Retante encrucijada municipal
El posible colapso del BGF les ocasionaría una crisis sin precedente a los ayuntamientos
La crisis fiscal que afecta al país pone a los municipios a caminar por una cuerda floja en la que tendrán que hacer malabares y enfrentar retos si no quieren sucumbir.
La incertidumbre que viste al Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la entidad que presta, canaliza ingresos y determina la capacidad de financiamiento de los ayuntamientos, atemoriza a muchos alcaldes.
¿Qué pasaría con los municipios si el BGF colapsa? “Una crisis”, respondió sin titubear el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, presidente del organismo que agrupa a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD).
“Se crearía una crisis extraordinariamente enorme porque no tendríamos acceso a las ventajas que nos ofrece el BGF”, dijo tras señalar entre esas ventajas la asesoría financiera.
Pero, no todos los alcaldes coinciden en que un colapso del BGF les afectará. El alcalde de Bayamón, Ramón
Luis Rivera, explicó que el pago a los préstamos que tiene a través del BGF está garantizado, pero los municipios, en especial los pequeños que operan con déficit, “tendrían que imponerse disciplina fiscal” para enfrentar un colapso de esa institución.
Los estados financieros de 2013-14 reflejan que 40 municipios cerraron el año fiscal 2013-14 con un déficit acumulado, según los informes entregados a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM).
A esa situación se agrega el que la suma de los préstamos que los municipios adeudan al BGF alcanza los $2,200 millones, recién informó esa institución.
El panorama fiscal de los municipios no es alentador. Una tercera parte de ellos generan en ingresos menos de la mitad de lo que es su presupuesto anual, según estadísticas de OCAM. Respiran oxígeno que les llega del maltrecho gobierno central.
¿Cuáles son los principales retos que enfrentan los alcaldes y cómo atenderlos ante la grave situación fiscal y depresión económica que enfrenta el País? Ese fue el tema de una mesa redonda que realizó El Nuevo Día en la que participaron cuatro ejecutivos municipales y expertos en economía, finanzas y administración pública. CAMBIAR EL PATRÓN. Los incumbentes entrevistados señalaron algunas de las gestiones que hacen para mantener a flote sus finanzas. Se trata de Bayamón, San Juan, Barranquitas y Cayey, que llevan años operando con superávit o recién han podido superar sus déficit. La alcaldesa de San Juan, Carmen
Yulín Cruz, subrayó que los alcaldes “tenemos que buscar actividad económica de maneras no tradicionales” si desean ser efectivos al momento de dar servicios.
El alcalde de Bayamón explicó como ejemplo que para atraer turismo y actividad económica a esa ciudad escogieron el nicho de la cultura y los deportes a nivel juvenil. “La época de los grandes proyectos se terminó. Tenemos que desarrollar proyectos que tengan la capacidad de recuperar gran parte de la inversión”, dijo.
El nicho en el que ahora trabaja la administración municipal de Bayamón es el de las competencias con los juegos electrónicos. El municipio habilita un edificio para esos fines. “Ese es el próximo gran deporte en el mundo entero”, dijo, convencido del éxito de su propuesta.
La situación y estrategia es distinta en las montañas de Barranquitas. El alcalde Francisco López dijo que para mantener la economía “no he permitido ni voy a permitir un centro comercial”. La intención es impulsar a los pequeños comerciantes. RETOS POR DELANTE. Esas acciones se quedan pequeñas, según los alcaldes, ante las amenazas que enfrentan para mantener la salud fiscal y el crecimiento de sus respectivos pueblos.
El alcalde de Cayey destacó que para sus homólogos es un gran reto “reconocer que la economía cambió” y que “el Estado, como institución de servicios al ciudadano, está en decadencia. Las ciudades tienen que empezar a tomar consciencia de que es importante planificar”.
La alcaldesa de San Juan, por su parte, dijo que el reto más reciente que les llegó está incluido en la Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que continuará su discusión en la Legislatura cuando se convoque una sesión extraordinaria a principios de diciembre y que propone modificar la contribución en lugar de impuesto (CELI), que reciben los municipios de esa corporación pública y pone en riesgo la compensación que reciben y que re- presenta unos $260 millones.
Otra amenaza que atenta contra la salud fiscal de los municipios -contenida en las recomendaciones del Informe Krueger- es la eliminación del 2.5% del fondo de subsidio que reciben del presupuesto general, lo que representa aproximadamente $226 millones, o sea el 10% de la suma de los presupuestos de los 78 municipios, señalaron.
En la mesa redonda participó el profesor de administración pública Mario Negrón Portillo, quien sumó a esos retos la necesidad de transformar la Junta de Planificación. Mientras, el economista Ramón
Cao García señaló la necesidad de actualizar el sistema de tasación de las propiedades y propuso que se revisen las fórmulas para la distribución de fondos a los municipios.
