LA LEY Y LA TRAMPA
En momentos en que entra en calor la campaña para las elecciones de noviembre, análisis de expertos y funcionarios revelan que el estatuto que reglamenta los donativos electorales ofrece múltiples vías hacer aportaciones ilegales
En un año cualquiera, una persona en Puerto Rico puede donar cerca de $1.3 millones a campañas políticas y sus donativos serían completamente legales.
Mientras, un candidato podría recibir una cantidad ilimitada de donativos en efectivo sin identificar a los individuos que entregaron el dinero, siempre de que se traten de donativos de menos de $200 cada uno.
Asimismo, una compañía privada puede gastar cantidades enormes de dinero para impulsar una visión política y crear comités que pueden recibir donativos que no están regidos por los límites que aplican a los individuos.
Pero en medio del furor que causa una campaña electoral en Puerto Rico, esos donativos en “cash” son casi imposibles de reglamentar y no hay límites
a la creatividad cuando se trata de intentar pasar como legales los donativos que los comités políticos reciben de forma irregular, reconoció el contralor electoral, Manuel Torres Nieves.
Para justificar grandes sumas de dinero en efectivo, una campaña podría señalar que se llevó a cabo una actividad de recaudación de fondos que realmente no se hizo, o fue más pequeña de lo que se quiere hacer ver.
También podrían echar mano de donantes reales, cuyos nombres aparecen en sus informes financieros, y notificar que estos hicieron donaciones más grandes de las que hicieron para justificar dinero que se recibió de forma ilegal.
La situación no solo es que este tipo de esquema está en contra de la ley, sino que permitiría que una persona de alto poder adquisitivo pero con intenciones cuestionables, como alguien ligado al narcotráfico, financie una campaña política y luego tenga grandes influencia sobre funcionarios electos.
Las leyes que rigen los procesos electorales en Puerto Rico se han enmendado en múltiples ocasiones en años recientes y las reglas de cuáles donativos son permitidos y cuáles ya no son las mismas.
Aunque se han intentado establecer mayores controles para fiscalizar el financiamiento de campañas, las cantidades de los donativos que se pueden entregar legalmente y quiénes pueden donar se han flexibilizado tanto que los escenarios sobre posibles ilegalidades se han ampliado.
“El problema es que aquí hay candidatos que compiten en las elecciones, unos ganan y otros pierden, pero hay intereses que siempre ganan. Hay personas que invierten en diversidad de candidatos o candidatas, independientemente de quien gane y hay que buscar la forma de descubrir eso, de destaparlo”, dijo Justo Méndez
Arámburu, uno de los portavoces del movimiento de concertación ciudada- na Vamos.
Velar que todos los donativos que se reciben en medio de la campaña también se trata de un asunto de sana administración pública, ya que los partidos y candidatos a la gobernación reciben fondos gubernamentales para las campañas políticas a base de los ingresos que obtienen, señaló el contralor electoral.
“Nosotros tenemos que corroborar, hasta donde nuestra capacidad pueda, para asegurarnos que ese recaudo es legal. Lo que la gente tiene que entender es que el recaudo en efectivo puede ser totalmente legal, como puede ser ilegal. Puede ser que un recaudo de $50,000 en efectivo sea legal porque se recaudó todo en donativos de menos de $200. Hubo un evento, un maratón, donde la gente echó $5, $2 en un pote, donde hubo una rifa... Pero también pudo ser un solo donante que dio $10,000 y el tesorero (de la campaña política) lo dividió en donaciones de menos de $200 para no tener que identificarlo y no tener donaciones en exceso”, expresó Torres Nieves.
LÍMITES A LOS RECAUDOS. Actualmente, no existen límites a la cantidad de donativos que una misma persona puede realizar a diferentes campañas políticas, aunque solo puede dar un máximo de $2,600 a un mismo candidato o comité de campaña, explicó Torres Nieves.
Esto quiere decir que, si alguien quisiera, pudiera dar dinero a cada candidato, comité de campaña, partido político, comité de acción política o comité de gastos independientes que exista en el País.
A base de las candidaturas y comités que se registraron durante el pasado año electoral, en teoría un mismo individuo podría donar aproximadamente $1.3 millones cada año natural, indicó la directora de Asuntos Legales de la Oficina del Contralor Electoral, Cristina Córdova.
“La cantidad de dinero que se puede dar legalmente a las campañas políticas es enorme, así que no debe haber razón para tener que buscar mecanismos para hacer donativos ilegales”, comentó Torres Nieves.
Tampoco hay límites a la cantidad de dinero en efectivo que una campaña puede recibir, aunque la Ley 222 para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas de 2011 establece que los partidos políticos y candidatos a la gobernación pueden recibir hasta un máximo de $600,000 del total de $5 millones que el Gobierno parea con los fondos públicos del Fondo Especial. No obstante, pueden recibir dinero en efectivo adicional que no será sujeto a pareo de fondos gubernamentales, aunque solo pueden incurrir en gastos hasta un máximo de $10 millones, recalcó el funcionario.
Pero no todos los cambios a la reglamentación electoral son producto de la Legislatura estatal, pues Puerto Rico está sujeto a decisiones recientes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
En el 2010, el foro judicial estableció que las corporaciones, conocidas en términos legales como personas o entidades jurídicas, tienen el derecho de donar cantidades ilimitadas de dinero para gastos independientes en campa-
“Si en algo estamos interesados es que el proceso electoral sea transparente y
equitativo”
JUSTO MÉNDEZ ARÁMBURU
Portavoz movimiento Vamos “La ley establece unos límites a los donativos,
pero hay muchas maneras de irse por el lado, de doblar las
normas”
JUAN MARCANO MEDINA
Profesor de ciencias políticas
ñas políticas a raíz de la decisión en el caso conocido como Citizens United.
Estos nuevos escenarios se combinan para permitir que personas que no se afectan directamente de un proceso electoral porque no viven en la misma región puedan tener gran influencia sobre su resultado, señaló el profesor de ciencias políticas, Juan
Mercano Medina.
“Esto se trata del famoso inversionismo político versus la democracia y como esta se beneficia o se afecta por estos procesos. Por un lado, tienes un reclamo que parece válido, si la gente quiere respaldar económicamente a un candidato debe tener la facultad de hacerlo y eso parece muy democrático. Pero eso trae el problema de que tenemos personas con mayor poder eco- nómico, que tienen la capacidad, la oportunidad, de influenciar más el proceso democrático porque tengo cantidades ridículas de dinero para invertir en una campaña política”, sostuvo el profesor.
En el caso de Puerto Rico, ya representantes de corporaciones extranjeras se han comunicado con la Oficina del Contralor Electoral para orientarse sobre el proceso de establecer comités de gastos independientes en la Isla, aunque estos aún no se han creado, señaló Torres Nieves.