Seria advertencia sobre impago
Informe de Moody’s pinta un cuadro tétrico si el ELA incumple el pago con los bonistas del BGF y urge al Congreso de EE.UU. a aprobar un plan de rescate para la Isla
Si el próximo 1 de diciembre, el gobierno de Puerto Rico no paga los $354 millones que adeuda a los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), ese evento será el principio de una drástica transformación en la llamada Perla del Caribe.
Si ahora usted piensa que “la cosa está mala”, un impago de la deuda provocará una caída de 3% en la economía de la Isla y esa baja será anual hasta el 2020.
Si hoy, 135,000 personas no tienen trabajo, para el 2020, unas 200,000 personas estarán sin empleo o fuera de la fuerza laboral.
Si al presente, cree que los puentes y carreteras son un desastre, en cinco años (cuando la inversión pública y privada se colapse casi a la mitad), pensará que los boquetes actuales son pequeñitos.
Y si el gobierno no paga la deuda a partir de la semana próxima, desde ahora hasta el 2020, cada año, unas 50,000 personas se montarán en un avión para no regresar. Quienes decidan quedarse en Puerto Rico tendrán más obligaciones, pero menos dinero para hacer la compra de la semana, pagar la casa y el carro o las medicinas.
50 CENTAVOS DE DÓLAR. El impago no solo afectaría a la gente, sino a los bonistas. Con suerte, después de una costosa y confusa batalla legal, un juez ordenará al que viva en La Fortaleza que pague las Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). En tanto, los bonistas de las corporaciones públicas recuperarán, a lo sumo, 50 centavos de dólar.
Ese dantesco cuadro es el que pinta el modelo econométrico de Moody’s Analytics si, a partir del martes próximo, Puerto Rico entra en un ciclo de impago de la deuda.
EL PLAN DEL TESORO. En contraste, según Moody’s Analytics, si el Congreso federal toma acción y otorga el remedio de la bancarrota a Puerto Rico junto con las demás iniciativas develadas hace unas semanas por el Tesoro estadounidense, la economía local, así como los niveles de emigración que han prevalecido a la fecha, se estabilizarían.
Con toda probabilidad, la lectura de la división de investigación económica de Moody’s Corp. será tema de discusión el martes próximo, cuando su economista jefe, Mark Zandi, indique al comité de lo Jurídico en el Senado federal que sin acción congresional, “Puerto Rico entraría a una recesión sin fin”.
UNA RECESIÓN SIN FIN. “Puerto Rico mira a un abismo económico que, en parte, es su propia hechura. Pero también, sus problemas se deben a la larga sombra de la Gran Recesión con la que buena parte del mundo todavía está lidiando. Los legisladores de Estados Unidos deben actuar”, indicó Zandi en un reporte publicado este mes. El reporte también tiene la firma de los economistas Dan White y
Bernard Yaros.
VOCES DEL SECTOR PRIVADO. Según fuentes de El Nuevo Día, Zandi es uno de los cinco ponentes que el senador republicano y presidente del comité de lo Jurídico, Chuck Grassley, ha citado para analizar la encrucijada fiscal y económica de Puerto Rico.
A diferencia de la audiencia del subcomité de Asuntos Insulares en el Congreso y de aquella del comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, que se sepa, la audiencia convocada por Grassley no incluirá a funcionarios electos del gobierno puertorriqueño.
El Nuevo Día reportó ayer que el principal oficial ejecutivo de Popular Inc. (Nasdaq:BPOP), Richard L. Carrión, y el economista Carlos Colón de Armas depondrán en la audiencia del martes.
El Nuevo Día confirmó además que el asesor en reestructuración y créditos bajo estrés de Houlihan Lokey (HL), Stephen Spencer, también tendrá una presentación en la agenda coordinada por el comité de lo Jurídico. Spencer asesora al grupo Ad
Hoc de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a fondos institucionales que han comprado bonos de Puerto Rico por décadas.
