NIÑOS SIN SERVICIOS POR FALTA DE PAGOS
Deuda de $24 millones del Gobierno con proveedores de educación especial los obliga a suspender trabajos, dejando a incontables menores sin esenciales tratamientos
Los dolores de cabeza para familias de niños de Educación Especial parecerían no tener fin ya que en medio de la crisis económica que atraviesa el Gobierno, a los proveedores de servicios de terapias para esta población se le adeudan más de $24 millones.
A causa de los atrasos en los pagos, ya hay especialistas que han dejado de dar servicios a estos menores y amenaza con que más especialistas se sumen a la lista, advirtió ayer el presidente de la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia (APPST), Víctor Moreno.
El Departamento de Educación señaló que los problemas de liquidez del Departamento de Hacienda han causado que hasta la primera semana de febrero no se hayan liberado $22,419,742.99 en pagos para los proveedores contratados por la Secretaría Asociada de Educación Especial.
En el caso de los especialistas que brindan servicios a través del mecanismo de Remedio Provisional -donde el padre es quien contrata al profesional- la agencia detalló que hay $1,856,000 que no se había pagado al 19 de febrero, según cifras provistas ayer por la Secretaría Auxiliar de Finanzas de la agencia.
“Mis tres hijos son estudiantes de Educación Especial y los tres se están afectando de alguna forma con lo que está pasando”, relató Dayline Burgos .
A principios de febrero, la niña de 8 años de Burgos y su esposo se quedó sin sus terapias de habla y lenguaje. Su hija de 11 años podría quedarse sin la misma terapia este mes, luego que en diciembre se le canceló su terapia visual. Los profesionales que atendían a las niñas les informaron que los atrasos en los pagos que se supone que reciban del Gobierno les impedían continuar dando los servicios.
En el caso de Daynely, de 11 años, la niña recibe terapia del habla y lenguaje con especialidad en apraxia ya que tiene un diagnóstico de autismo y es no verbal. Además recibía terapia visual con una especialista que domina el lenguaje de señas -mecanismo que está aprendiendo para poder comunicarse- pero el centro que la atendía en Ponce se vio obligado a dejar de dar servicios a través del mecanismo de Remedio Provisional debido a la acumulación de deudas con el Departamento de Educación.
Burgos y su esposo ahora buscan un nuevo proveedor de terapia del habla para Nelmary, de 8 años y diagnosticada con déficit de atención con hiperactividad, pero no pueden acudir a los especialistas que atienden a Daynely pues ya le advirtieron que ellos también pudieran cancelar sus servicios si no reciben pago alguno este mes.
Mientras, el matrimonio no sabe si al mayor de sus hijos, Nelson, de 12 años, se le permitirá terminar el semestre escolar en el colegio privado en el que está matriculado desde que Educación no pudo identificar una escuela pública que pudiera aten- derlo adecuadamente.
El niño tiene problemas específicos de aprendizaje y está matriculado en una institución privada ya que Educación no pudo identificar en una escuela pública un salón con una matrícula de menos de 15 estudiantes, que es el ambiente que los especialistas recomendaron para que el menor pueda aprender.
Se supone que la agencia le reembolse a la familia residente en Bayamón los costos de matrícula y mensualidades del colegio, lo que no ha hecho desde agosto, dijo Burgos.
“No sé ni qué voy a hacer. Estoy maniatada en no saber qué decisión vamos a tomar, si me resigno y no se les dan más los servicios o qué... Es bien difícil, es bien duro y es bien frustrante para uno como papá”, dijo Burgos, tras enumerar los avances que han tenido sus hijos con los tratamientos que recibían.
TOMAN ACCIÓN. Situaciones como estas provocaron que la representación legal en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez solicitara una moción de desacato ya que argumentó que el Gobierno incumplió con su deber de proveer servicios adecuados a la población de niños con impedimentos y condiciones de salud.
A finales de enero, el Departamento de Justicia -en representación de Educación- sostuvo que la petición no procedía ya que no se había dejado de dar servicios a los menores.
“Resulta importante destacar que al momento los proveedores de servicios no han cesado operaciones ni interrumpido la prestación de servicios”, lee una moción presentada por el Departamento de Justicia a nombre de Educación el pasado 25 de enero.
“Al momento, el DE no conoce de ningún especialista que haya cesado servicios por aparentes deudas o falta de pago por los servicios brindados”, añade el documento.
Para ese entonces, tanto Burgos como Juana Rodríguez sabían que sus
hijos se quedarían sin terapias ya que las patólogas del habla que trabajaban con ellos se habían orientado con la agencia sobre el proceso para suspender los servicios.
“Mi hijo estuvo cogiendo terapias del habla por Remedio Provisional desde el año pasado con una terapista con la que ya funcionaba, había confianza. Pero ella no estaba recibiendo sus pagos, por lo que tuvo que cerrar la oficina y dejar de atender niños”, relató Rodríguez, madre de un adolescente con autismo funcional.
Su hijo, Jemuel González, de 16 años, se quedó oficialmente sin terapia del habla y lenguaje el 29 de enero y ahora Rodríguez hizo las gestiones para que la reciba a través del Instituto Modelo de Enseñanza Individualizada (IMEI), la escuela especializada en la que estudia.
Dicho centro educativo también atravesó problemas con los pagos que debe recibir del Gobierno ya que gran parte de su matrícula pertenece a Educación Especial.
“Todo esto afecta a mi nene. No es la primera vez que tiene un cambia cambia de terapias. Esto se da cuando ya mi nene conoce a la terapista, ya funcionan y se da en un área donde su resistencia es mayor porque tiene problemas para comunicarse”, expresó Rodríguez.
Ayer, la jueza María Cabrera, del Tribunal de San Juan le ordenó a Educación entregar información detallada sobre la cantidad de proveedores a quienes se le adeuda dinero, los proveedores a los que se les ha pagado y la cantidad de estudiantes que se han visto afectados o que podrían afectarse por los problemas con los pagos, detalló el abogado de los demandantes, José Torres Va
lentín.
No obstante, Cabrera no dio paso a las mociones de desacato y rechazó citar a funcionarios de Educación y Hacienda, como solicitaba la parte demandante, indicó la abogada del Departamento de Justicia, Claudia
Juan .
“Evidentemente si un proveedor deja de dar un servicio es un problema, pero Educación sigue dando servicios porque lo ubica con otro proveedor”
CLAUDIA JUAN
Abogada de Justicia