El ojo ciego del contrato de la CEE

Ante una deuda multibillonaria impagable, insuficiencia de recaudos, onerosas contribuciones e imperativos recortes a servicios públicos esenciales y entidades sin fines de lucro es incomprensible que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se obstine en implantar un escrutinio electrónico que excede los $38 millones e impacta presupuestos de dos futuras Asambleas Legislativas. Y Dominion, la empresa contratada para poner en marcha “el milagroso ojo lector”, debió medir el riesgo del impago. Todavía no ha cobrado los $8 millones correspondientes a diciembre y hace unos días retiró su personal técnico de la CEE. Se especula que está presta a demandar.

Aun así, cabe esperar que algunos funcionarios y partidos políticos presionen para justificar la continuidad del artilugio. Pero el gobernador y los legisladores, de existir verdadera empatía hacia el pueblo agobiado, podrían detenerlo y ordenar que las primarias y las elecciones se celebraran siguiendo el sistema tradicional de conteo manual, más económico y confiable para los electores y muy familiar para los funcionarios de colegios. Aunque hay poco tiempo para actuar, todavía es posible. Con las modificaciones de rigor, se reactivarían los protocolos usados en las pasadas elecciones.

El contrato con Dominion no comprometió la buena fe del gobierno del Estado Libre Asociado (ELA), ni su poder contributivo. La Legislatura puede terminarlo si no le asigna fondos a la CEE o resultan insuficientes (Cláusulas 4.11; 4.7). El Tribunal Supremo también podría vindicar el interés público e invalidar el contrato por oneroso y leonino, según se planteó en el caso de impugnación instado por la otra licitadora. Smartmatic cotizó por $17 millones menos servicios, equipos y máquinas más eficientes y modernas, pero fue descalificada aplicando un inusitado rigor administrativo (una demora de 15 minutos en un término no jurisdiccional).

El escrutinio electrónico se originó en la R.C. 249 del Senado basado en un supuesto consenso entre los partidos y la ciudadanía sobre la necesidad de proteger la certeza y exactitud del voto y conocer rápidamente los resultados. En realidad el consenso es partidista, e ignora décadas de eventos electorales que han garantizado en tiempo razonable la expresión fiel del pueblo en las urnas.

Se aduce que los lectores ópticos de 6,075 máquinas tienen la capacidad de leer, registrar y contar los votos de manera más rápida y segura. Dentro de la única caseta disponible “interactuarán” directamente con los electores. Las papeletas, con las instrucciones al dorso, serán depositadas en una urna adherida a la máquina que rechazará aquellas que tengan errores. Unos mensajes (22 en total) en una pequeña pantalla LCD y un tenue “beep” advertirán al elector, en español e inglés, que puede corregir por haber votado doble-partido, por más o menos candidatos o dejado en blanco la papeleta. Si el elector así lo deseara, tendría que salir de la caseta, acudir a los funcionarios del colegio, entregar la papeleta doblada, solicitar una nueva, regresar a la caseta y votar correctamente. Así los votos contarían. De lo contrario se consideraría que esa fue la intención del elector y los votos erróneos no serían válidos. (Antes un elector podía reclamar dos nuevas papeletas, ahora una).

El proceso suscita serios cuestionamientos. Si las máquinas no reprodujeran por audio ni documentaran contemporáneamente los mensajes de la pantalla, ¿existiría suficiente aviso? ¿Se configuraría un discrimen inconstitucional contra los electores que no saben leer? (Art. VI, Sec. 4). Los datos demográficos revelan que cientos de miles de electores pertenecen a generaciones no versadas en estas nuevas tecnologías. Y el trámite es más complejo que usar una tarjeta ATM.

El mecanismo de rechazo de la papeleta, la fugaz interacción del pito, los mensajes crípticos y el nerviosismo natural que generará en muchos electores requerirá más tiempo y podría obligar a un sector sustancial de ellos a buscar ayuda en los funcionarios de colegio. ¿Acaso no los expone a un mayor riesgo de perder la secretividad del voto? Para las personas ciegas e incapacitadas, las máquinas de Dominion no tienen integrados aditamentos especiales de sonidos, audífonos y teclado “braille”, entre otros. ¿Podría entonces la CEE pagar con los $3,000,000 de fondos federales de HAVA?

El contrato inscrito en la Oficina de la Contralor revela anomalías. Por la CEE compareció y firmó su presidenta, licenciada Liza M. García Vélez. Pero aunque informa que Dominion estuvo representada por su presidente, el Sr. John Poulos, inexplicablemente firmó otra persona. La enmienda, fechada 20 de noviembre de 2015, fue suscrita por García Vélez y la Sra. Penelope Starr, quien no aparece autorizada en la resolución corporativa.

Llama la atención que hasta que la CEE pague totalmente, Dominion retendrá el título de propiedad de las 6,075 máquinas. Como dueña absoluta, con acceso y control total, ¿dónde las almacenará después de las elecciones? ¿Qué medidas de seguridad adoptará? ¿Podrá usarlas en otros eventos electorales en Estados Unidos u otros países?

Otras cláusulas contrarias al interés público también son evidentes. ¿Por qué la CEE se obligó a pagar o reembolsar, aparte de $3,000.00 por gastos de inscripción del contrato, todas las contribuciones y derechos (“all taxes and fees”)? Dominion excluyó la programación indispensable para la interacción de las transmisiones de resultados encriptados y el sistema de divulgación de la CEE, lo que obligó a contratar a una empresa local para desarrollarla y suplirla a un costo aproximado de $400,000. Para el último año (2021), al advenir las máquinas propiedad de la CEE, ¿cuán obsoletas estarán? Para su modernización, ¿cuánto habrá que invertir?

Los $38 millones (más los $400,000 indicados), no incluyen los gastos extraordinarios para adquirir “cajas, urnas y papeletas especiales”; adiestrar funcionarios de la CEE y partidos políticos; contratar personal de apoyo técnico para atender las JIPs y otras eventualidades; y sufragar una campaña masiva de orientación sin precedentes, seis meses antes de las elecciones generales, para capacitar a un pueblo que desconoce el complicado sistema. Con todo respeto, tener los resultados del 95% de los colegios cerrados antes de transcurrir tres horas, ¿justifica la extravagancia de $12 millones la hora? O es que no hay peor contrato que el del ojo caprichoso que solo ve lo que quiere ver.

“El Tribunal Supremo también podría vindicar el interés público e invalidar el contrato por oneroso y leonino”