Tras jueces comprometidos
El tema de acceso a la justicia debe ser prioridad al evaluar aspirantes al Tribunal Supremo
Conocer de primera mano la competencia, integridad y capacidad profesional de un nominado al Tribunal Supremo debe ser tan importante como entender cuál es su compromiso con el problema de acceso a la justicia.
La organización Espacios Abiertos lanzó un reto ayer a la Legislatura para que durante el proceso de evaluación de juristas para llenar las vacantes del Tribunal de Supremo, los candidatos sean sometidos a un extenso cuestionamiento sobre qué en- tienden por acceso a la justicia, su colaboración, si alguna, con iniciativas dirigidas a atender la situación y su visión de futuro.
Ante el retiro de la jueza presidenta del Tribunal Supremo Liana Fiol Matta y la nominación de la jueza asociada Maite Oronoz para sustituirla quedan dos vacantes en el máximo foro del país, posiciones que tendrán que pasar el cedazo del Senado.
Ariadna M. Godreau Aubert, coordinadora de Acceso a la Justicia de Espacios Abiertos, sostuvo ayer que se trata de un reclamo que se ha hecho anteriormente pero que no ha sido atendido durante el proceso de evaluación en la Legislatura.
“Hay que ver cuáles son los planes de estas personas para ayudar a resolver la desigualdad y que las personas puedan ejercer sus derechos”, señaló Godreau Aubert.
Como parte del reclamo, la orga- nización envió ayer una carta a la Comisión de lo Jurídico del Senado solicitando que se incluya el tema de acceso a la justicia durante las evaluaciones. La misiva está firmada por otras organizaciones e individuos que se han hecho eco del reclamo.
Igualmente, están solicitando participación en las vistas de confirmación. Su interés no es entrar en los méritos de los posibles candidatos sino en lo vital que resulta, especialmente en esta coyuntura, atender el tema de acceso a la justicia.
“Es una convocatoria para que la gente defienda su derecho a tener derecho”, insistió la abogada.
Aunque no hay estadísticas oficiales, se estima que el 75% de la población con necesidad de servicios legales enfrenta el proceso judicial solo ante la crisis económica que enfrenta el País. Las razones principales que impiden costear un abogado privado son el desconocimiento y la falta de recursos económicos. Esta falta de servicios legales se da principalmente en los casos civiles, que durante el año fiscal 2013-2014 ascendieron a 204,204 en el Tribunal de Primera Instancia.