Para largo la auditoría
KPMG necesita ocho semanas para evaluar los estados financieros
La auditoría que realiza la firma KPMG de los estados financieros del Estado Libre Asociado no estará disponible hasta finales de marzo debido a las complejidades fiscales que enfrenta el Gobierno.
Hace apenas 17 días que el Departamento de Hacienda le entregó a esta firma el borrador de los estados financieros, precisó el socio administrador de KPMG en San Juan, Miguel Venta .
“Creemos que el final de este proceso ya está a la vista”, dijo el ejecutivo en una audiencia de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado en la que no se comprometió a una fecha específica.
Venta afirmó que el Gobierno de Puerto Rico enfrenta un escenario inusual y que las auditorías de los informes financieros requieren una serie de actualizaciones y divulgaciones con hechos posteriores al periodo auditado, que en este caso implica el año fiscal 2013-2014.
Esto se suma a la complicación usual de este estado financiero, que recoge, a su vez, el insumo de informes similares pero específicos para sobre 70 agencias o instrumentalidades públicas.
El secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, explicó, por ejemplo, que el estado financiero de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) fue completado en diciembre de 2015. Mientras, la Autoridad de Energía Eléctrica entregó el suyo el mes pasado.
“No ha habido falta de información o de intención de dar información. Estamos viviendo una circunstancia única... En la medida que se ha podido, la información ha fluido”, dijo el ejecutivo de KPMG ante las preguntas de los legisladores. En esta audiencia del Senado participó, como invitado, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló.
“Los estados financieros del ELA son extremadamente complejos ya que cuentan con el mayor número de entidades incluidas en unos estados financieros a nivel de las jurisdicciones de los Estados Unidos de Norteamérica”, dijo Zaragoza.
Sin embargo, ante cuestionamientos de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, salió a relucir que la contratación de la firma KPMG ocurrió en noviembre de 2014. Esto es cinco meses después del cierre del año fiscal en controversia.
Venta dio a entender que se trata de una contratación tardía puesto que en otras instancias han sido contratados desde antes de que termine el año fiscal a auditarse.
“No es la experiencia habitual”, dijo el ejecutivo.
En este caso, KPMG fue contratada para auditar tanto el estado financiero del Gobierno central como el de varias de las instrumentalidades o fondos. Por ejemplo, entre las auditorías que tienen a su cargo está la de los sistemas de retiro de los maestros, la judicatura y los empleados del Gobierno central. Tambié tienen a su cargo la auditoría de los estados financieros del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). La presidenta del BGF, Melba Acosta, indicó que este último documento actualmente está bajo el proceso de analizar si es suficiente una reserva recién creada para absorber posibles pérdidas en la cartera de préstamos públicos.
Zaragoza, por su parte, indicó que no estuvo necesariamente tardía la contratación de KPMG debido a que no fue hasta noviembre de 2014 que lograron cuadrar los libros de ese año fiscal.
Explicó que normalmente el Gobierno se tarda en este proceso porque debido a la falta de sistemas modernos de información en Hacienda se hace un trabajo “artesanal” de contabilidad.
“Ese es el problema de fondo que tenemos”, dijo Zaragoza. El funcionario adelantó que trabajan en un proyecto para actualizar estos sistemas a un costo de $30 millones.
CASO DETROIT. Zaragoza argumentó en la audiencia que otras jurisdicciones en escenarios similares a los que vive Puerto Rico han entregado sus estados financieros con más retrasos que los que se perfilan para Puerto Rico. Usó como ejemplo los estados financieros de la ciudad de Detroit, Michigan, para los años 2006, 2007 y 2008. En los primeros dos de estos años, la ciudad tardó más de 600 días para elaborar sus estados financieros. En el último de estos años, la demora fue de 508 días.
En el caso de Puerto Rico han transcurrido 596 días y la operación, describió, es por mucho más compleja que la de Detroit.
“Esto es un documento vivo que cambia según pasen cosas que afecten el asunto fiscal. Y están pasando cosas todos los días. La incertidumbre es grande”, dijo, por su parte, la presidenta del BGF.