DINERO EN INVERSIONES Gobernadores y territorios objetan Capítulo 9 para la Isla
Los líderes de Arizona, Nevada, Guam e Islas Vírgenes alegan que les perjudicará otorgar el beneficio de la bancarrota a Borinquen
La presión para que el Legislativo de los Estados Unidos no extienda a Puerto Rico las protecciones del Capítulo 9 del Código de Quiebras parece tomar un nuevo giro, pues algunos estados y territorios de EE.UU. comenzaron a plantear que les perjudica la crisis fiscal de la Isla.
Esa voz de alerta está consignada en dos cartas firmadas por los gobernadores de Arizona y Nebraska al liderazgo congresional que examina la situación de Puerto Rico y quienes se han comprometido con articular una solución a la crisis de liquidez que encara la Isla a más tardar el mes entrante.
“Me preocupa que ciertas medidas que se han propuesto por el presidente (Barack Obama) y algunos miembros del Congreso tendrán un efecto devastador en la capacidad de Nebraska de acceder al mercado de deuda municipal”, reza la carta del gobernador de ese estado, Pete Ricketts a los líderes del Senado y el Congreso estadounidense, los republicanos Mitch McConnell (Kentucky) y Paul Ryan (Wisconsin), respectivamente.
En la misiva, a la que tuvo acceso El Nuevo Día, Ricketts, quien antes fue ejecutivo de la firma de inversiones Ameritrade, describió como “un mal precedente que podría desestabilizar el mercado de deuda municipal”, el que se dé a Puerto Rico la oportunidad de acogerse a la bancarrota para reducir la deuda con garantía constitucional; la carta tiene fecha del pasado 3 de febrero.
Según Ricketts, también republicano, si a Puerto Rico se le otorga un remedio para renegociar la deuda del gobierno central, ello tendrá el efecto de aumentar los costos de financiamiento para el resto de los estados, mientras que los individuos que han comprado bonos con garantía constitucional experimentarían pérdidas.
Es así por la incertidumbre que generaría la posibilidad de que otros estados reciban autorización para negociar su deuda constitucional para lidiar con sus respectivos problemas fiscales.
La propuesta que impulsa la Casa Blanca para la Isla contempla, además de un vehículo para renegociar la deuda, un paquete de ayuda que incluye aumentos en dinero de salud y la am- pliación de los créditos por trabajo y por ingreso devengado.
Unos 12 días antes de la misiva de Ricketts, el gobernador de Arizona, Douglas A. Ducey, remitió una carta al liderazgo legislativo federal.
“La medida propuesta de política pública (un supercapítulo 9 para Puerto Rico) crea un riesgo moral para los estados y territorios. Eso desincentiva a los estados de protegerse contra los riesgos y consecuencias de gastar descuidadamente”, reza la carta de Ducey, en la que alega el estado de Arizona sentirá el efecto de auxiliar a Puerto Rico por la vía de costos más altos y la erosión de la confianza de los inver- sionistas hacia lo que se considera deuda garantizada por la constitución.
Ducey, también republicano, propuso a los legisladores que de otorgar las provisiones del Capítulo 9, estas sean similares a las que poseen otros estados y sugirió a estos que insten a Puerto Rico a buscar una solución “consensuada” con los acreedores, un planteamiento que han hecho diversos fondos de inversión y los asesores de distintos acreedores de Puerto Rico.
LOS TERRITORIOS SE QUEJAN. El impacto de conferir un tratamiento especial no solo es objeto de preocupación para los líderes de gobiernos estatales, pues la situación también mantiene atentos a los líderes de los demás territorios estadounidenses.
El servicio de noticias Bloomberg, citó la semana pasada al gobernador de Guam, Eddie Calvo, quien sostuvo que los costos de financiamiento aumentarían para ese territorio.
Guam recién emitió unos $143 millones en bonos para su infraestructura de agua.
“He sido bien claro. Guam no necesita y no desea mirar hacia ninguna puerta trasera como la protección de quiebra”, dijo Calvo a Bloomberg, al tiempo que sostuvo que el tratamiento especial que tienen los territorios ha permitido que la deuda triplemente exenta de Guam sea “muy atractiva”.
En el caso de las Islas Vírgenes estadounidenses (USVI), Bloomberg reportó que su gobernador Kenneth Mapp indicó que si bien el territorio no necesita la protección de quiebras, el tratamiento que se dé a Puerto Rico también debe aplicar a los demás territorios estadounidenses.
De otra parte, la congresista por las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, dijo a Bloomberg estar preocupada por el impacto que tendría extender el Capítulo 9 del Código de Quiebras federal a los territorios en la clasificación crediticia que ostenta USVI.
Sin embargo, la congresista también indicó que abogará para que se incluya a USVI en “cualquier paquete” de asistencia que se dé a Puerto Rico “fuera del proceso de quiebras”.
Mientras, Nader Tavakoli, principal oficial ejecutivo de Ambac Financial Group, indicó que extender las provisiones del Capítulo 9 minará la confianza del inversor en el mercado municipal, que representa el principal vehículo de financiación para estados, ciudades y condados en EE.UU.
El mercado municipal ronda unos $3.7 trillones.
“Hacer disponible el Capítulo 9 a Puerto Rico podría tener efectos de largo plazo muy dañiños, así como graves consecuencias para el mercado municipal como un todo”, dijo Tavakoli a El Nuevo Día.
Según Tavakoli, modificar retroactivamente las reglas bajo las cuales Puerto Rico emitió deuda podría, además, aumentar los costos de tomar prestado en el mercado municipal.
Ello, a su vez, constituiría un otro reto para hacer inversiones en infraestructura, servicios de emergencia y otras funciones críticas que realizan los municipios.
“Estos impactos se sentirían inmediata y sustancialmente en Puerto Rico y podrían repercutir a través del resto de Estados Unidos también”, subrayó el ejecutivo.