EL GOBIERNO DEL ELA ASEGURA QUE ESTÁ INSOLVENTE
En el borrador de informe financiero dado a conocer ayer la Administración dice que carece de recursos para cumplir sus obligaciones. La auditoría tardará al menos ocho semanas
Puerto Rico se convirtió ayer en la primera jurisdicción estatal de los Estados Unidos en aceptar que ya no tiene dinero suficiente para continuar operando; que no cuenta con recursos para pagar las pensiones de miles de exservidores públicos y mucho menos para pagar la deuda que acumuló a lo largo de cinco décadas.
La declaración, que constituye un evento sin precedentes en el mercado municipal estadounidense, aparece en blanco y negro en la página 18 del borrador del Informe Financiero Anual Consolidado del Gobierno (CAFR, en inglés) correspondiente al año fiscal 2014.
“Los riesgos e incertidumbres que encara el Estado Libre Asociado, junto a otros factores descritos en los estados financieros básicos, han llevado a la gerencia a concluir que hay dudas sustanciales en cuanto a la capacidad del gobierno primario (incluyendo las actividades gubernamentales de sus distintos componentes) y varias de sus unidades y fondos fiduciarios para continuar como entidad solvente según el pronunciamiento de contabilidad (FASB) 56”, reza el documento.
HECHO SIN PAR. Entre 1970 y 2014, según un análisis de Moody’s Investors Services, ha habido unos 95 impagos de la deuda pública emitida por entidades públicas, ciudades y condados como serían los casos recientes de Jefferson County, en Alabama, o Detroit, en el estado de Michigan. Estas ciudades, en su momento, publicaron estados financieros que confirmaron su insolvencia, pero estas son subdivisiones en la jerarquía gubernamental. Así pues, aunque Puerto Rico es un territorio de los Estados Unidos, la declaración de insolvencia hecha ayer por el Estado Libre Asociado es novel, pues aplica al equivalente de un gobierno estatal.
No obstante, la radiografía así como el diagnóstico de muerte que el Gobierno central hace de sus propias finanzas, no son definitivas. Esto, porque todavía el auditor externo contratado por el Gobierno –KPMG– no ha completado el análisis del complejo documento que examina las finanzas del año fiscal 2014. Ese proceso tomará al menos otras ocho se- manas, según salió a relucir en una vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado.
Por un lado, y más allá de la jerga contable, el borrador del CAFR divulgado ayer al filo de las seis de la tarde confirma lo que ya 3.5 millones de puertorriqueños han vivido en carne propia por espacio de una década: que no hay dinero para pagar por los servicios de educación especial, para acabar con el hacinamiento en el Centro Médico de Puerto Rico, para pagar a los suplidores del Gobierno y los reintegros de contribuyentes.
DESCAPITALIZADO EL BGF. Pero del otro lado, el borrador del CAFR revela que en los pasados seis meses, el Gobierno ha recurrido a todo tipo de entuertos fiscales y financieros para estirar el poco dinero que tiene en caja, empezando por evitar el colapso del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la absoluta insolvencia de los principales planes de retiro y con ellos, la posibilidad de no pagar las pensiones a unos 60,000 servidores públicos a partir de dos años.
Según el documento, el pasado 1 de diciembre, la junta de directores del BGF –que también funge como cuerpo rector de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina)– aprobó una resolución para que, de ser necesario, el BGF solicite al secretario de Hacienda que le libere de cumplir con la reserva legal de 20% que debe mantener el agente fiscal. La ley del BGF exige al agente mantener un cojín de efectivo para responder por los depósitos que custodia. Al 30
de noviembre de 2015, esa reserva rondaba $310 millones.
El documento no indica si en efecto ya se solicitó el relevo de reserva legal a Hacienda. Por ley, es Hacienda quien debe notificar al gobernador de la insolvencia del BGF para que este instruya a su liquidación, de ser necesario.
Lo que sí señala el borrador del CAFR es que ante la ausencia de fuentes de financiamiento, el BGF no tendrá liquidez para cumplir con sus obligaciones a partir de abril próximo.
A esos efectos, advierte el informe, es posible que se recurra a una legislación de emergencia que permita decretar una moratoria en la deuda que debe pagar el BGF, así como la designación de un síndico que administre los activos del banco para proceder con su liquidación.
