Trascendental cita legislativa para salvar a la AEE
Cuando los miembros de la Cámara de Representantes acudan hoy a su trascendental cita con el proyecto de ley que otorga a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) la oportunidad de salvar su futuro, estarán sentenciando el destino económico de Puerto Rico.
Un voto a favor de la medida de revitalización significa brindar a la Autoridad las herramientas para cumplir organizadamente con el pago de su deuda de $9,000 millones. Este es el salvavidas con el que contará la corporación pública para ahorrarse la cadena de impagos y litigios que le impedirían presentarse ante el mercado de bonos como la empresa pública sólida y confiable que ha sido orgullo de los puertorriqueños.
Cuando ocupen hoy sus asientos en el recinto cameral al que llegaron con el voto de nuestro pueblo, los representantes tendrán que asegurarse de que la AEE no se convierta en el nefasto reflejo de la incapacidad de Puerto Rico de negociar sus deudas.
El mensaje que los representantes tienen que enviar a todos los bonistas, con su voto a favor del proyecto de ley para reestructurar la AEE, es el de la capacidad de nuestra clase política para ponerse de acuerdo en la articulación de iniciativas que, lejos de estancar al País y ocasionarle problemas adicionales, lo conducen hacia el desarrollo económico ansiado.
Cuando los electores se presenten a su cita en las urnas en noviembre, sabrán cuáles legisladores permitieron que la AEE cuente o no con los mecanismos para mejorar sus operaciones y servicios, encaminarse hacia la reducción tarifaria que tanto los abonados necesitan y salvar el sustento de cientos de familias puertorriqueñas que dependen de la corporación.
Un voto de la Cámara en contra de la revitalización de la AEE sería un voto a favor del alza desmesurada en la tarifa de la energía eléctrica. Si no se aprueba una ley que valide los acuerdos entre la AEE y sus acreedores, estos podrán recurrir a los tribunales a exigir el pago de la deuda en los términos en que fueron negociados originalmente y, para poder pagar, no podrá evitarse un alza bien alta en la tarifa de los abonados.
En cambio, los acuerdos negociados entre la oficial de reestructuración de la AEE, Lisa Donahue, y el 70% de los bonistas establecen términos beneficiosos para que la corporación pueda cumplir con el pago de $400 millones que debe abonar en julio próximo a su deuda de $9,000 millones. Asimismo, le permitirán a la AEE no hacer pagos al principal durante cinco años sin que ello signifique una acumulación mayor de intereses, y contar con fondos suficientes para atender sus urgentes problemas de infraestructura.
La Cámara tiene que evitar la muerte de este acuerdo. Es momento de poner el bien común por encima de los intereses particulares. Si los representantes no aprueban el proyecto de reorganización que ya pasó el cedazo del Senado, la AEE no tendrá forma de enfrentar sus obligaciones, no solo con sus bonistas, sino con sus abonados.
La Cámara tiene en este día la enorme responsabilidad de darle paso a la tarea urgente que colocará a la corporación pública en ruta a su recuperación fiscal y de su credibilidad, por ende, a la revitalización de toda la economía.