Demandarían a Agricultura federal por la incineradora
Comunidades entienden que es “deficiente” el análisis sobre el impacto a las especies en peligro
Las comunidades opuestas a la incineradora en Arecibo, a través del bufete Earthjustice, sometieron una intención de demanda contra el Servicio de Utilidades Rurales del Departamento de Agricultura Federal (USDA-RUS), por entender que su análisis del impacto que la planta tendría sobre las especies en peligro de extinción es “deficiente”.
La demanda, que se sometería en la jurisdicción federal, sería por violaciones a la Ley de Aire Limpio ( Clean Air
Act ) y la Ley de Especies en Peligro de Extinción ( Endangered Species Act).
Earthjustice publicó en su blog que la incineradora “representa una amenaza para la biodiversidad de Arecibo”, donde coexisten el Bosque Estatal
de Río Abajo y la Reserva Natural Caño Tiburones.
Ambos ecosistemas, agregó el bufete, albergan al menos diez especies amenazadas o en peligro de extinción, incluyendo la cotorra puertorriqueña, el sapo concho y la boa puertorriqueña, entre otras.
Según Earthjustice, cuando Energy Answers preparó la Declaración de Impacto Ambiental Federal como parte de su solicitud de financiamiento al USDA-RUS, “no consideró” el impacto de la incineradora sobre las especies que viven fuera del perímetro inmediato del proyecto.
“Pero emisiones tóxicas viajarían mucho más allá de la huella inmediata de la incineradora y supondrían un riesgo para la vida silvestre en los bosques y áreas de conservación en la región”, planteó el bufete.
Advirtió, además, que la intención de Energy Answers de extraer 2.1 millones de galones de agua diarios del Caño Tiburones “causaría daños irreversibles al humedal por alterar su equilibrio natural”.
Jonathan Smith, abogado de Ear-
thjustice, dijo en el blog que el USDA-RUS “no ha mirado de manera adecuada” el impacto de la incineradora a las especies, por lo que urgió a la agencia a realizar una nueva consulta “que cumpla con todos los requisitos de la ley”.
Sobre este asunto, Mark Green, gerente de la incineradora, se limitó ayer a decir por escrito que “estamos confiados en que hemos seguido y cumplido con todas las reglas y reglamentaciones aplicables”.
“FRAGILIDAD”. De otra parte, los portavoces de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración celebraron la declaración de nulidad del permiso de construcción de la incineradora que Energy Answers pretende construir en el área de Fairfield en Baltimore, Maryland.
El pasado 17 de marzo, el Departamento del Medio Ambiente de Maryland determinó que el permiso ya no era válido y había expirado, porque no había habido ninguna actividad de construcción desde octubre de 2013, según reportaron los diarios The Bal
timore Sun y Capital Gazette. “El hecho de que Energy Answers no pudiera empezar la construcción en Baltimore a pesar de tener todos los endosos, revela la fragilidad financiera de la compañía. Esa misma fragilidad ha quedado demostrada aquí, pues en principio dijeron que el proyecto sería financiado privadamente y luego sometieron una solicitud de ayuda económica ante el USDA-RUS”, indicó Ángel González.
“Esto también nos revela la capacidad de mentir que tiene la compañía. Así como engañaron al estado de Maryland pueden estar engañando al gobierno de Puerto Rico”, agregó, por su parte, Myrna Conty.
La gerencia de la incineradora de Arecibo refirió la reacción de este tema a las oficinas de Energy Answers en los Estados Unidos.
“Esto es una victoria bien grande para las comunidades, tanto en Baltimore como aquí en la Isla”
MYRNA CONTY Portavoz de la Coalición de Organizaciones Anti-Incineración