COFINA Y LA LOTERÍA. De acuerdo con el documento, cuando se examina la salud financiera de los distintos componentes del Gobierno a la luz de las fórmulas requeridas en contabilidad gubernamental, todas las corporaciones públicas –desde la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Administración de Seguros de Salud (ASES), aquella que procura el Desarrollo de la Península de Cantera y hasta el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP)– han colapsado financieramente.
De todas esas entidades, solo Cofina y el Fondo de la Lotería, aunque en déficit, podrían seguir operando con los recursos que poseen.
Así pues, en dólares y centavos, el Gobierno de Puerto Rico, al 30 de junio de 2014, tenía un déficit acumulado de $49,200 millones, lo que implicaría un alza de 6% en relación con el fiscal 2013.
En ese cuadro de déficit acumulado, el Fondo General habría cerrado con un descuadre de $1,200 millones al concluir el 2014.
Al analizar las finanzas públicas, el CAFR provee una mirada amplia de las operaciones del Gobierno y divide estas entre las agencias o programas que operan gracias a los impuestos que recauda Hacienda y aquellos programas o agencias que funcionan con ingresos propios.
NO ES SUFICIENTE. Partiendo de lo expuesto en el documento, no importa qué agencia o programa o su fuente de financiamiento, en esencia, no hay dinero para continuar con la prestación de servicios públicos.
Más aún, el documento indica además que hay esfuerzos a nivel del Congreso federal para que los municipios de Puerto Rico puedan acceder al capítulo 9 del Código de Quiebras federal. Y aun con una renegociación de la deuda pública, el Gobierno estará avocado al cierre de diversos programas por falta de fondos.
“El ELA espera que su capacidad para financiar déficit presupuesta-
rios en el futuro esté severamente limitada aun si logra una renegociación abarcadora de la deuda y como resultado, será necesario, entre otras medidas, reducir la cantidad de recursos que cubren importantes programas de gobierno y servicios a fin de balancear el presupuesto”, reza el documento en el que reitera la posibilidad de declarar una moratoria en el pago de la
deuda pública. AGOTADOS LOS PLANES DE RETIRO. El resquebrajamiento es tal que el informe detalla decenas de millones de dólares que las agencias del gobierno deben a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), así como la necesidad de hacer más estimados para tener una idea de cuánto hay que aportar al Sistema de Retiro para Maestros.
A junio de 2014, la ASR apenas tenía medio centavo por cada dólar que adeuda a los pensionados. Y esa proporción no incluye los retiros anticipados que comenzaron a hacerse en julio pasado para pagar las pensiones.
En el caso de la ASR, los activos del sistema en relación con sus obligaciones prácticamente se colapsaron, estimándose en 11.5 centavos por cada dólar de obligación. El plan de los jueces tiene 12 centavos para cumplir con los juristas retirados.
RETRASADOS POR 10 MESES. Aunque las cifras contenidas en el CAFR 2014 suponen nuevos hitos en el desbarajuste fiscal de Puerto Rico, estas constituyen una radiografía tardía que sale a la luz pública, luego que el senador republicano
Orrin Hatch –quien busca aprobar una junta de control fiscal para Puerto Rico desde el Congreso estadounidense– cursara una misiva al gobernador Alejandro García
Padilla a esos efectos. El Gobierno debió presentar el CAFR 2014 hace 10 meses. Así las cosas, el borrador del informe CAFR 2014 se publica, mientras ya comenzó la cuenta regresiva para que el Gobierno publique el CAFR correspondiente al año fiscal 2015.
Esto porque la fecha autoimpuesta por Puerto Rico para publicar su radiografía financiera es el 1 de mayo de cada año.
“El Gobierno continúa trabajando constructivamente y diariamente con KPMG a través de un proceso de auditoría frecuente para completar la auditoría del año fiscal 2014”, indicó en declaraciones escritas el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, al tiempo que reiteró que la opinión del auditor se conocería en unas ocho semanas.
De ser el caso, la opinión de KPMG sería posterior a la fecha límite que se impuso el Congreso para tomar una decisión con respecto a la Isla.
Con todo, Zaragoza advirtió que podrían “surgir otros asuntos” que retrasen el calendario de trabajo.