Dejarían al ELA decidir sobre junta federal
Su propuesta al Congreso incluye permitir que el Gobierno de Puerto Rico acepte o rechace una junta federal
WASHINGTON.- El borrador que ha circulado el Tesoro sobre una posible legislación para crear una “junta federal de supervisión fiscal” que tenga a su cargo echar hacia delante una reestructuración abarcadora de la deuda pública de Puerto Rico propone que el gobierno de la Isla pueda ratificar o rechazar esa nueva autoridad, reveló ayer el comisionado residente en Washington, D.C., Pedro Pierluisi.
Sin embargo, para la junta, según el concepto explicado a miembros del Congreso la administración del presidente Barack Obama, tendría amplios poderes sobre el manejo de la situación fiscal y la capacidad de multar al gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) Puerto Rico, de no corregir los incumplimientos que pueda identificar.
La semana pasada, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch (Utah), habló de lo que describió como “el borrador” de la administración del presidente Obama sobre una posible legislación para atender la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla.
En una audiencia, el senador Hatch dio a conocer que la propuesta, dirigida a otorgarle a Puerto Rico una autoridad territorial para reestructurar gran parte de su deuda pública, permitiría darle prioridad a las obligaciones de los sistemas de retiro de los empleados públicos, frente a las del gobierno central, protegidas por la Constitución de Puerto Rico.
Pierluisi dio nuevos detalles ayer sobre las sugerencias que el Tesoro ha hecho al Congreso, donde el liderato de la mayoría republicana se inclina a imponer una autoridad federal fiscal sobre el gobierno de Puerto Rico, que puede caer en un impago masivo entre mayo y el 1 de julio.
Los dos proyectos presentados en diciembre en el Congreso, el 2381 del senador Hatch y el 4199 del congresista Sean Duffy (Wisconsin), proponen establecer juntas de control fiscal – con diferentes nombres- que se convertirían, de forma temporal, en el poder principal sobre el presupuesto y los planes fiscales de la Isla, por encima del gobernador y la Legislatura.
Como el Tesoro, el proyecto de Duffy –que a cambio de la junta permitiría acceso al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras de EE.UU.- requiere que la nueva autoridad federal sea avalada por medio de una resolución de la Legislatura firmada por el gobernador.
LEY PARA LOS TERRITORIOS. En el documento que ha circulado el Tesoro, “la propuesta establecería una junta de supervisión federal que aprobaría el plan financiero a largo plazo del gobernador, la propuesta de presupuesto del gobernador, el presupuesto final elaborado por el gobernador y la Asamblea Legislativa, supervisaría la adhesión del Gobierno de Puerto Rico al plan financiero y al presupuesto durante el año fiscal”, indicó Pierluisi.
Por el lenguaje que ha circulado la administración del presidente Obama, además, es evidente que la intención es que aspiran a que la junta tenga la responsabilidad de informar “al Gobierno de Puerto Rico de cualquier variación o incumplimiento con el plan o presupuesto, y tendría el poder de imponer una multa si el gobierno de Puerto Rico no corrige los errores después de identificados”, agregó el comisionado.
La propuesta del Tesoro, ha dicho su secretario Jacob Lew, va dirigida a crear una autorización especial para los territorios, fuera del código federal de bancarrotas, que no estaría disponible para los estados.
En ese sentido, la idea de darle acceso a las empresas públicas de la Isla al Capítulo 9 de la Ley de Quiebras ha quedado en un segundo plano.
La visión del Tesoro es que esa junta “autorizaría al Gobierno de Puerto Rico a reestructurar las deudas de todas las entidades emisoras de deuda en la Isla, incluyendo las deudas emitidas o garantizadas por el gobierno central, bajo la supervisión y con la aprobación de un juez federal”, explicó Pier- luisi, también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).
“A pesar de que toda la deuda estaría sujeta a reestructuración, el plan final de ajuste tomaría en consideración las diferentes protecciones legales correspondientes a los diferentes créditos, y por lo tanto no trataría a todos los acreedores por igual”, agregó Pierluisi, al responder por escrito a preguntas de El Nuevo Día.
¿CONTROL O SUPERVISIÓN? Pierluisi considera que cualquier junta federal tiene que respetar el poder sobre el presupuesto de la Legislatura y el gobernador de Puerto Rico.
“Lo importante es que la junta no sustituya el poder decisional de nuestros funcionarios electos, sino más bien apruebe el plan fiscal y el presupuesto de nuestro gobierno y vele por sus cumplimientos”, afirmó ayer.
No obstante, abrió la puerta a la idea de una ratificación de la legislación federal en San Juan.
“En la medida que vaya más allá de ese tipo de supervisión solo se debería establecer si nuestro gobierno lo acepta”, indicó.
Sin conocer el lenguaje que ha propuesto el Tesoro, que ha presentado ideas por lo menos desde octubre, el candidato a gobernador y presidente del Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, dijo que antes de emitir un juicio final, quiere esperar a ver que adopta el Congreso.
Sin embargo, reafirmó que si la junta “altera el nivel de gobierno propio y afecta nuestra Constitución, habría que hacer causa común para combatirla”.
Bernier también dijo que tomará en cuenta el nivel de “participación” que tenga en ese proceso “el gobierno de Puerto Rico”.
El Congreso suspendió sus sesiones legislativas hasta la semana próxima, pero el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), anunció hace unos días una nueva audiencia pública para el 25 de febrero, que tendrá como único ponente al número tres en funciones del Tesoro, Antonio Weiss.
Bishop dijo que su oficina redacta una posible legislación, que iría a votación en comité el mes próximo, para cumplir con la orden del ‘ speaker’ Paul Ryan (Wisconsin) de tener una propuesta legislativa antes de que termine marzo.
“Hay que estar muy atento a los detalles que incluya la junta. Si altera los niveles de gobierno propio habría que hacer causa común para combatirla”
DAVID BERNIER Presidente del Partido Popular Democrático (PPD) “Lo importante es que la Junta no sustituya el poder decisional de nuestros funcionarios electos”
PEDRO PIERLUISI Comisionado residente en Washington, D.C. y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP)