Hay que cobrar las deudas millonarias
La revelación de que al menos la mitad de los 2.2 millones de conductores adeuda al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) más de $650 millones en multas de tránsito vencidas por los pasados 15 años es claro reflejo de la incapacidad del a
Estas deudas por cobrar retratan al DTOP como una agencia objeto de burla. Hay casos en los que un solo conductor debe multas por hasta $5,000. A los deudores solo se les obligaría a pagar cuando se someten al proceso de renovación de la licencia. Sin embargo, los casos de corrupción relacionados con la eliminación de multas de los sistemas de los Centros de Servicios al Conductor (CESCO) evidencian que el sistema de cobro, además de ineficiente, está lejos de ser confiable. Súmese a esta situación el hecho de que 132,072 personas manejan con la licencia vencida.
Esta incapacidad administrativa no se limita a las operaciones del DTOP. Padecen del mismo mal entidades públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), ejemplos de crasa negligencia en el cobro de deudas acumuladas.
Corporaciones públicas, agencias estatales y organismos federales adeudan a la AEE al menos $300 millones. Mientras, el CRIM tiene por cobrar cerca de $2,966 millones en contribuciones sobre la propiedad inmueble y otros $704 millones sobre la propiedad mueble, que se han acumulado por 42 años.
Paradógicamente, las mencionadas deudas por cobrar casi palidecen ante la millonaria cuantía a la que asciende la evasión contributiva en Puerto Rico, calculada en $2,000 millones en 2013.
Han sido pobres los frutos de las amnistías del Departamento de Hacienda que conceden incentivos tales como el relevo de pago de intereses, recargos y penalidades sobre las deudas por concepto de contribución sobre ingresos, con- tribución sobre caudales relictos y donaciones, Impuesto de Venta y Uso (IVU) y de retención en el origen de contribuciones sobre ingresos y arbitrios.
La incapacidad de Hacienda para acceder al dinero que necesita para su operación incide gravemente en los retrasos de sus pagos a suplidores –e incluso sobre los impagos de sus deudas con bonistas y otros acreedores– mientras de ordinario la agencia denuncia las enormes cantidades de dinero que dejan de recibir las arcas públicas como consecuencia de la evasión contributiva.
Es evidente que Hacienda carece de un mecanismo riguroso y permanente que obligue al cumplimiento de la ley y se haga sentir con toda su contundencia en los evasores. Para atajar la ineficiencia de su sistema de recaudos, que abona al desastre financiero del País, Hacienda está ahora embargando negocios que dejaron de depositar sumas cuantiosas del IVU cobrado a los consumidores.
Esta ineptitud es lo menos que Puerto Rico necesita ahora en medio de la sequía de las arcas públicas y de los retos de las obligaciones de cerca de $70,000 millones que el gobierno tiene con sus acreedores, que amenazan hasta la prestación de los servicios esenciales.
Este pobre desempeño es un argumento contundente para llevar a cabo la reestructuración que inyecte al gobierno la eficiencia que tanto necesita para allegar a la bolsa pública esos ingresos cuantiosos que siguen vergonzosamente en la calle.
El Estado tiene que descargar firmemente su responsabilidad de cobro, para así detener una práctica que a quien más afecta es al pueblo.