Lengua
Mayra Montero Antes que llegue el lunes
La Unidad de Investigación de este diario revelaba la semana pasada la total anarquía que existe con respecto a la regulación de los contratos que se otorgan en agencias del gobierno y alcaldías. En general, son contratos que se reparten sin cumplir con los requisitos, y sin ser reportados como se debe a la Oficina del Contralor.
El disloque se presta a todo tipo de trampas, y la contralora, Yesmín Valdivieso, se quejaba amargamente de que hay alcaldes que “no nos hacen caso”.
Eso no debe sorprender a nadie. A muchos alcaldes les basta con chantajear al Ejecutivo y a los legisladores mediante el argumento de que son capaces de movilizar a un alto número de votantes en contra de unos u otros. ¿Quién les va a llamar la atención o va a hacer nada para exigirles que cumplan con su deber?
Los reporteros que trabajaron en la investigación resaltaron las violaciones de ley de un alto número de funcionarios, e incluso su desdén por las autoridades a quienes deben responder. Antiguamente, la Oficina del Contralor tenía la posibilidad de sancionarlos mediante la Ley de Ética Gubernamental, pero ahora, con las enmiendas que le han hecho a esa medida, no hay mecanismo para llamarlos a capítulo y hacerlos pagar por sus corruptelas. En otras palabras, la impunidad es la estrella de Oriente del País.
Hace un año, en una audiencia de la Comisión de Hacienda del Senado en la que presuntamente buscaban el modo de reducir gastos, se supo que los procesos de adquisición de bienes y servicios en el gobierno andaban manga por hombro. En esa audiencia llegaron a la conclusión de que nadie cotejaba los números, ni supervisaba las transacciones, ni había prudencia alguna en la gestión de compra porque el gobierno lo pagaba todo incluso más caro. Nada ha cambiado desde entonces.
Si los municipios del País y las agencias del gobierno actuaran como una gran cooperativa, contratando y comprando a quién les ofrece una mejor oferta por volumen, a lo mejor las cosas no andarían tan mal ni la bancarrota sería tan ominosa. Pero organizarse de esa forma implicaría tener que obrar con transparencia, algo que no les conviene, qué les va a convenir. Lo que a ellos sí les conviene es repartir contratos a dedo, adquirir bienes sin rendir cuentas, y crear todo un círculo de gente que les colabore y les deba favores. El beneficio está en la anarquía.
Actualmente, la única manera de sofocar el daño es cortando el oxígeno. Ningún gobierno —ni el que se fue, ni el que está, ni el que viene— puede limpiar esto sin echarse en contra a una maquinaria pavorosa que tarde o temprano lo triturará.
No obstante, estamos muy cerca de esa etapa de inanición en que, si no hay dinero, no se podrán otorgar contratos, o tendrán que pasar por un cedazo fuerte.
Los municipios, les guste o no, van a tener que fusionarse y reducirse a una cuarta parte (y todavía son muchos), no porque lo decida la Legislatura, que no tiene coraje ni voluntad para decidir eso, sino porque se calcinarán en sí mismos, un doloroso proceso de combustión espontánea. Y digo doloroso porque la gente en esos pueblos lo resentirá. Ni siquiera se podrán explicar cómo llegaron hasta allí. Fueron engañados por sus alcaldes, utilizados en las campañas políticas, atontados por la gritería partidista.
La corrupción ha sido avasalladora, y ya funciona yo creo que por inercia. Eso es lo que se desprende del caso del “cartel del petróleo” en la AEE. Se iban y venían gobernadores, juntas de gobierno y directores ejecutivos, pero los cuadros medios de la Oficina de Compra de Combustible eran inamovibles, mantuvieron un bajo perfil y resistieron ciclones y epidemias.
Que, ahora que digo epidemias, no quisiera terminar este escrito sin referirme a otros contratistas contagiosos: los comisionados electorales del País, que según una noticia publicada el pasado miércoles, están descontentos con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Liza García, y creo que tratan de destronarla. Eso es como un club privado donde la cúpula se hace trizas y luego se reconcilia. El único problemita que le veo a esas peleas matrimoniales, es que se supone que se celebren elecciones en noviembre y me parece que no andan muy enfocados.
Es aberrante que los representantes de los partidos políticos sean la autoridad máxima de la institución de la que depende la transparencia y buen funcionamiento de la maquinaria electoral. A medida que vayan escaseando los millones (como cuando en la selva escasea la comida), surgirán más tensiones y peleas entre ellos. No sé por qué tengo el presentimiento de que están a punto de dar el espectáculo.
El Congreso de la Lengua empieza esta semana. Antes de que se agarren por los pelos, esperen a que se vaya la visita.
Si los municipios del País y las agencias del gobierno actuaran como una gran cooperativa, contratando y comprando a quién les ofrece una mejor oferta por volumen, a lo mejor las cosas no andarían tan mal ni la bancarrota sería tan ominosa.