Aunque el panorama no parece alentador, hay alcaldes que aseguran que los municipios pueden sobrevivir la actual crisis fiscal. “Si hay alcaldes
que pueden hacer las cosas en época de crisis, como estamos haciendo algunos, entiendo que se puede sobrevivir”, dijo el alcalde de Bayamón.
Sin embargo, para el alcalde de Cayey, hay una gran cantidad de municipios que no pueden operar sin déficit. “Podemos llevarle las mejores ideas, pero la ecuación matemática vigente no da”, subrayó.
NO PUEDEN OPERAR SIN DÉFICIT. “Hay municipios que no podrán salir adelante”, advirtió el alcalde de Cayey.
“Más allá del talento para administrar, el esquema legal vigente, el sistema contributivo, la geografía, y hasta donde están ubicados, no se los permite”, insistió Ortiz.
¿Qué hacemos con esos municipios?, planteó el presidente de la Asociación de Alcaldes. “Aquel que no pueda echar hacia adelante, desaparecería”, soltó el alcalde de Bayamón.
Mientras, Ortiz insistió en que “el andamiaje legal puertorriqueño crea unas injusticias y unas ineficiencias que nos están matando”.
El asesor económico y exempleado del BGF, Edwin Figueroa, destacó -como ejemplo- que la ley establece que una cantidad del dinero procedente del Impuesto de Ventas y Usos (IVU) vaya a un ‘barrilito’ que los legisladores reparten a su discreción.
El alcalde de Cayey explicó que de los $245 millones que recogen del IVU, hay $150 millones que son distribuidos entre siete ciudades y los restantes $95 millones son repartidos entre los otros 71 pueblos.
“Esa distribución, que no es justa, pero es la que dice la ley”, señaló el alcalde de Cayey antes que la alcaldesa de San Juan y el de Bayamón le ripostaran sobre esa fórmula, porque hay un fondo de equiparación para compensar esa desproporción.
La discusión colocó sobre la mesa la perenne polémica entre municipios grandes y los de menos población.
“Históricamente ha habido discrimen con los municipios pequeños, siempre ha sido lo mismo”, abundó el alcalde de Barranquitas, quien ató a ese discrimen la división partidista.
“Muchas veces, cuando van a distribuir el bacalao (fondos), como le decimos en el campo, se lo asignan a proyectos en municipios grandes y a los pueblos pequeños no se nos asignan y eso es injusto”, sentenció.
El economista señaló que “no existe tal cosa como un tamaño óptimo (para un municipio)”.
Mientras, Negrón Portillo enfatizó en la necesidad de que en la discusión sobre la situación fiscal de los municipios se ponga “sobre la mesa el número de municipios”.
“A los alcaldes hay que enseñarles que siempre están caminando en el filo de una navaja y si no saben mantener ese equilibrio van a tener varios problemas porque un municipio en déficit es un municipio que nadie le da crédito y los servicios se suspenden”, señaló el asesor financiero.
¿QUÉ SE PUEDE HACER? El experto en administración pública llamó “fantasía” la propuesta de elevar a rango constitucional los municipios para obtener más autonomías y no depender de la Legislatura. Dijo que era cuesta arriba enmendar la Constitución para añadir un cuarto poder.
La Ley de Municipios Autónomos, indicó, fue con la intención de que el gobierno central delegara competencias a los municipios al tiempo que renunciaba a ese poder para entrar a una descentralización.
¿QUÉ PASÓ? “El problema es que el Estado incumplió, no solo en la delegación. Se dio cuenta que no quería perder su poder y nos quedamos en un limbo”, dijo.
Mientras, el economista señaló que dicha ley propone que los municipios se organicen en consorcios para ayudarse en dar servicios.
¿Por qué ese instrumento ha sido tan poco usado? Los alcaldes no dudaron en reconocer que la política partidista ha estado presente y que les preocupan las destrezas administrativas de muchos alcaldes, incluso de sus partidos.
Negrón Portillo señaló que si no se toman decisiones para atender los problemas de los municipios, ocurrirá como en el cuento de Caperucita Roja: “El lobo (junta federal) va a llegar”.
“El País se nos está viniendo abajo. Nosotros, como si fuéramos una bola de béisbol, nos estamos rompiendo por las costuras” MARIO NEGRÓN Administración Pública “Los alcaldes tienen que conocer cuál es su realidad operacional, cuántos son sus ingresos y ajustar sus gastos dando los servicios que pueden dar” EDWIN FIGUEROA Asesor financiero de municipios “¿Por qué los consorcios han sido tan poco usados? ¿Qué problema hay con esa estructura que se visualizaba como modelo para resolver esto? ” RAMÓN CAO GARCÍA Economista