Mientras, partiendo de lo reportado por el servicio especializado Bloomberg, Alex J. Pollock, académico residente del American Enterprise Institute (AEI), completaría el círculo de ponentes.
“Lo que decidan o no decidan los legisladores de Estados Unidos para ayudar a sacar a Puerto Rico de su embrollo fiscal en las próximas semanas determinará la senda económica de la Isla en los años venideros”, reza el reporte de Zandi.
Moody’s Analytics analizó el futuro económico de Puerto Rico a cinco años, partiendo de dos escenarios. El primero y más adverso es un escenario de impago a partir de la semana próxima que desencadenará un litigio entre Puerto Rico y sus bonistas.
El segundo escenario contempla la extensión del capítulo 9 del Código de Quiebras a Puerto Rico y la adopción del plan que recomendó el número tres del Tesoro federal, Antonio
Weiss, en octubre pasado. Entonces, Weiss advirtió al Senado federal que no atender el caso de Puerto Rico podría dar pie a “una crisis humanitaria” en la Isla.
RECESIÓN HASTA EL 2020. Bajo el escenario de impago, según Zandi, Puerto Rico atestiguaría un deterioro mayor de las condiciones económicas actuales. También iría a menos la posición financiera de las personas, lo que se sumaría a condiciones ya graves como el número de ejecuciones hipotecarias (que duplica el indicador continental), la caída en los valores inmobiliarios, el desempleo y la emigración. Los planes de retiro no tendrán dinero para pagar pensiones.
Con suerte, en ese escenario, Banco Popular y FirstBank podrían sobrevivir a un impago sostenido por parte del Gobierno. Pero solo a costa de reducir todavía más el financiamiento a empresas y personas, lo que agravaría el círculo vicioso en que se encuentra Puerto Rico.
EL MECANISMO DE QUIEBRA. Por el contrario, según Zandi, el programa recomendado por el Tesoro federal para Puerto Rico costaría unos $2,000 millones al año.
La inversión del gobierno federal llegaría a la Isla por la vía de reembolsos más altos en el programa de Medicaid y los créditos por trabajo y niños, concluye Moody’s Analytics.
“Si se adopta en su totalidad, la propuesta del Tesoro podría proveer un impulso sustancial a la economía de Puerto Rico”, indicó Zandi en su reporte.
En ese escenario más optimista, la economía se contraería anualmente y en promedio, en una décima (-0.1%).
Sin embargo, aun cuando sería más favorable, Zandi advierte que otorgar el mecanismo de quiebra no librará a Puerto Rico de pagar los GOs y los bonos Cofina.
Asimismo, los bonistas apenas recuperarían 25 centavos de cada dólar que invirtieron en corporaciones como la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Autoridad del Distrito de Convenciones.
INEVITABLE LA JUNTA FISCAL. Zandi acepta en el análisis que si se otorga el capítulo 9 al gobierno de Puerto Rico, el Congreso se corre el riesgo de que otros estados en problemas pidan el mismo privilegio.
No obstante, según el economista, ese riesgo es debatible porque en el caso de Puerto Rico, el plan de ayuda debe ir acompañado de una junta de control fiscal.
“Las finanzas de Puerto Rico deben manejarse por una junta de supervisión independiente con la tarea de asegurar que la Isla coloque sus finanzas en orden y adopte prácticas responsables de administración fiscal”, advirtió Zandi.
En este aspecto, los planteamientos del economista coinciden con aquellos de Carrión y de Pollock. Esto, porque Carrión y Pollock han planteado en foros anteriores y separados que Puerto Rico necesita un tercero para supervisar el manejo de los recursos que la clase política ha sido incapaz de gestionar razonablemente en unas seis décadas.
De ser el caso, los planteamientos de los ponentes podrían abonar a que se afine la legislación para una junta de control fiscal para Puerto Rico, un ejercicio que ya puso en curso el senador republicano Orrin Hatch, lo que El Nuevo Día reveló a principios de este mes.