Es necesario edificar un muro anti-corrupción
La corrupción sistemática que corroe a cuerpos de la Policía Municipal en Puerto Rico tiene que ser erradicada de raíz, para restituir la confianza de la ciudadanía en la decencia de funcionarios en los que deposita su seguridad, y para beneficio de la sa
Acabar con conductas corruptas como las que deslucen a los uniformados de los ayuntamientos contribuirá a restaurar la fibra social que tanto se ha lacerado en Puerto Rico debido, en buena parte, al desamparo y la inseguridad del ciudadano ante la corrupción rampante.
Es preciso que las medidas para limpiar la fuerza policiaca municipal incluyan el procesamiento legal adecuado de los sospechosos de transgredir la ley. Igualmente necesario es establecer un sistema riguroso de reclutamiento de los oficiales responsables de la seguridad de los ciudadanos.
Por eso, los hechos por los que días atrás se acusó a tres excomisionados de la Policía Municipal de Barceloneta, un agente y una secretaria, aunque pudiera argumentarse que se trata de actos de ratería, tienen que ser sometidos al rigor procesal que requiere cualquier alegación de corrupción gubernamental, para enviar a los funcionarios públicos de todos los niveles el mensaje claro de cero tolerancia a los actos corruptos.
El caso ocurrido en Barceloneta nos recuerda que este mal no se limita a la apropiación de grandes sumas de dinero, ni a la venta de influencias por parte de políticos o funcionarios prominentes, sino que también puede tomar la forma de pequeñas actuaciones que igualmente laceran la confianza del pueblo y contribuyen al desangre de las arcas públicas.
No es un secreto que la corrupción pública está entre los factores que erosionan las finanzas gubernamentales. Cabe señalar que los municipios de Puerto Rico sufren de un déficit combinado de aproximadamente $241 millones y una deuda pública conjunta de $4,141 millones. Únicamente sobre Barceloneta pesa un déficit de cerca de $5 millones y una deuda de alrededor de $60 millones.
Ante este escenario de finanzas seriamente apretadas, las autoridades municipales, y las del sistema de ley y orden, tienen que asegurarse de que acaban con las circunstancias que permiten la ya casi constante repetición de actuaciones corruptas como las que se atribuyen a miembros de la Policía Municipal de Barceloneta o al comisionado de la Policía Municipal y a otros seis empleados municipales de Cidra, señalados semanas atrás por un presunto esquema para defraudar al Seguro Compulsorio.
Coincidimos con la alcaldesa de Barceloneta, Wanda Soler Rosario, en que no puede permitirse que personas que han sido contratadas para llevar a cabo la función de garantizar la seguridad de los ciudadanos, incurran en actividades delictivas. En ese sentido, aplaudimos la decisión de la ejecutiva municipal de reestructurar la fuerza policiaca del ayuntamiento y confiamos que lo ocurrido sirva para hacer más estrictos los procesos de selección y preparación de los agentes.
Medidas con estas pueden ayudan a comenzar a edificar un muro de contención contra futuros casos de corrupción en las fuerzas que componen las policías municipales, igual que en la Uniformada estatal.
Los policías tienen el deber de hacer cumplir las leyes y garantizar la seguridad de los ciudadanos, e igualmente están obligados a exhibir siempre una conducta adecuada y a dar fiel cumplimiento a las normas éticas que rigen su función.
El reciente caso de Barceloneta tiene que servir de alerta a las instituciones, tanto públicas como privadas, sobre la importancia de fomentar y velar constantemente por el cumplimiento de los más altos valores éticos en sus empleados, de manera que sus actuaciones sirvan de ejemplo a toda la ciudadanía.
El ejemplo es un gran antídoto contra la corrupción.