¿Segunda oportunidad?
Mientras el mundo se enteraba que Albert Einstein tenía razón hace 100 años cuando decía que las ondas gravitacionales existen y en Cuba se daba el primer encuentro en casi mil años entre un jerarca católico y uno ortodoxo, pues acá, en nuestra amada colonia, nos robaba la atención el debate sobre si los ex convictos deben formar parte de las papeletas electorales.
Ese tema, claro está, poco tiene de alcance global, pero para nuestro contexto es un debate existencial importante, que no debe tomarse a la ligera por sus altas implicaciones éticas.
¿Debe un ex convicto ser candidato a un puesto político?
El instinto sería decir que no, de forma tajante y contundente, sin excepciones. Y esa debe ser la norma de una sociedad en la cual lo altos estándares morales permean. Ahora, ¿qué ocurre entonces con ese concepto que llamamos rehabilitación? ¿Se merecen los convictos una segunda oportunidad tras fallarle al sistema? Es ahí que se complica la respuesta. Nuestro sistema democrático postula a los cuatro vientos que la rehabilitación existe en el sistema correccional y que una de las metas fundamentales del aparato judicial estriba en, además de tener un carácter punitivo, poder dar a los convictos una reinserción social digna. Si esa es la premisa, ¿por qué entonces alguien que cumplió con la sociedad no debe acceder a los puestos públicos? ¿Por qué no darle una segunda oportunidad para que prueben que el sistema en efecto es exitoso y que los delin-
Periodista
cuentes pueden rehabilitarse y ser buenos servidores públicos?
Comencemos por el principio, como se dice por ahí. ¿Quién es quien puede establecer que un ex convicto está rehabilitado y ha dejado a un lado las malas mañas? ¿Es el mismo sistema que ya tiene en la calle a Jorge de Castro Font y Víctor Fajardo, pero mantiene convicto a Oscar López Rivera? ¿Es el mismo sistema cuyos fallos han condenado a cárcel e incluso la pena de muerte a personas inocentes? Por ahí es que se empieza a complicar el asunto.
Entonces, ¿es ese mismo sistema, manifestado en los partidos políticos, el que decide quién está apto o no para ser un funcionario electo u ocupar un puesto de confianza en el Gobierno?
No debería ser, porque los partidos se han equivocado malamente en el pasado y son precisamente algunos candidatos que han pasado por el filtro interno los que acaban cometiendo atrocidades en el manejo de sus cargos públicos. Igualmente, esos procesos internos son tan poco eficientes y están tan llenos de imperfecciones que pedófilos y maltratantes se cuelan con una facilidad pasmosa.
¿Debe ese filtro estar en manos de los electores? Tengo mis serias dudas. Los electores a veces compran lo que se les vende y legitimizan a quien no deben, ya sea por ignorancia, buena fe o por simples simpatías con esos que han faltado a la sociedad. Ahí están los ejemplos de Carlos López y Luis Raúl Torres, quienes cometieron faltas serias en su momento, pero fueron redimidos por el voto popular.
Y estos casos, por ejemplo, son de esos que pondrían a dudar a cualquiera. ¿Han sido buenos servidores públicos estos dos a pesar de ser convictos? ¿Debemos separarlos de la papeleta por esos errores en los 90 a pesar de que han mantenido un récord limpio -por lo menos públicamente- desde entonces? Sí, son preguntas de esas que revuelven el estómago. Porque si contestamos que sí, la implicación es que toleramos la inmoralidad, si la respuesta es no, entonces somos intolerantes a la rehabilitación. ¿Qué hacer?
El plan de acción es muy, muy difícil de definir. Confieso que se me hace imposible de aceptar que personajes convictos tengan acceso a servir en el gobierno de la sociedad a la cual fallaron, pero a la vez estoy convencido de que la rehabilitación es posible y que todos, en algún momento, merecemos los espacios correctos para probar que nos arrepentimos de los errores cometidos. Nado entre dos aguas que no necesariamente son compatibles y creo que hay dos o tres que podrían tener el mismo dilema que yo.
Y el panorama se complica si metemos en la ecuación a aquellos acusados o señalados de faltas, pero que al final no resultaron responsables de alguna falta ética, civil o criminal. ¿Deberían ellos tener acceso a posiciones electivas? Me imagino que la respuesta es que depende, porque en este escenario hay gradaciones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de emitir un juicio.
Entonces, ¿hacia dónde nos podemos dirigir? ¿Qué hacemos? Opino que crear un comité independiente de evaluación de candidatos, ajena a los partidos políticos, podría ser una solución. Debería estar compuesta por personajes de la sociedad civil de alta reputación, que mantengan su composición en un número impar para evitar los empates y recursos de investigadores para validar la información. Esa junta evaluaría este tipo de casos dudosos y daría su visto bueno a alguien o cerraría el paso a otros. Es posible que esa sea una salida, aunque admito es una idea que habría que pulir bastante.
Al final, como tantas otras cosas en este País, la definición de este debate estriba en una decisión filosófica. ¿O creemos en la pulcritud del servicio público, o respaldamos la rehabilitación, o veremos cada caso en su contexto aunque cometamos en el camino muchas injusticias y/o aciertos?
No es una decisión sencilla, porque nos afecta a todos, pues de alguna manera en cada familia de este País alguien ha cometido un error en algún momento de su vida. Pero eso tampoco justifica que su insensatez le merezca ser premiado con un espacio en la estructura que decide cómo debemos manejarnos como sociedad. Es una paradoja completa.
Me declaro confundido en este tema. Sé que violadores, pedófilos, corruptos, asesinos y otros más jamás deberían tener acceso a las arcas públicas, pero ¿qué hacemos con los que, por ejemplo, comenten delitos menos graves? ¿Qué hacemos con la rehabilitación y cómo la ponemos a prueba? ¿Valdrá la pena esa segunda oportunidad? Ahí les dejo la pregunta, me pueden convencer de una o de otra.
“...¿Quién es quien puede establecer que un ex convicto está rehabilitado y ha dejado a un lado las malas mañas? ¿Es el mismo sistema que ya tiene en la calle a Jorge de Castro Font y Víctor Fajardo, pero mantiene convicto a Oscar López Rivera?...”