y ahora, cada vez que llamo a mi ‘broker’, lo único que me dicen es que tengo que esperar a que el gobierno decida”
ELSIE M. GUEVAREZ Empleada jubilada de Pfizer “Fuimos y somos personas que creímos y seguimos en este Puerto Rico. Pusimos nuestros ahorros en beneficio de todo el país, el actual y el futuro de nuestros hijos y nietos” CARLOS A. PONCE DE
LEÓN Ingeniero jubilado